Por: Leonardo Granados/ Para entender el problema eterno de los barranqueños frente al alto costo de la energía, debe acudirse indiscutiblemente a la línea histórica de la producción de la energía en nuestro país.
En materia de servicios públicos, particularmente de energía, hay un antes y un después de las Leyes 142 y 143 de 1994. Hasta entonces la prestación del servicio era privativa del Estado y las tarifas eran determinadas por este. Pero a partir de la Constitución de 1991 y en virtud de estas dos leyes se estableció una nueva arquitectura institucional, donde la iniciativa privada interviene desde la generación hasta la distribución de energía eléctrica.
Según el texto legal, la prestación del servicio de energía debe ser “eficiente, con calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”.
Pero los principios de solidaridad y equidad en este nuevo modelo han sido relegados, es así que la mezcla entre sector público y privado ha permitido que Colombia cuente con un sistema que garantiza la confiabilidad y permanencia del servicio.
Por ejemplo, durante los últimos 20 años se han registrado tres episodios del fenómeno del Niño -el mismo que hizo colapsar el sistema eléctrico entre 1992 y 1993- sin que se tuviera que racionarse la prestación del servicio. Pero los costos se han elevado al punto de arruinar la canasta familiar de los usuarios.
Esto se debió en mucho al llamado “cargo por confiabilidad”, una especie de seguro que ha hecho posible ejecutar los proyectos contemplados dentro del Plan de Expansión Eléctrica. Lo que evidencia que el crecimiento de la demanda no podría darse sin la garantía, solidez y respaldo al Sistema Interconectado Nacional de un sector de generación eléctrica que responde a las necesidades del país.
Durante 2019 se adicionaron 150 MW de nueva capacidad, para llegar a 17.462 MW., así lo afirma el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), sin embargo, este cargo por confiabilidad ha aumentado los costos y debe replantearse en la medida que ya tenemos capacidad instalada de producción de energía.
Las tarifas crecientes por bloques de consumo fueron introducidas en el sector eléctrico por medio del Decreto 2545 de 1984 y de la Resolución 86 de 1986 de la Junta Nacional de Tarifas. Para el sector residencial se definieron tres rangos de consumo: básico, hasta 200 KWh-mes; intermedio, entre 200 y 400 KWh-mes y superior o suntuario, más de 400 KWh-mes.
La Ley 142 retoma la noción de consumo básico indicando que los subsidios no podrán exceder los consumos básicos o de subsistencia. (Ley 142, artículo 99.5). La Ley 143 define el consumo de subsistencia como la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de energía final. (Ley 143, artículo 11).
Desde entonces la estructura tarifaria de los servicios públicos domiciliarios – energía eléctrica, gas por redes y acueducto y alcantarillado – comprende dos rangos de consumo que para efectos de la facturación se liquidan con tarifas diferentes. Al rango de consumo básico se aplica una tarifa subsidiada en el caso de los estratos 1, 2 y 3. Por encima de ese rango la tarifa aplicada es igual al costo pleno del servicio.
En principio el rango de consumo básico o de subsistencia debe ser igual a la cantidad mínima requerida para satisfacer lo que se consideran las necesidades básicas de las familias. La definición empírica de esta cantidad es bastante problemática pues involucra variables físico-biológicas, culturales, climáticas como las de Barrancabermeja y la costa.
Los rangos de consumo actualmente vigentes en los servicios de acueducto y alcantarillado, electricidad y gas combustibles fueron establecidos a mediados de los noventa. Pero el único que desde entonces se ha modificado es el de electricidad. En 1996 se había fijado en 200 KWh (Ley 188 de 1995 y resolución CREG 114 de 1996) y en 2004 se redujo a 173 KWh para climas calientes y 130 KWh-mes para climas templados y fríos (Resolución UPME 0355 de 2004).
El calvario de los barranqueños
Conforme observamos que el negocio de la energía en Colombia se privatizó y cada día se vienen aumentando los recibos de energía, en una ciudad que tiene un promedio de clima entre los 35 a 42 grados, donde tener un aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad, como al igual ventiladores y neveras, son electrodomésticos que garantizan condiciones dignas para vivir, pero la realidad tarifaria que tenemos en Barrancabermeja es descomunal, siendo así, que los usuarios trabajan para pagar arriendo, servicios públicos y medio comer, es por esto que los barranqueños con el recibo de la luz del mes de febrero pegaron el grito en el cielo y esto sin haber iniciado la cuarentena del Covid-19, estratos bajos con recibos de $300 y 400 mil pesos.
Para tener un ejemplo, me permito ilustrarlos en el siguiente caso de nuestra oficina en el edificio Terzetto:
El pasado mes de diciembre de 2019, la ESSA facturó entre el periodo de 28 de noviembre al 28 de diciembre de 2019 un valor de consumo de $ 241.225 mil pesos por un consumo promedio de 445 Kv/mes.
