Por: Julián Silva Cala/ Por más acostumbrados que estemos a las crisis institucionales que con excesiva frecuencia se presentan en nuestro país, al compás de siempre crecientes escándalos de corrupción, no puede dejar de asombrarnos la que actualmente atraviesa la justicia colombiana por cuenta del fiscal general. Imposible no compungirse con la muerte de dos miembros de una misma familia, acosados por un sistema que persigue a quien osa desafiar su poder corruptor con gestos de valiente honestidad. Imposible no indignarse con el cinismo que exhibe el fiscal general ante las cámaras intentando defender lo indefensible. Imposible no desconfiar de la capacidad del Estado para proveer justicia a sus ciudadanos cuando la cabeza de la Fiscalía General de la Nación no ofrece las garantías necesarias para asegurar el rigor y la imparcialidad en sus investigaciones.

La evidente cercanía del fiscal con Corficolombiana y el papel de ésta en la estructuración del proyecto de navegabilidad del río Magdalena para Navelena, cuya participación mayoritaria detenta Odebrecht, debió bastar para que ni siquiera fuera considerado en la terna, habida cuenta de la captura del líder del grupo brasilero y el ventilador que se encendía por toda América Latina. Conocido el escándalo en Colombia y sus implicaciones, las investigaciones no han avanzado al ritmo que se esperaría y los resultados son más bien lánguidos en comparación con los de otros países de la región.

Como si esto no fuere ya suficiente para cuestionar la idoneidad y solvencia moral de Martínez para ocupar un cargo de tal importancia como la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en un patético acto en el que exhibía su teléfono celular en plena entrevista queriendo resaltar su probidad, recibió una llamada de un cuestionado personaje, cuyo contacto estaba almacenado en su teléfono personal. Este hecho habría pasado desapercibido, de no ser porque días después su maltrecha estrategia de defensa se convirtió en un ataque soterrado a los medios de comunicación y a los periodistas que se atrevieron a revelar las grabaciones en las que se escucha al hoy fiscal reír a carcajadas ante las denuncias del controller Pizano (qepd).

Hoy sabemos que el fiscal general conoció hace años serias denuncias que relacionaban empresas que había asesorado con actos de corrupción. Hoy sabemos que un hombre correcto le confió a su amigo personal, que habría de convertirse luego en fiscal general, los hallazgos de una investigación desarrollada en el marco de sus obligaciones contractuales. Hoy sabemos que a ese hombre correcto no le pararon bolas y el propio fiscal le sugirió quedarse callado. Hoy sabemos que ese hombre y su hijo están muertos. Hoy sabemos que la Fiscalía no puede llevar a cabo las investigaciones sobre estas muertes sin que se cierna un manto de duda sobre sus actuaciones.

La reprochable conducta de la cabeza de la Fiscalía General de la Nación se convierte en otro asalto a la confianza de los colombianos en la Rama Judicial, seriamente desprestigiada por el evidente manoseo de la politiquería en éste y otros casos recientes. El fiscal general debe reconocer su grave conflicto de intereses y renunciar para evitarle más daño a un país hastiado de mentira y corrupción.

Twitter: @JulianSilvaCala

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