El CTI, con apoyo de la Policía Nacional, desarticuló en Bucaramanga una red de trata de personas que explotaba sexualmente a niños, niñas y adolescentes en hoteles, residencias y bares del centro de la ciudad. Once personas fueron capturadas y presentadas ante jueces de control de garantías.
En inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, quedó en evidencia un negocio ilícito que crecía a costa de la integridad y la formación física y sexual de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros.
Una red delictiva, con roles plenamente establecidos, contactaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a 11 de los presuntos involucrados en la actividad ilegal. Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y María José Barón Correa; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, John Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada. Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Los elementos materiales probatorios indican que María José Barón y Diana Chinchilla serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales. En otros casos, la ciudadana venezolana Leonela Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad.
Los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes. Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.
Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.
Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia, informó la Fiscalía General de la Nación.
