Por: Leonardo Granados/ En Colombia no desfallecemos en medir el índice de transparencia de las entidades del Estado como ejercicio de control social que identifica los espacios donde los débiles diseños institucionales le dejan espacio a la corrupción. Los resultados siguen siendo malos, dice Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia.
La corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. El Índice de Percepción de Corrupción 2016 (IPC), de la Agencia para la Transparencia Internacional – que califica de 0 (Muy Corrupto) a 100 (Muy Transparente) de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 175 países y territorios evaluados– Colombia en ese estudio obtuvo una calificación de 37 puntos, muy por debajo del promedio global que es de 43 puntos, convirtiéndonos en uno de los países más corruptos del mundo. El país se ubica en el puesto 98 a nivel mundial, teniendo como base que Nueva Zelanda y Dinamarca están en el puesto 1 como los países menos corruptos del planeta.
Se estima que el costo anual de la corrupción en Colombia es de más de 50 billones de pesos; aproximadamente 17 mil millones de dólares anuales, representando el 5% del PIB y el 21% del presupuesto nacional.
Pues bien, siendo este el cáncer de nuestro país, Santander es un departamento que ha sido víctima de este problema cultural y Barrancabermeja ocupa un lugar muy negativo en este flagelo, su reciente alcalde elegido por voto popular, Darío Echeverri, quien fue capturado este año por la Fiscalía y a quien le imputó los delitos de perturbación del certamen electoral, concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante, fruto de interceptaciones telefónicas.
A su vez, el 19 de junio del presente año, ante un juez de garantías se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde Echeverri, por el caso de los llamados ‘niños fantasmas’. Este escándalo explotó en enero de 2018. En esa fecha se conoció la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Desarrollo y la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia, Fundesocol.
Sin embargo, de forma paralela a la Fiscalía, la Procuraduría inicio dos investigaciones disciplinarias por las conductas gravísimas del mandatario y aunque han pasado 10 meses en promedio, no ha pasado nada en el Ministerio Público, allá existe un silencio que preocupa, la lentitud de este órgano de control para ordenar la suspensión del exalcalde y los resultados ante las pruebas tan evidentes de conocimiento público, pero como es liberal, al parecer tiene corona.
Lo de Echeverri no es el único caso que pasa de bajo perfil con graves conductas, recordemos que el señor Elkin Bueno Altahona, quien ejerció como mandatario entre 2012 y 2015, tuvo que lidiar con los impactos negativos de la ola invernal más severa de la historia de Barrancabermeja. Este mandatario le dio la espalda a los damnificados de los barrios de la comuna uno (ribera del rio), pero que se extendió a la comuna tres, a barrios como fueron Coviba, Santa Isabel, 20 de Enero, entre otros. Para resumir, en total fueron 2.072 familias afectadas que perdieron sus enseres, que derramaron lágrimas de sufrimiento al vivir uno de los diciembres más duros de la historia.
Con ocasión de esa ola invernal, el Presidente Santos ordenó mediante decreto una compensación de $1.500.000 pesos, para cada familia damnificada, pero para acceder a dicho beneficio, Bueno Altahona debía remitir las actas de víctimas firmadas por él, para que las 2.072 familias recibieran la compensación, sin embargo, como ya es común de dicho mandatario, dejó pasar el término en dos ocasiones y cuando se hizo la solicitud de pago del subsidio para las familias por parte de los abogados, la respuesta del director Nacional para la Gestión del Riesgo fue que se negaba el pago de $3.108 millones a las 2.072 familias por que el entonces alcalde no había remitido las planillas, es decir, como eso no les representaba económicamente nada para su propio bolsillo, las familia más pobres perdieron la oportunidad del subsidio, ante lo cual interpuse queja disciplinaria por omisión al deber funcional y configurarse una falta grave. Han transcurrido dos años y no pasó nada con semejante situación. Vuelve y juega, la Procuraduría brilló por su ausencia.
Pero el pasado 29 de noviembre, después que se difundió un video en el cual se ve al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, golpear al concejal John Claro, en medio de una discusión, la Procuraduría suspendió por tres meses al mandatario, en tan solo 15 horas después del hecho. Se demostró que los liberales –presuntamente- mandan en la Procuraduría. Además de esta sanción disciplinaria, Hernández podría enfrentar un proceso penal, pues el concejal Claro aseguró que lo denunciará ante la Fiscalía por lesiones personales. En efecto no hubo lesiones, pero como el alcalde ha luchado contra la corrupción y es independiente, se vio la súper potestad sancionatoria, el record en sancionar a un funcionario público en los 200 años de historia y aunque los audios de Darío Echeverri son más graves, no movieron a ‘flasprocurador’, pero a quienes luchan contra la corrupción no se les apoya, solo se les destruye, no existe equilibrio de poderes en una democracia y que refleje la ética en lo público.
Se le está haciendo apología a las conductas políticamente incorrectas.
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