Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Lo de los mal llamados “Falsos positivos” debería representar la vergüenza más grande para el Estado Colombiano, pues como consecuencia de este episodio de horror en el que se vieron involucrados más de 100 batallones del Ejército Nacional, existen cerca de 6000 familias colombianas que aún claman justicia y lloran sus hijos injustamente acribillados.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entre el 2002 y 2008 se cometieron 6.402 ejecuciones extrajudiciales (como las denomina el derecho internacional humanitario) a manos del Ejército de Colombia y no 2248 como lo quiso hacer ver la Fiscalía General de la nación, minimizando el hecho.
6402 jóvenes colombianos de escasos recursos, sin empleo e incluso con discapacidades físicas, que fueron reclutados por efectivos del ejército en diferentes partes del país, con la promesa de brindarles un trabajo estable y digno, para después aparecer fusilados con tiros de gracia, en fosas comunes, con botas de caucho nuevas y fusiles oxidados, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.
Estos asesinatos tenían como objeto, aparentar resultados exitosos en contra de la guerrilla colombiana, para que los miembros del ejército accedieran a ascensos, condecoraciones, premios, viajes e incentivos económicos, dentro de un programa de estímulos del presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, que se había reglamentado mediante el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. El que más bajas presentara, más estímulos recibía.
Hoy cerca de 15 años después de tan vergonzantes hechos y luego de que en el proceso de paz con las Farc se instituyera la JEP, se avivan las esperanzas que para estos 6402 jóvenes fusilados exista algo de justicia, el mismo hecho de reconocerlos, ya dignifica su nombre póstumamente. La JEP como parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, busca defender los derechos de las víctimas del conflicto y teniendo como base la verdad de lo ocurrido procura por una justicia restaurativa del daño causado.
Pero el trabajo de esta Jurisdicción especial para la paz, no ha sido ni será fácil, personas muy influyentes en el Gobierno Nacional tienen cuentas pendientes con los colombianos, y harán todo lo posible por no saldarlas y porque las evidencias duerman el sueño de los justos en los anaqueles de las Instituciones que deberían investigarles, colocando palos a la rueda para que la verdad nunca salga a flote.
Ya se comprobó, por ejemplo, que la fiscalía general de la nación le ocultó material probatorio a la JEP en el proceso contra un jefe guerrillero y está claro que al Gobierno no le interesa que se conozca el aporte de sus militares y de sus funcionarios al conflicto interno que ya cumple más de medio siglo.
Prueba de ello, es que cuando la JEP imputó al secretariado de las extintas Farc delitos de lesa humanidad, el Gobierno airoso en cabeza del presidente, dando credibilidad a lo imputado solicitó la cabeza de quienes están en el congreso en representación del grupo guerrillero, pero cuando la misma JEP público el número real de personas asesinadas en los falsos positivos el gobierno insiste en desprestigiar y enlodar el nombre de la Jurisdicción especial.
El comandante del ejército, ante la publicación del número real de jóvenes asesinados, comparó a la JEP con víboras venenosas, el mismo comandante del ejército que ofreció condolencias por la muerte de alias “Popeye”, se conduele por la muerte del gatillero de un narcotraficante, pero se muestra odioso, prepotente e indolente cuando se trata de la muerte de más de 6 mil jóvenes pobres. Le vendría bien algo de nobleza señor comandante, algo de vergüenza.
Queda claro, que no quieren contar la verdad sobre lo ocurrido y en esta guerra de tantos años, duelen igual y reprochamos igual las muertes causadas por la guerrilla, como las muertes ocasionadas por el actuar delictivo del Estado y si queremos realmente cerrar este episodio de guerra es claro conocer de parte y parte la verdad sobre los hechos.
Respaldo a la JEP, pero respaldo más la idea de que se conozca la verdad, las Madres de los jóvenes de los falsos positivos, así como las Madres de tantos soldados y policías asesinados, merecen que les pidan perdón, que les “reparen” por el daño causado, por ello, como ciudadano exijo al Gobierno nacional garantías para la JEP, pero le exijo también a esta, que con el mismo racero esculque el actuar de todas las partes, para que quien tenga cuentas pendientes con las paz de nuestro país, responda por lo que hizo, repare sus víctimas o de lo contrario pague por ello.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