La oficina de abogados fue cerrada el 20 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020, fecha de la vacancia judicial, donde no hubo presencia de ningún abogado porque estábamos en vacaciones y de forma extraña nos llega un recibo por valor de $188.981 mil pesos, comprendido en el periodo del 29 de diciembre de 2019 al 28 de enero de 2020, con un supuesto consumo promedio de 406 Kw/mes, cuando no había personal, no se hizo uso del aire acondicionado, ni de los equipos eléctricos porque la oficina estaba sola, nadie estuvo presente por estar en vacaciones, siendo esto un abuso de la ESSA y esta no puede cobrar ni siquiera el cargo fijo.
Aunado a lo anterior el presente mes nos llega el recibo por el valor de $428.963 mil pesos comprendido en el periodo del 29 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020, con un supuesto consumo promedio de 303 Kw/mes, es decir, el doble del valor por menos consumo de kilovatios.
Insisto, esto constituye una desviación significativa de energía, y que debe ser reajustado al consumo promedio es decir $240.000 mil pesos, es evidente el abuso al pretender incrementarnos casi el 100% del valor promedio con los mismos electrodomésticos de nueva tecnología inverter y lo más grave estando la oficina sola pues factura en tiempo de vacaciones donde no hay nadie en dichas instalaciones.
Este pequeño ejemplo es el dolor de cabeza de los barranqueños todos los meses, nunca tenemos una tarifa confiable y la ESSA viene diciéndole a los usuarios paguen y luego reclamen, los privados cada día más ricos y los usuarios cada día mas atribulados, pero indefectiblemente esto tiene que cambiar.
EPM es ahora dueño del 73% de la Electrificadora de Santander y del 13% de Hidrosogamoso y le suministra a Barrancabermeja la energía del corredor energético antioqueño, el mismo que le suministra a Yondó (Antioquia), pero solo por el hecho de cruzar los cables por el río Magdalena nos aumenta la tarifa descaradamente, aunque eso va en contra de los principios de solidaridad y equidad que habla la Ley 142 de 1994. Para mayor claridad veamos este pequeño cuadro comparativo:
No es justo que del mismo corredor energético nos aumenten las tarifas de forma descarada. Pero el fondo del asunto lo resumo en tres aspectos que deben reformarse urgentemente y los clasifico así:
- Monto de subsistencia
- Tarifa preferencial tropical KWM
- Tarifa de alumbrado publico
1.-La imperiosa modificación de la resolución 0355 de 2004, para establecer el monto básico de subsistencia a 220 Kw para los usuarios de zonas cálidas o áreas tropicales tengan más garantías y menor costo, de modo que los niveles de subsidio sean cercanos a la realidad de consumo.
2.-Establecer un valor de Kw más económico para las zonas tropicales, esto implica, impulsar en el Congreso de la República, el proyecto de ley del estatuto de servicios públicos, que presento el Partido Mira en cabeza de los senadores Alexandra Moreno Piraquive y Manuel Virgüez, quienes propusieron una reforma estructural para derogar la ley 142 y hacer del estatuto una norma que cumpliera con el espíritu de la constitución de 1991. Con fórmulas tarifarias más equitativas, que no promueva inequidades entre usuarios y empresas prestadoras, pero no veo compromiso de los parlamentarios de Santander, pero debemos impulsarlo las nuevas generaciones.
3.- Pero definitivamente el golpe más fuerte de pago mensual en el recibo de la luz, es la desbordada y desfavorable tarifa de alumbrado público, del 10 y 8% del valor del consumo mensual de energía, un robo absoluto, para unas familias que se ha enriquecido en Barrancabermeja a costillas de los usuarios, y financian campañas políticas a la alcaldía, para mantener su negocio que durante más de 20 años han mantenido y esto debe terminar.
Debo significar, que las luminarias LED para iluminación pública son ideales porque usan menos energía y con uniformidad mejorada. Estas luminarias LED también tienen una vida significativamente más larga y ofrecen un mejor mantenimiento de luz, eficiencia energética, durabilidad, calidad de color, distribución de luz, gestión térmica y bajos costo.
Pero, aunque son de bajo costo, no baja el valor del alumbrado público y si aumentan las ganancias de los dueños. Una luminaria LED consume un promedio 44 w por 12 horas, lo que significa un ahorro del 80%, esto quiere decir que una lámpara LED no alcanza a consumir 3 mil pesos mensuales, pero alumbra 8 viviendas y cada vivienda en Barrancabermeja paga entre 150 mil y 300 mil pesos de estratos bajos, y por una luminaria recaudan más de 130.000 mil pesos, que negocio redondo, pero estas cifras han querido ocultarlas por años, recordemos que este negocio fue montado por Elkin Bueno y sus amigos contratistas Héctor Valencia y sus socios.
Finalmente, el Alcalde Alfonso Eljach tiene el compromiso de cambiar el chip y de acabar con este negocio que empobrece a los ciudadanos, debemos establecer una tarifa justa que se ajuste al consumo real del alumbrado público y el mantenimiento de las redes, volviendo a Iluminación Yariguies una empresa pública que permita que los ingresos sean para inversión de nuestra ciudad y no seguir cultivando caciques politiqueros.
*Abogado
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