En 2007 el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Invima expidió el Decreto 1500 para adoptar el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados al consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.
Mientras a los ganaderos santandereanos por un estudio les limitaron el número de plantas de beneficio y de autocosumo, a los avicultores les quedó el libre albedrío. Avicultor que deseara tener su planta de beneficio animal debía inscribirse ante el Invima y cumplir los requerimientos del decreto 1500. La elección fue espontánea, cada uno sabía lo que tenía que invertir para aceptar tener la planta.
Carolina Garcés Torres, ingeniera de alimentos del Programa Pollo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, nos contó que cuando salió el decreto 1500 “causó mucho ruido, se decía que era muy exigente, no solo el decreto en sí sino las disposiciones reglamentarias, las resoluciones, los requisitos técnicos para las plantas de sacrificio o de beneficio. Hubo mucha controversia porque era muy exigente y no se estaba acostumbrado a ese nivel de exigencia a pesar de que lo antecedía el decreto 2838 de 1982 que estaba vigente, pero que no se había aplicado como debía ser”.
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Explicó la ingeniera que hubo que esperar a que “las empresas se acomodaran. El decreto 1500 requiere mucha inversión, pero es un decreto que se enfoca en mejorar el nivel sanitario del país, no solo es el tema de que sea para exportación, claro que tiene que tiene requisitos que van en la misma línea de lo que es la globalización y con la que trabajan todos los mercados internacionales, además todos los países vienen en la tarea de trabajar su estatus sanitario y el 1500 hace parte de eso”.
“Fue muy difícil al principio”, reiteró y recordó las muchas discusiones tanto con el Ministerio de Salud y Protección Social, que lo creó, como con el Invima, que lo aplica, sin embargo aseguró que “la industria avícola ha sido en general organizada. Hoy en día a pesar de las dificultades las empresas han hecho muchas inversiones para garantizar ese cumplimiento del 1500 y estamos en el camino, todavía no hemos terminado. Me atrevería a decir que la industria avícola es una de las más avanzadas en la aplicación del 1500 y sus reglamentos. En nuestro caso que son las resoluciones 241 y 242 del 2013”.
Rezagos de ilegalidad y de clandestinidad
Y aunque la ingeniera resaltó el avance de la avicultura reclamó de las autoridades porque “se les olvidó que sigue quedando un porcentaje grandísimo de ilegalidad y de clandestinidad, así que la industria necesita que las autoridades se enfoquen en combatir esos factores ilegales y clandestinos para que esas empresas que han hecho la tarea, han invertido, surjan y puedan terminar de hacer las inversiones que se requieren para cumplir con la totalidad del 1500. Hoy en día ya tenemos en el país seis plantas certificadas con 1500, autorización sanitaria 1500 y las otras están en el camino, unas más lentas que otras, unas que evolucionan muy rápido”.
El sector ganadero debió someterse a la racionalización porque los mataderos municipales eran públicos o mixtos, así que esa racionalización se basó en criterios de gobernadores y alcaldes, mientras que la avicultura, según explicó la ingeniera, “en su mayoría es privada, así que son los propios industriales los que tienen que invertir en sus empresas, en sus plantas. La industria avicultura no tuvo planes de racionalización como sí lo tuvieron los sectores bovinos y porcinos, que tuvieron opciones de racionalización creadas, seccionadas u ordenadas por gobernadores o alcaldes y ellos fueron los que decidieron cuántas plantas quedaban por municipio o departamento. La industria avícola funciona diferente, todas las empresas se inscribieron, quienes tenían planta de beneficio saben que deben cumplir la norma 1500 y que deben invertir. Así que las plantas que quedaron son las que hacen inversión para cumplir la reglamentación 1500. La avicultura no tuvo planes de racionalización, fue como la gran diferencia con las otras industrias”.
La ingeniera de alimentos manifestó que “en Santander todas las plantas van avanzando a su ritmo, a lo que tienen de capacidad de inversión. Se debe decir que hay varias clases de plantas y las más pequeñas, como si fueran de auto consumo, son las que llamamos especiales que sacrifican volúmenes menores a tres mil aves día. Hay plantas grandes, medianas y pequeñas y están inscritas ante el Invima y todas van por el cumplimiento del 1500. En Santander hay plantas de tipo nacional como plantas especiales que están inscritas ante el Invima y vienen trabajando en la aplicación del 1500”.
Explicó que las plantas de tipo nacional son las que tienen volúmenes mayores a tres mil aves por día y las especiales sacrifican volúmenes menores a tres mil aves por día. Las especiales tienen unas limitaciones, tienen un volumen menor, tienen unos requisitos diferentes, pero sus limitaciones es que solo pueden comercializar en su departamento de localización y con los departamentos limítrofes. Las nacionales de mayores volúmenes de aves día pueden comercializar a nivel nacional, además que pueden ser tipo exportación.
Lo vital del 1500, dijo la ingeniera Carolina Garcés, “es que está en juego el tema de la inocuidad, la salubridad pública, porque no es lo mismo hacer un sacrificio en una finca a hacerlo en una planta que cumpla la normatividad. No es solo cuestión de inversión sino de responsabilidad con el consumidor”.
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