Los ataques de un grupo criminal en ciudades del noreste de Brasil continuaron por tercera noche consecutiva con incendios de vehículos, oficinas públicas y comercios, pese al despliegue reforzado de las fuerzas de seguridad, informaron el jueves las autoridades.
Imágenes difundidas por la prensa y redes sociales mostraron escenas de autobuses y edificios en llamas en nueve ciudades del estado de Rio Grande do Norte, incluida la capital, Natal.
«Nunca en mi vida había visto lo que está pasando. Salimos a trabajar (…) y nos encontramos con una situación así. Es muy triste», dijo a la AFP Reinaldo Silva, un albañil que vive en Natal.
Un total de 28 centros urbanos fueron blanco de disturbios desde el martes. Según las autoridades, se trata de una respuesta de un grupo criminal al endurecimiento de las medidas de control dentro de las prisiones.
La violencia es incesante pese a la llegada desde el miércoles de unos 220 policías federales, cuyo número podría multiplicarse hasta 800 si fuera necesario, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, en una entrevista con ‘CNN’.
«No vamos a permitir que territorios sean entregados a prácticas criminales», indicó.
Por otro lado, la gobernadora de Río Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunció la creación de un gabinete de crisis formado con jefes de los poderes locales.
Hasta el momento, el presidente izquierdista Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, del mismo Partido de los Trabajadores que Bezerra, no se ha manifestado sobre la crisis.
Los desmanes han dejado hasta ahora dos muertos y dos heridos, sin nuevos registros en los incidentes de la madrugada del jueves.
En Natal, fueron incendiados un galpón de una empresa recolectora de basura, un supermercado y una gasolinera, y fue atacada una estación de tren, según el sitio de noticias G1.
Hasta ahora, 67 personas fueron detenidas, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (Sesed).
Además, fueron incautadas 17 armas de fuego, 50 artefactos explosivos, 22 galones de gasolina, vehículos, municiones y dinero, entre otros, detalló la Sesed.
Según las autoridades, los ataques son orquestados desde el interior de las prisiones, donde los presos protestan por las condiciones de vida, con reclamos como televisores y visitas privadas.
Organismos de derechos humanos denuncian que no se respetan las condiciones mínimas a las que los presos tienen derecho.
El gobierno anunció el miércoles el envío a Río Grande do Norte de una fuerza federal de agentes penitenciarios para coordinar la «vigilancia y custodia de presos».
Sin embargo, «dentro de las unidades, la situación está bajo control. No hay ningún motín, ni tentativa de fuga, nada fuera de lo normal», señaló la Secretaría de Administración Penitenciaria del estado (SEAP).
