Abril en Colombia siempre ha sido sinónimo de lluvias. No es novedad. Lo verdaderamente alarmante es que, año tras año, lo que debería ser un fenómeno climático previsible se transforma en una crisis estructural de gestión del riesgo.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ No estamos ante un problema natural: estamos ante el resultado acumulado de decisiones técnicas mal implementadas, políticas públicas débiles y una peligrosa desconexión entre el discurso ambiental y su aplicación real.
Las imágenes se repiten con una precisión casi irónica: calles inundadas, taludes colapsados, viviendas en zonas de alto riesgo que ceden ante la gravedad.
En Bucaramanga y su área metropolitana, los deslizamientos y las fallas en drenajes urbanos no son eventos extraordinarios, sino síntomas de una planificación territorial insuficiente. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cómo puede seguir sorprendiéndonos algo que ocurre todos los años?
Pero si abril expone nuestras fallas en la gestión del riesgo, también desnuda una crisis aún más profunda: la incapacidad de tomar decisiones ambientales basadas en evidencia científica cuando estas chocan con narrativas emocionales. El mejor ejemplo es el debate nacional sobre los llamados “narcohipopótamos”.
Es necesario decirlo sin ambigüedades: los hipopótamos son una especie ecológicamente relevante… en África. En sus ecosistemas de origen cumplen funciones clave en la dinámica de los cuerpos de agua y en la estructuración de hábitats.
En Colombia, por el contrario, son una especie exótica invasora introducida artificialmente por el capricho extravagante de Pablo Escobar. No son patrimonio natural. No son símbolo de biodiversidad. Son, en términos técnicos, un desequilibrio ecológico.
Su expansión en el Magdalena Medio está generando impactos acumulativos sobre humedales, ciénagas y sistemas fluviales estratégicos. La alteración de la calidad del agua, la competencia con especies nativas y el riesgo directo para comunidades humanas no son hipótesis: son evidencias documentadas. Defender su permanencia sin considerar estos factores no es ambientalismo; es desconocimiento.
El problema se agrava cuando el debate se contamina de fundamentalismos. Catalogar la eutanasia como “asesinato” no solo es conceptualmente erróneo, sino que evidencia una profunda ignorancia sobre la gestión de fauna invasora. La toma de decisiones en estos casos no responde a juicios morales individuales, sino a evaluaciones ecosistémicas, sanitarias y de seguridad.
Mientras tanto, el verdadero patrimonio ecológico del país queda relegado. El río Magdalena, arteria vital de Colombia y sus complejos cenagosos sostienen economías, culturas y sistemas alimentarios enteros. El bocachico, especie emblemática para pescadores y comunidades ribereñas, enfrenta presiones crecientes en ecosistemas que hoy también deben soportar la irrupción de una especie que nunca debió estar allí.
La imagen es poderosa: mientras algunos defienden hipopótamos como símbolo mediático, se invisibiliza la fragilidad de ecosistemas donde habita el manatí, especie que sí es nativa y cuya conservación ha requerido décadas de esfuerzo. Se romantiza el legado de un narcotraficante mientras se ignora el conocimiento ancestral de quienes viven del río.
Aquí hay una contradicción ética de fondo. Proteger individuos introducidos ilegalmente no puede estar por encima del derecho colectivo a un ambiente sano, ni de la conservación de especies nativas, ni del bienestar de las comunidades humanas. Convertir este debate en una bandera ideológica solo profundiza el problema.
Además, no se trata de un caso aislado. Colombia ha enfrentado ya las consecuencias de otras especies invasoras, como el caracol africano, con impactos sanitarios y ambientales significativos. Persistir en la inacción frente a los hipopótamos es repetir el mismo error, pero a una escala mayor.
Lo más preocupante es que este fenómeno revela una falla estructural: la gestión ambiental en el país está siendo capturada, en algunos casos, por discursos emocionales, oportunismos mediáticos y activismos sin sustento técnico. No todos los que opinan sobre ambiente comprenden el ambiente. Y cuando la presión pública se impone sobre la evidencia científica, el resultado es la parálisis institucional.
Abril, entonces, no solo nos muestra calles inundadas. Nos muestra un país que aún no logra entender que la gestión ambiental implica decisiones difíciles, incluso impopulares. Implica reconocer que no todo lo que genera empatía debe conservarse, y que no todo lo que incomoda debe evitarse.
No podemos permitir que la ciencia sea saboteada por el ruido. No podemos permitir que el legado de la narcocultura siga definiendo nuestras decisiones ambientales. Y no podemos seguir dándonos el lujo de confundir sensibilidad con ignorancia.
Porque mientras seguimos discutiendo desde la emoción, el río sigue cambiando, los ecosistemas siguen degradándose y las lluvias, como cada abril siguen recordándonos que el problema nunca fue el clima.
Por eso, estimado lector, es momento de incomodar la conversación. La gestión ambiental no puede seguir secuestrada por consignas ni por sentimentalismos selectivos.
No se trata de oponer derechos, sino de jerarquizarlos con criterio técnico: un país biodiverso no se defiende protegiendo especies introducidas por capricho, sino garantizando la integridad funcional de sus ecosistemas y la supervivencia de sus especies nativas.
Cuando la discusión pública confunde eutanasia con “asesinato”, lo que está en juego no es solo el destino de una población de hipopótamos; es la capacidad del Estado para decidir con base en evidencia. Y cuando esa capacidad se paraliza, el costo lo pagan los humedales, el río, el pescador y la seguridad de las comunidades.
Colombia necesita pasar del ambientalismo declarativo a la ingeniería ambiental estratégica, científica y operativo. Eso implica métricas, monitoreo, intervención y, sí, decisiones difíciles. Implica entender que la conservación no es un concurso de popularidad entre especies, sino una disciplina que prioriza procesos ecológicos, servicios ecosistémicos y bienestar humano.
Defender el río Magdalena, sus ciénagas y su cadena trófica desde el plancton hasta el bocachico, es defender la economía ribereña, la cultura y la soberanía alimentaria. Ignorarlo para sostener símbolos mediáticos es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, irresponsabilidad.
Si de verdad queremos un país que se desarrolle, la gestión ambiental debe ser técnica, eficiente y ejecutable. Lo demás es retórica.
No es salvar hipopótamos: es salvar el río. Sin ciencia, el ambientalismo también contamina.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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