Una grave denuncia realizó la representante Katerine Miranda de la Alianza Verde quien aseguró que el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley que busca crear fuertes sanciones para los productores y comerciantes de pólvora que no reúnan las condiciones de ley, ha tenido un fuerte lobby para su hundimiento.
La congresista señaló a diez congresistas que fueron financiados durante su campaña política por el gremio polvorero. A su juicio, esa condición no estaría permitiendo el normal trámite del proyecto de ley que crea sanciones para quienes comercien, fabriquen y transporten pólvora sin los requisitos profesionales.
«En el Congreso pasa algo muy grave. Los gremios polvoreros financiaron políticos en las campañas. Hoy en día yo tengo ese inconveniente en el Congreso de la República porque muchas personas saben que es absolutamente conveniente y necesario el proyecto pero como muchos políticos han sido financiados por el gremio se abstienen de votar o le ponen trabas a la iniciativa», afirmó.
La iniciativa indica que las sanciones para quienes infrinjan la norma van desde 80 a 200 salarios mínimos legales vigentes.
«Toda persona natural o jurídica, que sin cumplir los requisitos legales descritos en la presente ley manipule, use, fabrique, almacene, transporte o comercialice pólvora, será sancionada con medida correctiva de carácter pecuniario entre ochenta (80) a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Vigentes, equivalentes a entre 66 y 165 millones de pesos», indica el proyecto de ley.
Según el proyecto, «quedan excluidos de esta ley las personas naturales, jurídicas y extranjeras de derecho privado o público que cumplan con los requisitos para el uso profesional de la pólvora y productos pirotécnicos establecidos en las diferentes categorías de la pólvora por el artículo 4 ° de la ley 670 del 2001».
