Por: Aidubby Mateus/ La historia del campo colombiano no se cuenta en cifras frías ni en discursos de escritorio. Se escribe con manos agrietadas, con madrugadas frías y con la convicción profunda de que cultivar la tierra es un acto de fe. En mi columna anterior reflexioné sobre cómo la apertura económica, lejos de integrar al campesinado al mundo, lo dejó expuesto y sin herramientas, al borde de la ruina productiva.
Hoy quiero ir más allá de la denuncia. Porque si algo hemos aprendido en estos años de resistencia, es que el diagnóstico no basta. Colombia necesita con urgencia una visión de desarrollo rural que no sacrifique a su gente en nombre del libre comercio, sino que la ponga en el centro de las decisiones económicas, políticas y sociales.
Lo que hoy está ocurriendo con el arroz no es una casualidad ni un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de una política comercial que firmó tratados de libre comercio sin salvaguardas reales para los sectores vulnerables. El TLC con Estados Unidos estableció, desde 2012, un calendario de desgravación arancelaria que en 2030 permitirá la entrada ilimitada y sin arancel de arroz estadounidense. Esa importación que está fuertemente subsidiada, se enfrentará a un productor nacional que no cuenta ni con riego tecnificado, ni con crédito asequible, ni con una infraestructura vial adecuada. ¿Y ahora qué decir del TLC con la Unión Europea?
¿Y si lo que está en juego no fuera solo el arroz, sino la soberanía alimentaria del país?
¿Y si, el precio interno del producto junto con sus pérdidas que hoy se miden no solo se hace en dinero, sino en desesperanza? ¿Qué nos espera?
En ese orden de ideas, vale la pena recordar que soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias. Implica proteger la capacidad de una nación para producir sus alimentos básicos, en condiciones justas, sostenibles y sin dependencia de potencias extranjeras. En otras palabras: no puede haber seguridad alimentaria si no hay producción interna. No se trata de ideología, sino de lógica básica.
Un país que importa la mayor parte del trigo, del maíz, de la soya y que empieza a depender también del arroz, está entregando su autonomía alimentaria y condenando a su población a la volatilidad internacional. Y lo más doloroso: lo hace en un territorio que lo tiene todo, suelo fértil, cultura agrícola y una red campesina comprometida, pero que ha sido sistemáticamente excluido del modelo económico dominante.
En los últimos años, y especialmente durante las movilizaciones agrarias, el campesinado colombiano ha presentado propuestas viables, claras y coherentes. No piden limosna. No quieren subsidios eternos. Quieren herramientas para producir con dignidad. Algunas propuestas que se plantean podrían marcar un giro estructural para que el trabajo en el campo se ejerza de una manera digna.
Primero, la renegociación de los TLC con enfoque agroalimentario, pues no se trata de romper tratados, sino de revisar cláusulas que afectan a sectores estratégicos. Algunos países ya lo han hecho. Colombia debe exigir tiempos razonables, tiempos ajustados a su realidad y cláusulas de salvaguarda que protejan cultivos vulnerables, en donde de entrada el seguro agropecuario sea realidad.
Segundo, los precios de garantía para cultivos estratégicos, para el efecto es necesario establecer un precio mínimo que garantice rentabilidad, especialmente para el arroz, el maíz, el frijol y otros productos base de la canasta familiar.
Tercero, una reforma profunda al crédito agropecuario, toda vez que hoy en día, el 70 % del crédito rural se concentra en grandes agroindustrias, haciéndose necesario una política diferenciada que priorice al pequeño y mediano productor, con tasas bajas y acompañamiento técnico.
Cuarto, vital la inversión pública en infraestructura rural como caminos veredales, centros de acopio, sistemas de riego y conectividad digital que no son lujos: son condiciones mínimas para la competitividad.
Y Quinto, la participación real del campesinado en la toma de decisiones, es decir, las políticas rurales no pueden seguir diseñándose desde Bogotá sin consultar a quienes trabajan la tierra. Se requieren mecanismos efectivos de participación: Consejos Territoriales, cabildos agrarios y veedurías campesinas.
Hasta ahora, las respuestas institucionales han sido parciales y reactivas. Ante el paro arrocero de 2025, el Ministerio de Agricultura anunció mesas técnicas y promesas de subsidios temporales. Pero eso no resuelve el fondo del problema. El campesinado no necesita pañitos de agua tibia: necesita una transformación estructural del modelo agroalimentario.
Y ahora que se avecinan las elecciones del Congreso de la República, quien ratifica tratados internacionales, también debe asumir su responsabilidad. No puede seguir aprobando acuerdos sin evaluar su impacto territorial, ni sin realizar audiencias públicas reales en las regiones afectadas. La Corte Constitucional, por su parte, debe garantizar que esos tratados respeten los derechos fundamentales de los productores rurales y los principios de equidad, participación y sostenibilidad.
Algunos dirán que es tarde. Que ya estamos demasiado integrados a la economía global. Pero esa integración no tiene por qué ser sinónimo de dependencia o vulnerabilidad. Vemos que otros países protegen sus sistemas agrícolas incluso siendo grandes exportadores. Francia, Japón y Estados Unidos invierten miles de millones de euros y dólares en apoyar a sus productores. ¿Por qué Colombia no puede hacer lo mismo?
Lo cierto es que estamos a tiempo. La recuperación del agro no es una utopía. Tenemos experiencia, saber campesino, biodiversidad y una red asociativa creciente de mujeres, jóvenes y organizaciones locales que quieren transformar sus territorios. Lo que falta es voluntad política.
Esta columna no pretende ser un cierre, sino una apertura. Un llamado a todos los actores gobierno, Congreso de la República, empresarios, académicos, medios de comunicación, ciudadanos, para que asumamos el reto de reconstruir el campo colombiano desde la equidad.
Es hora de dejar de ver el campo como solo paisaje. El campo es vida, es economía, cultura, memoria y futuro. Es nuestra posibilidad de alimentarnos con lo nuestro, de tener paz con justicia, y de construir una Colombia donde el desarrollo no se mida por el número de tratados firmados, sino por la dignidad de quienes trabajan la tierra.
Es hora de sembrar soberanía. Y de cosechar justicia.
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*Embajadora internacional de mujeres inquebrantables, exalcaldesa Gámbita (Santander), Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras.
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