Al tratarse de una operación de crédito público internacional, requirió el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación y la autorización del Ministerio de Hacienda. Los recursos se traducirán en más calidad de vida de las comunidades a través de la prestación eficiente de servicios públicos, el desarrollo de los territorios y el cuidado ambiental.
El pasado 16 de marzo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) concedió un préstamo por un valor de 180 millones de euros a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para financiar su Plan de Inversiones, principalmente en proyectos de Agua, Saneamiento y Energía.
La transacción inició negociaciones en noviembre de 2021, pero de acuerdo con María Lucía Amador, directora del área de Infraestructura, Transporte y Financiación de Mendoza Abogados, “debido a los constantes cambios en el mercado financiero, la volatilidad de las tasas de interés y el cambio de gobierno hubo varios períodos de suspensión, que permitieron finalmente que ambas partes pudieran alcanzar escenarios cómodos que dieran respuesta a sus necesidades”.
Agregó que, “esto implicó un constante proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y debido al paso del tiempo se requirió un riguroso análisis sobre la vigencia y validez de los conceptos del DNP requeridos para obtener la autorización del Ministerio”.
AFD fue asistida legalmente por Mendoza Abogados en relación con la negociación del contrato de crédito con EPM y en los procesos necesarios para la obtención de las autorizaciones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Con los recursos de este crédito, EPM estará invirtiendo en su programa de agua limpia, en proyectos de generación de energía fotovoltaica, en el mejoramiento de la eficiencia energética en redes de transmisión y distribución, en la descontaminación del río Medellín, y en la electrificación rural y alumbrado público, entre otros. Así, esta transacción tiene un alto impacto social, pues busca transformar y mejorar la vida de las comunidades a través de la prestación eficiente de servicios públicos, el desarrollo de los territorios y el cuidado ambiental.
Al tratarse de una operación de crédito público externa, contó con el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Con solo cinco años en el mercado colombiano, Mendoza se ha convertido en una de las firmas de abogados en el mercado más especializadas en operaciones de crédito público, particularmente aquellas que buscan la financiación de políticas, programas y proyectos que mejoran la calidad de vida de las poblaciones en el país”, concluye María Lucía Amador.
