Siete de los presuntos integrantes de la organización criminal fueron capturados y judicializados por delitos como trata de personas, concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
El trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional puso en evidencia a un ‘clan familiar’ que sería el responsable de captar jóvenes en Manizales (Caldas); y, con falsas expectativas laborales, las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente.
La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad. Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban los tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá; y, posteriormente, a Chile donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco.
A las mujeres, presuntamente, les fijaban una deuda que iniciaba en cinco millones de pesos, que correspondería a los gastos de los pasajes aéreos; pero que iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales.
En el curso del proceso se obtuvieron 350 audios que permitieron detectar el entramado criminal. Asimismo, fueron acreditadas 27 víctimas, cuatro de ellas entregaron sus testimonios e indicaron que permanecieron encerradas en inmuebles, hacinadas en una pequeña habitación en medio de precarias condiciones de salubridad que atentaban contra su dignidad personal. En esos mismos recintos habrían sido obligadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban, a través de dos sitios web.
De igual manera, las jóvenes afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas.
La Fiscalía recopiló abundante evidencia que da cuenta de que esta organización en 2019, al parecer, giró sistemáticamente de Chile a sus contactos en Colombia los dineros que recibía por las actividades de explotación sexual, y así cubrir los gastos para ubicar a más jóvenes en el Eje Cafetero y moverlas al exterior.
Captura y judicialización
Siete personas que harían parte de la red, cinco de ellas integrantes de una misma familia, fueron capturadas en Manizales y Bogotá. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos las presentaron ante jueces de control de garantías y les imputaron distintos delitos según el posible rol que cumplieron.
Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad. Los afectados con la decisión son:
Beatriz Elena Marín González, alias Betty, presunta articuladora y encargada de la captación y traslado de las víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas y lavado de activos.
Martha Yolanda Marín González, quien sería la responsable de recoger las jóvenes en Manizales y acompañarlas a Chile, donde también asumía la administración de los inmuebles en los que permanecían las víctimas. Fue imputada por los delitos de tortura, trata de personas y lavado de activos.
María Lucena González Ríos, madre de las presuntas cabecillas, señalada de recibir giros de Chile y distribuirlos entre los demás integrantes del ‘clan’ para ubicar más víctimas. Fue imputada por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
Cristian Javier Marín González, hijo de ‘Betty’ y posible encargado de la selección y traslado de las mujeres; y de recibir giros de Chile. Fue imputado por los delitos de trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir.
Jorge Eliécer García Pineda, esposo de Martha Yolanda Marín. Estaría involucrado en la recepción de dinero de Chile y de darle apariencia de legalidad. Fue imputado por el delito de lavado de activos.
William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas. Esta pareja de esposos, conocida como ‘Los Rolos’, sería la responsable de comprar los tiquetes aéreos para trasladar a las jóvenes. La Fiscalía les imputó los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Adicionalmente, al hombre le fue formulado el cargo lavado de activos.
Informó la Fiscalía General de la Nación.
