Por: Paola Guarín/ En los últimos años es evidente el creciente homicidio de líderes sociales, especial mente quienes denuncian presiones de diferente tipo de insurgencia y por qué no, de nuevos falsos positivos desplegada presuntamente por la fuerza pública.
Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país.
Destaca el reporte que durante el año 2018 hubo un incremento respecto a los últimos dos años, pues en el 2016 se registraron 97 casos y en 2017 hubo 159. El punto álgido de esta situación se registró en 2003 con 1.912 homicidios. Ahora bien en lo trascurrido el año 2019, a oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) había informado el pasado mes de abril, un informe donde destaca el aumento de homicidios -penosa de cantidad- que supera los 30 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Es penoso y vergonzoso mostrar estas cifras en un país cuyo reciente acuerdo de paz, el cual fue en su momento objeto de orgullo a nivel mundial, debió fortalecer muchos escenarios con la ayuda constante del gobierno nacional y la institucionalidad que ella representa, muy a pesar de las incansables maniobras que a hoy el gobierno de turno pretende exterminar.
Lo moralmente correcto en estos casos, inicialmente es darle la importancia y celeridad que se requiere para investigar estos eventos, que no solo perjudican a las familias de las víctimas, sino también extensivamente, a las poblaciones marginadas y olvidadas por la gobernanza estatal. Así mismo es nefasto que ocurran hechos exóticos donde se muestra solidaridad y premura a investigaciones judiciales de extranjeros asesinados en nuestro país, cuya misericordia y solidaridad no es extensiva en el caso de nuestros líderes sociales especialmente en cuyas zonas rurales donde curiosamente se retoma el conflicto armado.
Ser líder social en Colombia es una oportunidad de construir, al punto sembrar una trasformación social y ponerse las botas para forjar un país mejor y hacerlo real. Estas personas cumplen un papel fundamental, puesto que son los defensores sociales quienes a través de intervenciones en comunidades; incentivan al pueblo a la participación activa en pro de fortalecer las comunidades.
El liderazgo social es considerado, lastimosamente, como una de las labores más peligrosas de ejercer en Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y es por ello, la necesidad de fortalecer la seguridad de nuestros patriotas que día a día se dan la lucha para denunciar e impulsar el progreso de una región.
Si no les damos la importancia a nuestros líderes, el retroceso en la gobernabilidad e institucionalidad es abismal y de nada sirve pretender construir un país con tejido social, si dejamos pasar el exterminio de nuestros líderes con la más alta cruda indiferencia.
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