- Durante estos encuentros no se ha invitado, ni informado, a los mandatarios locales de los municipios de la jurisdicción, tampoco a los líderes y lideresas sociales y políticos, quienes representan los intereses de las comunidades que allí habitan y por años han exigido que se defina la delimitación.
La comunidad de Vetas, en representación de su alcaldesa Angélica María García Rodríguez, ha expresado un rotundo rechazo a las reuniones, como la realizada el pasado miércoles 14 de agosto de 2024, en la ciudad de Bogotá, presidida por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y a la que solo asistieron activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán.
A través de un comunicado la comunidad señala que “esta no es la primera vez que se denuncia este tipo de actuaciones, que causa un intenso malestar entre los vetanos y, en general, en los habitantes de la Provincia de Soto Norte, porque como lo han expresado en repetidas ocasiones, estos activistas, ambientalistas y miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán no representan sus verdaderos intereses; por el contrario, lo que han logrado con el paso del tiempo es una estigmatización de la población minera, un rechazo total a ser escuchados por el Gobierno Nacional y ralentizar el proceso de delimitación del Páramo”.
La alcaldesa García Rodríguez aseguró que los participantes de la mencionada reunión se identificaron como “campesinos” del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, lo cual es falso. “Ellos no representan a los verdaderos campesinos de Vetas. Esas personas son residentes de la ciudad de Bucaramanga y han desarrollado una campaña sistemática contra la minería y los habitantes de la región”.
Por otra parte, la alcaldesa subrayó que los intereses y decisiones que afectan al municipio de Vetas deben ser gestionados exclusivamente por sus propios habitantes y autoridades, sin interferencias externas. En este sentido, criticó la falta de transparencia de las reuniones realizadas sin la participación de las autoridades locales y sin escuchar la voz de la comunidad. “Definir el futuro de una población de más de 35.000 habitantes en una reunión a puerta cerrada y sin escuchar los puntos de vista de la comunidad directamente involucrada viola los derechos a la participación ciudadana, reconocido en la Sentencia T-361 de 2017”, la alcaldesa y abogada vetana.
Además reconoció la mandataria que la desconfianza hacia el Gobierno Nacional, especialmente hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha profundizado debido a la realización de este tipo de encuentros “secretos”, ya que “son acciones que desvanecen la poca confianza que aún queda en las instituciones oficiales; incluso, se torna aún más preocupante la situación, si se tiene en cuenta que la misma jefe de la cartera ambiental ha señalado que los acuerdos de delimitación deberán ser concertados con habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, quienes terminan siendo representados usurpadamente por el Comité, un grupo que ha estigmatizado, atacado y violentado a la comunidad, pero que también ha perdido su credibilidad por terminar convertido en una plataforma politiquera”.
