Estados Unidos ha sido el principal respaldo militar y diplomático de Israel en la guerra de Gaza, marcada por miles de muertos y acusaciones de genocidio. Su rol plantea una pregunta urgente: ¿es aliado estratégico o cómplice de una ofensiva que desafía el derecho internacional?
A dos años del inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, el papel de Estados Unidos en el conflicto ha dejado de ser un simple respaldo diplomático para convertirse en un eje central del debate internacional. ¿Hasta qué punto puede considerarse a Washington responsable de una guerra que ha dejado más de 67.000 muertos, una crisis humanitaria sin precedentes y acusaciones formales de genocidio?
La pregunta no es nueva, pero ha cobrado renovada fuerza ante la continuidad del suministro de armas, el bloqueo de resoluciones en la ONU y la creación de mecanismos de ayuda humanitaria que, lejos de aliviar el sufrimiento, han sido señalados como trampas mortales. En este contexto, el vínculo entre Estados Unidos e Israel se revela como una alianza que trasciende lo estratégico y se adentra en terrenos éticamente pantanosos.
Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y la Yihad Islámica, que dejó 1.200 israelíes muertos, Estados Unidos reaccionó con rapidez. El entonces presidente Joe Biden calificó el atentado como “terrorista y atroz”, y desplegó el portaaviones USS Gerald R. Ford junto a otros buques de guerra en la región. Además, se aprobó un paquete adicional de municiones para reforzar la Cúpula de Hierro israelí.
La diplomacia también se activó: Antony Blinken recorrió Medio Oriente en busca de apoyos, mientras los representantes estadounidenses en la ONU bloquearon resoluciones que pedían pausas humanitarias por no condenar explícitamente a Hamás. En ese momento, Washington se mostró como un aliado incondicional, dispuesto a sostener militar y políticamente a Tel Aviv.
Del respaldo a la crítica
Sin embargo, a medida que la cifra de muertos en Gaza aumentaba, la postura de Biden comenzó a cambiar. En diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Salud gazatí reportaba cerca de 20.000 víctimas, el tono del presidente se tornó más crítico. Las tensiones se intensificaron en abril de 2024, tras el bombardeo que mató a siete trabajadores humanitarios de la organización World Central Kitchen. Biden exigió medidas concretas para proteger a civiles y condicionó el apoyo militar a Israel.
En mayo, la Casa Blanca anunció una pausa en el envío de armamento pesado, reconociendo por primera vez que estas armas habían causado muertes civiles. No obstante, como reveló la revista Politico, muchas de estas bombas ya habían sido aprobadas por el Congreso en 2021, lo que implica que su producción y entrega seguía en curso. Así, las pausas fueron más simbólicas que efectivas.
Dos semanas antes de dejar el cargo, Biden notificó informalmente al Congreso una propuesta de venta de misiles, proyectiles y bombas por valor de 8.000 millones de dólares. El gesto finalizó su mandato con una señal clara: el vínculo con Israel no se rompe, solo se modula.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el respaldo a Israel se consolidó aún más. El presidente electo se atribuyó parte del mérito por una tregua de 42 días negociada en la recta final del mandato de Biden, y reafirmó su compromiso con la seguridad israelí, el derecho a defenderse y su postura contra Hamás, Líbano e Irán.
En junio, su administración aprobó una venta de 510 millones de dólares en kits de guía de precisión, y en septiembre notificó al Congreso un paquete de 6.400 millones que incluía helicópteros Apache y vehículos de asalto. La maquinaria bélica siguió en marcha, con Tel Aviv como destino prioritario.
Pero Trump fue más allá. En febrero de 2025, propuso un plan para asumir el control administrativo de Gaza, desplazar a dos millones de palestinos y reconstruir la zona como una “Riviera de Medio Oriente”. Netanyahu lo calificó como “la primera idea original sobre Gaza” en mucho tiempo. La propuesta fue rechazada por la ONU y países árabes, que la consideraron una violación del derecho internacional.
GHF: ¿ayuda o trampa?
Otro punto polémico ha sido la creación de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), con sede en EE. UU. y operada por contratistas privados bajo coordinación del Ejército israelí. Aunque su misión es entregar ayuda alimentaria, la ONU ha calificado sus puntos de distribución como “trampas mortales”.
Los testimonios lo confirman. En agosto, Mahmoud Jamal Al-Attar, un joven palestino de 15 años, murió tras recibir un disparo mientras intentaba recoger alimentos. El Ministerio de Salud de Gaza reportó más de 2.400 muertos y 17.800 heridos en estos puntos. La GHF niega las cifras y asegura que no ha habido víctimas en sus centros, salvo en dos incidentes aislados. Sin embargo, un exsubcontratista de seguridad estadounidense acusó a la organización de ser “cómplice de crímenes de guerra”.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 2020 y 2024, Estados Unidos suministró el 66 % del armamento pesado importado por Israel. Además, desde 1948 ha entregado más de 130.000 millones de dólares en asistencia bilateral.
Pero ¿esto convierte a Washington en responsable directo de los crímenes cometidos en Gaza? La respuesta, según expertos en Derecho Internacional Humanitario, es compleja. Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, señala que “la venta de armas per se no está prohibida; se trata más de un asunto ético que legal”. La responsabilidad jurídica recae sobre quien las utiliza.
No obstante, el respaldo político y diplomático de EE. UU. sí puede ser considerado corresponsabilidad. El veto sistemático en el Consejo de Seguridad de la ONU, la obstrucción de resoluciones humanitarias y la cobertura a funcionarios israelíes con órdenes de captura internacional son elementos que, según Abello, configuran una conducta contraria al derecho internacional.
El caso de Gaza revela las limitaciones del derecho internacional frente a las grandes potencias. La demanda de Nicaragua contra Alemania por exportación de armas a Israel no ha avanzado, y la posibilidad de sancionar a EE. UU. por su rol en el conflicto parece remota.
Washington ha demostrado su capacidad para reinterpretar figuras jurídicas a su favor, como lo hizo tras el 11-S con la “legítima defensa preventiva” o en Abu Ghraib con la redefinición de tortura. Además, ha firmado pocos tratados internacionales, lo que le permite operar en los márgenes del sistema legal global.
