En medio del debate de control político al MinTIC, el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Julián López, evidenció retrasos e incumplimientos en los dos contratos del proyecto Centros Digitales. De acuerdo con el congresista a la fecha solo se ha avanzado en el 10,77% de la operación de este proyecto que busca garantizar la prestación gratuita del servicio de Internet en 14.745 comunidades rurales de los 32 departamentos del país hasta el año 2031.
El caso más grave tiene que ver con el contrato 1042 de 2020, adjudicado hace dos años a Claro S.A, por un valor de $1,065 billones de pesos y el cual al día de hoy presenta un avance de tan solo el 20%, de acuerdo al informe de interventoría.
“Este contrato inició el 28 de diciembre de 2020 para instalar 7.468 Centros Digitales en 534 municipios del país, lamentable que después de dos años únicamente estén operando 1.515 Centros Digitales”, aseveró el representante López.
Así mismo, reveló que el interventor del contrato le impuso a Claro S.A una cláusula por posible incumplimiento de $49 mil millones de pesos. “Estamos ante un posible caso de Centros Poblados II, una pesadilla sin fin”, expresó el congresista, quién hizo un llamado urgente a Claro S.A para que le cumpla a los colombianos y de igual forma invitó al Ministerio de las TIC para acelerar la ejecución del contrato.
De otra parte, prendió las alarmas frente al otro contrato del proyecto Centros Digitales, a cargo de la Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada por un valor de $1.072 billones de pesos y con el cual se busca la conexión de 6.589 puntos en 567 municipios de Colombia.
“En este segundo contrato 749 de 2022, ya se han desembolsado $70 mil millones de pesos de anticipos y ETB dice que ya tiene 1.670 Centros Digitales. Sin embargo, 1.557 están en revisión final y los restantes en proceso de entrega”, afirmó el Representante del Valle del Cauca.
Conclusiones del debate
Las cinco conclusiones del debate de control político que se desarrolló en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y en los cuales se le debe poner lupa, a juicio del congresista López son:
-“El incumplimiento del contratista Comcel S.A. (Claro) al que se le adjudicó la Región A del Proyecto Centros Digitales y los incumplimientos de las metas en los grupos 1A y 1B que se evidenciaron en el informe que remitió el Ministerio sobre el cronograma del contrato suscrito con la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada al que se le adjudicó la Región B del Proyecto Centros Digitales, luego de que el primer contratista que fue Centros Poblados, estuviera en el ojo del huracán por la pérdida de $70.000 millones”.
-“La razón de la respuesta amañada que entregó el Ministerio a los interrogantes formulados en el cuestionario bajo el que se convocó el debate, pues se omitió información, no se dieron respuestas claras, e incluso parecía que fuera un escrito de defensa de los contratistas: fue elaborado, revisado y firmado por funcionarios del gobierno anterior, ratificados en este gobierno, que han manejado la información y el trámite del proyecto Centros Digitales de manera sesgada a favor de los contratistas; y que además, son los mismos que elaboran, revisan y firman las resoluciones que recalculan a la baja el valor del espectro para Comcel S.A. (Claro) y Telefónica”.
-“El alto costo del contrato de interventoría en proporción al corto tiempo de duración estipulado: $9.221 millones por 6 meses, comparado con el anterior contrato de interventoría por un valor de $8.000 millones durante 18 meses”.
-“La recomendación de la interventoría de aplicar la cláusula penal por incumplimiento del contrato del Ministerio con Comcel S.A. (Claro) por $49.000 millones de pesos que el Ministerio no se ha atrevido a hacer efectiva”.
-“La contratación de una persona natural por la suma de $1.948 millones, bajo el objeto de prestar soporte-jurídico-legal especializado en la definición de la estrategia procesal para los conflictos derivados del contrato de aporte 1043 celebrado con UT Centros Poblados y representar al Ministerio, cuando para eso está la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”.
