En la Corte Constitucional hace tránsito la solicitud de nulidad de los proyectos de acuerdo 029 y 031 de 2013, que crea siete corregimientos en Mogotes (Santander) y que al parecer –según los demandantes- existieron irregularidades en el trámite y posterior aprobación de la iniciativa.
Ya la Fiscalía investiga la presunta comisión del delito de prevaricato por acción a la alcaldesa Nancy Edith Pinto Jiménez y los exconcejales del periodo 2012 – 2015, Ruth Milena Ayala (Partido de la U), María Laura Serrano, Gerardo Sierra, Luis Antonio Hernández, Pedro Hernández (Partido Conservador), Eduardo Sánchez (Partido Liberal), Gerardo Rodríguez, Ernesto Burgos (Partido Cambio Radical), Evangelista Forero, Pedro Israel Santos (Partido ASI); quienes aprobaron los proyectos que crean unos corregimientos “para efectos electorales en el municipio.
Según los promotores de la demanda, la entonces mandataria presentó y sancionó estos acuerdos, y los corporados a sabiendas de su ilegalidad, promovieron y emanaron la creación de corregimientos solo para “efectos electorales” y de votaciones, desconociendo y omitiendo de manera dolosa que también se debe hacer inherentemente para efectos administrativos de “prestación de servicios” con la asignación presupuestal para el nombramiento de los “corregidores” como autoridades administrativas, quienes cumplen en el área de su jurisdicción, las funciones que le asignen los acuerdos y les delegue los alcaldes, con sujeción, a las leyes vigentes.
Además, “los corregimientos deben tener Juntas Administradoras Locales (JAL), integradas por no menos de cinco ni más de nueve miembros”; la Registraduría Nacional, mediante comunicación “requirió al Concejo Municipal por ilegalidad del Acuerdo que vulnera el artículo 318 de la Constitución Nacional, el Parágrafo 2 del artículo 71 y el artículo 122 de la Ley 136 de 1994”, dijeron los denunciantes.
