Por: Camilo Andrés Maldonado Bautista/ En décadas anteriores o mejor dicho antes de la nueva constitución de 1991 los mecanismos de defensa jurídica e interpretación de las leyes, única y exclusivamente lo entendían los profesionales en Derecho, el resto de mortales nos considerábamos unos analfabetas en terminología y procedimientos de acceso a la justicia. La historia tomó un positivo giro al introducir en la nueva constitución un artículo en el cual se creó una extraordinaria herramienta con el objeto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los colombianos: La Tutela.
Desde su creación, se convirtió en la más importante arma jurídica como una acción de defensa más efectiva eficaz y popular que se ejerce frente a la violación de un derecho fundamental por parte de autoridades administrativas o judiciales o particulares, que no demanda mayores consideraciones de carácter técnico y puede ser invocada por un ciudadano sin la necesidad de ser asistido por un profesional del derecho.
Una vez se reglamenta la tutela, se acudió a este amparo para hacer cumplir nuestros derechos, en campos como la vida y dignidad humana, la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la igualdad, la libertad sin interesar el origen, raza, sexo, ideología política o estrato social. La Tutela es un gran avance del derecho y nos pertenece a de todos.
Para garantizar el ordenamiento jurídico y la integridad de nuestra Constitución Política, se crea la Corte Constitucional, con la función primordial de asegurar el imperio y desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho; la efectiva protección de los derechos fundamentales, en especial la revisión de los fallos de tutela. Esta gran Corte, en sus principios dirigida por eminentes juristas de la formación ética, moral e intelectual a toda prueba como los magistrados Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Eduardo Cifuentes Muñoz, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto y el Santandereano Nilson Pinilla Pinilla, y otros, quienes con sus valiosos estudios jurídicos desarrollaron importantísima jurisprudencia constitucional. Moldeando un cambio político y social, siempre garantizando el Estado Social de Derecho. Lamentablemente, en los últimos tiempos y por influencias politiqueras, dejaron ingresar personajes siniestros y oscuros que laceraron el buen nombre y la dignidad de esta respetable Corte.
Según datos suministrados por la rama judicial, en los 26 años que lleva en vigencia, en juzgados, tribunales y altas cortes se han presentado 7 millones de tutelas en las que los ciudadanos solicitan el amparo de sus derechos fundamentales, en el año 2017 se radicaron más de 600 mil.
Por esto son millones de colombianos, que han acudido a la tutela, protegidos por una Corte Constitucional de avanzada y garante de estos derechos, y han ganado innumerables batallas frente a los grandes intereses económicos, fallos y actuaciones injustas o arbitrarias de autoridades administrativas o judiciales que iban en detrimento de los intereses y derechos de los menos favorecidos, que en efecto, somos la gran mayoría de ciudadanos.
Estas victorias de la tutela, por supuesto, han levantado la ampollita y creado detracciones, arremetidas y proposiciones de quienes pretenden acabar o restringir a la tutela; por ejemplo, el gobierno presentó un proyecto de reforma a la justicia, que incluye ajustes y limitaciones a la acción de tutela, frente a lo cual, algunos magistrados han conceptualizado que esta reforma implicaría un grave recorte a la tutela, teniendo en cuenta que esta acción constitucional es el instrumento más importante para defender los derechos fundamentales de los colombianos.
Para justificar su restricción, se argumenta que algunos ciudadanos han abusado de la tutela, frente a los cual, el mismo Presidente de la Corte Constitucional desestimó esos argumentos, informando que la gran mayoría de las tutelas han prosperado por estar asistidos de la razón y el derecho y los casos de abusos de accionantes son muy excepcionales. Que la razón no es el gran número de tutelas, sino el mal servicio de salud prestado a los usuarios por el sistema, que no dejar otra alternativa a sus menesterosos usuarios que acudir a la acción de tutela y hasta al desacato para que se les obligue a prestar los servicios y tratamientos requeridos por los pacientes.
Y, tampoco la tutela es responsable de la congestión judicial e impunidad imperantes, sino la falta de presupuesto y reformas estructurales que permitan designar más jueces y fiscales, para lograr una administración de judicial eficiente y eficaz. La corrupción no es culpa de la tutela, las fallas del sistema jurídico no son culpa de la tutela, sino de los operadores judiciales o administrativos que cometen errores de procedimiento o actos arbitrarios e injustos.
Por todo ello, tenemos el deber moral y ciudadano, de conformar un Frente Cívico que luche por impedir el cercenamiento de ésta poderosa herramienta constitucional y defender la Tutela y proteger así lo que ella ha protegido durante todos estos años: nuestros verdaderos y fundamentales derechos Constitucionales.
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