La ética pública es un imperativo de todos, no podemos aceptar la forma como la corrupción avanza en Colombia, sin pena ni sanción.
Por: Juana Yolanda Bazán Achury/ De acuerdo con lo manifestado en la anterior columna, haré referencia a la situación de Colombia frente a uno de los fenómenos que más le preocupa al ciudadano como es el de la corrupción.
La norma más completa que se ha tramitado en los últimos tiempos en el país con el fin de luchar contra la corrupción es la ley 1474 de 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción.
Se destacan, las modificaciones al estatuto de Contratación pública Ley 80 de 1993, más inhabilidades para contratar para quienes incurran en actos de corrupción y hubieren sido sancionados por esta razón, prohibiciones a los servidores públicos para gestionar intereses privados y para contratar con el Estado, hasta que transcurran 2 años de la dejación de cargo.
Medidas administrativas contra la corrupción como, imposición de mayores responsabilidades a los revisores fiscales y a los jefes de control interno, límites a la publicidad estatal, mayor control y vigilancia a las instituciones de salud.
Eliminación de beneficios como la prohibición de casa por cárcel o la suspensión condicional de la condena, para quienes incurran en estos delitos.
Ampliación de términos de la prescripción de la acción penal, como instrumento para luchar contra la impunidad. Se consagran nuevos tipos penales, como la estafa sobre recursos públicos, y sobre los recursos del Sistema de Seguridad Social en particular.
Nuevas conductas disciplinarias se establecen dando lugar a sanciones que van desde amonestación, destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, consagradas en el Código Único Disciplinario Ley 1952 de 2019.
Se crean organismos de lucha contra la corrupción, para implementar a través de políticas institucionales y pedagógicas la cultura de transparencia y ética pública.
Como puede advertirse el problema de la corrupción en Colombia, no es de leyes además de este estatuto hay muchas normas dispersas en distintos textos normativos con este propósito.
¿Nos preguntaríamos en donde está el problema…?
¿Cuántas condenas hay en Colombia a los responsables de grandes hechos de corrupción?…
Casos memorables como, por ejemplo:
Escandalo Colombia Gate, Centro de Rehabilitación del Batallón Sanidad, Mario Castaño y las marionetas, Sociedad de Activos Especiales SAE, Centros poblados, corrupción en la DIAN, captura del Fiscal de la JEP, Fonde, Cartel de la Toga, Cartel de la Chatarrización, Cartel de las regalías, Odebrecht, caso del Fiscal Moreno Anticorrupción, Desfalco de Ecopetrol, antes y ahora, sin mencionar los casos de corrupción a nivel local y regional, etc.
Algunas capturas, pocas condenas y casos a punto de prescribir.
En informe de trasparencia internacional se indica que: entre 2016 y 2020 se reportó la pérdida de $13,67 billones en 284 hechos de corrupción.
“Esta cifra incluye el dinero que fue desviado, utilizado en algún objeto diferente, evadido como en el caso de los impuestos o utilizado para el pago de sobornos y extorsiones”: Las cifras sobre los montos de la corrupción varía muchos en los informes publicados.
La falla más grande recae en los responsables de aplicar la ley, de hacerla efectiva.
Los organismos de control Procuraduría, Contralorías en todos los niveles, son de origen político y utilizan su poder con y para tales fines, engavetan los procesos, los dejan prescribir, tuercen las decisiones según sea el interés de quien ocupa el cargo en su momento, su partido político y sus patrocinadores.
Y Si se trata de la Fiscalía General de la Nación, ni que hablar, pues sin ser un organismo de control es el responsable de perseguir y sancionar a quienes trasgreden las normas penales.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentó el primer mapa de impunidad en Colombia institución que tiene responsabilidad de hacer seguimiento detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.
La investigación se realizó durante varios meses, comprendiendo el periodo que va desde 2010 al 2023, 13 años aproximadamente, se identificaron los 10 departamentos del país con delitos asociados a la corrupción cuyas investigaciones en gran medida pueden prescribir, dejando sin castigo a los responsables.
De acuerdo con el inventario levantado por la entidad, se tiene que hay 57.852 denuncias por corrupción de las cuales no tienen condena el 93.99%, el 89.7% sin captura y el 77.15 % están en indagación preliminar.
Los delitos por los cuales hay más investigaciones por actos de corrupción son peculado por apropiación, contratos sin requisitos, concusión, cohecho por dar u ofrecer, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado por uso.
Se advierte una enorme negligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, es una entidad que cuenta con 23.000 empleados públicos, que según su Misión está conformado por personal ampliamente calificado para contrarrestar el delito en todas sus formas y para luchar contra la criminalidad, ¿nuevamente nos preguntamos en los 13 años a los cuales se hace referencia en el informe que ha pasado?
Indolencia, falta de responsabilidad de las distintas entidades encargadas de la lucha contra la corrupción, ausencia de articulación entre los distintos entes responsables, duplicidad de funciones entre la contraloría General de la Nación, las contralorías departamentales y municipales que no son otra cosa que focos de corrupción, no controlan absolutamente nada y son instrumentos no de control fiscal sino de control político.
Falta mucho por hacer, pero en todo caso se requiere un mayor compromiso por parte del Estado con una férrea decisión política, un cambio en la actitud ciudadana, el control a la corrupción lo ejercen los medios de comunicación en ocasiones adecuadamente y en otras prestándose para desviar la atención o sin suficientes pruebas, el control ciudadano ha sido importante; hay que entender que los recursos públicos son sagrados como lo decía Muckus; en la forma como se roban el Estado en Colombia sin que pase absolutamente nada, no es posible que avancemos en la infraestructura o en solución a las políticas sociales, con ello se afecta gravemente el crecimiento económico del país.
La ética publica es un imperativo de todos, no podemos aceptar la forma como la corrupción avanza en Colombia, sin pena ni sanción.
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*Exrepresentante a la Cámara por Santander.
