La comunidad señala que el conflicto armado interno y la falta de recursos como educación y salud son parte de las causas. Piden acompañamiento del Gobierno.
La comunidad indígena embera en el departamento del Chocó, denuncia que 17 de sus jóvenes se han suicidado en estos primeros cuatro meses del año. Dicen que el conflicto armado interno y la falta de recursos como educación y salud son parte de las causas y piden acompañamiento del Gobierno Nacional.
Esta población señala que sus prácticas ancestrales y su forma de vida se han visto afectadas por la presencia de los actores armados ilegales y el conflicto armado.
“Tenemos en ayuda de los compañeros jóvenes de territorio, registrados 17 casos de suicidio que se han presentado en los 4 meses que llevamos del año”, señaló Ilsa Banuvi Caizamo, integrante de la comunidad indígena embera.
Se trata de jóvenes entre los 12 y los 28 años que según las denuncias tomaron esta decisión a raíz de varios factores. “En el tema del conflicto armado tenemos reclutamiento de nuestros jóvenes, tenemos amenazas, confinamiento, desplazamiento de las poblaciones indígenas y a esto también se le suma la crisis humanitaria”, destacó.
Son conscientes de la crisis y desde la propia comunidad implementaron espacios para orientar a los jóvenes con enfoques culturales que los alienten a continuar con sus vidas y para esta tarea, solicitan urgentemente la ayuda del Gobierno Nacional.
“Que se nos garantice un espacio físico donde los jóvenes puedan sentirse seguros, un espacio propio con acompañamiento psicosocial permanente”, explicó la integrante de la comunidad indígena.
La situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que hizo un llamado a acompañar a los indígenas. “Le pedimos al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Chocó, a las alcaldías municipales y a todos los entes con competencia para casos de esta naturaleza que establezcan programas de atención y se movilicen hasta los territorios afectados”, dijo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
El defensor agregó que el Estado está en la obligación de proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la población.
