Los mismos que hoy condenan y celebran la sanción que impone la Procuraduría en contra de Rodolfo Hernández, hoy también impulsan, adulan y dan por gobernador a otro que hasta hace unos pocos meses, se encontraba también destituido.
Por: Ramón Sandoval Rodríguez/ Recientemente el escenario político en Santander se estremeció por cuenta de un fallo de la Procuraduría General de la Nación, que destituyó, e inhabilitó por 14 años, al excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, el Ingeniero Rodolfo Hernández, por cuenta de un proceso que tenía en curso, de nombre, “Vitalogic”.
Aunque el Ingeniero en mención apeló esa decisión disciplinaria, y de paso anunció que iría con toda por la Gobernación de Santander, hay que tener en cuenta algunas versiones periodísticas sobre esa sanción por parte de la Procuraduría.
Un nutrido grupo de comunicadores celebraron con bombos y platillos la misma, además de calificarla como de histórica para el departamento de Santander, argumentando también que la justicia cojea, pero llega, resaltando desde luego el castigo que debe recibir un político cuando se ve inmerso en graves hechos de corrupción, tal como fue el caso del Ingeniero Rodolfo Hernández.
Pero curiosamente los mismos que hoy condenan y celebran la sanción que impone la Procuraduría en contra de Rodolfo Hernández, hoy también impulsan, adulan y dan por gobernador a otro que hasta hace unos pocos meses, se encontraba también destituido, e inhabilitado por el mismo ente de control y, también por un presunto delito de corrupción. “Dos fallos idénticos y dos diferentes versiones periodísticas”.
No sé si las cuantías de los contratos en estos dos casos diferentes, puedan determinar si un delito es más grave que el otro; hablo en términos comparativos; o si por el contrario un acto corrupto es igual a cualquier otro, aquí, o en Cafarnaúm.
Porque si las cuantías de los contratos determinaran la gravedad del delito, el que saldría mejor librado sin lugar a la menor duda, sería el Ingeniero Rodolfo Hernández, ya que, aunque el Contrato Vitalogic era cercano a un billón de pesos, dicho contrato no se llevó a cabo, luego no hubo ningún daño fiscal; aunque con esto no estoy afirmando si es, o no responsable por ese hecho; esa decisión no nos corresponde a los periodistas. Mientras los pequeños contratos adjudicados presuntamente a dedo por parte del hoy adulado, si se ejecutaron y dieron motivo a la sanción impuesta por el mismo ente de control en ese momento.
Mi intención en esta columna no es la de condenar a uno, o eximir a otro, no. Mi intención está centrada más en el pensamiento y el actuar periodístico en estos dos casos, teniendo en cuenta algo que poco se ve hoy en el periodismo actual y es la objetividad y la busca incansable de la verdad.
No sería mejor que desde nuestros estrados lo que deberíamos estar es recordándole a quienes nos debemos; nuestros lectores, oyentes, o televidentes, quienes son los aspirantes a ocupar esos altos cargos de elección popular, cuál es su preparación académica, su conocimiento de la cosa pública, sus propuestas en pro de la comunidad, pero, eso sí, sin omitir nunca que vienen de una sanción impuesta por un ente de control, que los destituyó, e inhabilitó, por el delito que fuere, y por supuesto por la cantidad de años que acarreó su sanción.
No sería mucho más seria y decente nuestra actuación en este sector periodístico frente a quienes nos debemos, si todos manejáramos el mismo idioma y si utilizáramos el mismo martillo para condenar, o exaltar y adular a los diferentes candidatos en contienda, no piensan que así quienes nos leen, nos escuchan, o nos ven, tendrán suficientes razones y motivos para tomar la mejor decisión, el día que en el cubículo se enfrenten a un tarjetón.
Ese podría ser mi aporte al periodismo de cara a lo que se nos avecina el próximo 29 de octubre, a ver si por fin podemos salir de ese letargo corrupto y criminal que ha venido experimentando nuestro país; y por supuesto nuestras regiones por muchas décadas.
Pienso que un fallo que destituya, e inhabilite a un político, no solo debe tener un tiempo determinado de sanción que determine una autoridad disciplinaria, debe además poseer una sanción social perpetua y, nosotros los periodistas somos quienes deberíamos ser los encargados de salvaguardar esa consigna, ante quienes nos debemos: los que nos leen, los que nos escuchan, y los que nos ven, que viene siendo el pueblo.
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*Afiliado al CPB. Círculo de Periodistas de Bucaramanga
