La corraleja realizada el primero de enero en Barbosa (Santander), abrió una controversia que trascendió lo cultural. Protestas por maltrato animal, la defensa pública del alcalde y una indagación de la Procuraduría marcaron el inicio del año con un fuerte debate sobre legalidad, tradición y responsabilidad estatal.
La celebración taurina organizada para recibir 2026 en el municipio de Barbosa, al sur de Santander, terminó convertida en un foco de tensión social e institucional. Lo que para sus promotores fue una expresión cultural arraigada, para otros ciudadanos representó un acto de crueldad animal y una posible irregularidad administrativa que hoy es objeto de revisión por parte del Ministerio Público.
El episodio ocurrió el 1 de enero, cuando manifestantes bloquearon el ingreso a la plaza donde se desarrollaba la corraleja, increparon a los organizadores y corearon consignas contra el evento. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento del enfrentamiento verbal, en el que activistas y vecinos calificaron la práctica como violenta y exigieron su suspensión inmediata.
Tras la polémica, la Procuraduría General de la Nación abrió una acción disciplinaria contra funcionarios por determinar, adscritos a la Alcaldía de Barbosa. El objetivo es establecer si la administración municipal cumplió la totalidad de los requisitos exigidos para la realización del espectáculo taurino.
La indagación previa busca verificar, entre otros aspectos, si el municipio contaba con los permisos y documentos necesarios, así como con una póliza todo riesgo de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que cubriera los posibles daños derivados del evento. Este requisito es clave en este tipo de actividades, dado el riesgo que implican tanto para participantes como para espectadores.
Además, la Procuraduría Provincial de Vélez analiza si Barbosa cumple con la condición de tener una tradición “continuada e ininterrumpida” en prácticas como la tauromaquia, la lidia o las corridas de toros, un criterio que ha sido determinante en fallos judiciales y debates recientes sobre la legalidad de estos espectáculos en Colombia.
El proceso no surgió de manera improvisada. Según el Ministerio Público, mediante un oficio fechado el 29 de diciembre de 2025, la Procuraduría ya había advertido al alcalde del municipio sobre estos aspectos, en el marco de sus acciones preventivas. Aun así, la corraleja se llevó a cabo, lo que ahora plantea interrogantes sobre si dichas alertas fueron atendidas o desestimadas por la administración local.
El alcalde se defiende
En medio de la controversia, el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés Torres, salió públicamente a defender la realización de la corraleja. En declaraciones posteriores al evento, justificó la decisión argumentando que,” se trata de una tradición cultural del municipio” y que su administración actuó dentro del marco legal.
El mandatario cuestionó a los manifestantes, señalando que,” las protestas desconocen la historia y las costumbres locales”, y sostuvo que el evento generó dinamización económica y turística para el municipio. También afirmó que,” se tomaron medidas de seguridad” y que no se podía estigmatizar a la administración por respaldar una actividad que, según su postura, cuenta con “respaldo de un sector de la comunidad”.
Sin embargo, sus declaraciones avivaron aún más el debate. Para los colectivos defensores de animales, la defensa del alcalde evidencia una desconexión con los cambios sociales y normativos que, en los últimos años, han puesto en tela de juicio la legitimidad de las corralejas y otros espectáculos taurinos. Estos grupos insisten en que la protección animal debe primar sobre argumentos económicos o tradicionales.
La controversia también expuso una división interna en el municipio. Mientras algunos habitantes respaldaron al alcalde y reclamaron respeto por las costumbres locales, otros exigieron explicaciones claras sobre los permisos, las pólizas y la responsabilidad del gobierno municipal frente a un evento de alto riesgo.
Por ahora, la indagación disciplinaria se encuentra en etapa preliminar y no implica sanciones automáticas. No obstante, su apertura envía un mensaje claro sobre la vigilancia que ejercen los entes de control frente a este tipo de celebraciones, especialmente cuando existen advertencias previas y cuestionamientos ciudadanos.
El caso de Barbosa reabre un debate nacional que sigue sin resolverse: hasta dónde llegan las tradiciones culturales y dónde comienza la obligación del Estado de garantizar el bienestar animal, la seguridad pública y el estricto cumplimiento de la ley. Mientras tanto, el pulso entre la administración municipal, los organismos de control y la ciudadanía promete seguir marcando la agenda local en los próximos meses.
