El gobierno de Venezuela le quitó cinco ceros a su moneda, en un esfuerzo para facilitar las transacciones y la contabilidad de la economía. Desde ayer la nueva unidad monetaria es el bolívar soberano, que equivale a 1.000 de los anteriores bolívares fuertes. Por causa de la hiperinflación, la antigua unidad monetaria perdió su valor respecto de los bienes y servicios, por lo cual se necesitaba una gran cantidad de ella para adquirirlos y llevar a cabo todas las transacciones diarias de la economía.
La redenominación de la moneda hace parte de un conjunto de medidas económicas, denominado Plan para la Recuperación Económica, dirigido a combatir la hiperinflación y la depresión de la economía. En la actualidad se estima que la inflación está cerca del 100.000% anual y se proyecta en 1.000.000% anual al finalizar el año, mientras que el PIB cayó 14% el año pasado y se prevé que lo haga 15% este año, al tiempo que el desempleo fue de 27% en 2017 y se calcula que llegará a 33% al finalizar 2018.
Antes de suprimir cinco ceros a la unidad monetaria, el gobierno llevó a cabo una devaluación del bolívar fuerte de 95%, con lo cual quedó en 6 millones de bolívares fuertes o 6.000 bolívares soberanos.
El plan contempla, en segundo lugar, aumentar el salario mínimo en 5.900%, a partir del primero de septiembre, de 3 a 180 millones de bolívares fuertes, con lo cual quedará en 1.800 bolívares soberanos.
En tercer lugar, el plan ancla el valor del dólar al del petro, que es la criptomoneda del gobierno de Venezuela. Para lograrlo se estableció la equivalencia del valor del petro a 3.600 bolívares soberanos y al precio del barril del petróleo venezolano, cuyo promedio es de cerca de US$60 en los mercados internacionales. Con ello se pretende que el petróleo respalde tanto al petro como al bolívar soberano, para darles credibilidad entre los ciudadanos, de modo que no se deprecien con facilidad.
En cuarto lugar, se anunció la apertura de un mercado libre de divisas, con la creación de 300 casas de cambio autorizadas y una reforma a la Ley de Ilícitos Cambiarios, que regula el régimen actual. Este implementa un severo control cambiario, en el cual solo las autoridades autorizan el cambio de divisas por medio de un sistema de subastas, en las cuales se tranza apenas un 10% de los dólares que circulan en el país. Las subastas determinan la tasa de cambio oficial, que es mucho menor que la que surge en el mercado ilegal, donde se intercambia el 90% restante de las divisas.
El Gobierno anunció también que aumentará la frecuencia de las subastas de moneda extranjera hechas por el banco central, a tres o en caso de necesidad a cinco por semana. Dado el bajo valor de la moneda nacional por la hiperinflación, el exceso de demanda por dólares genera una fuerte devaluación, que a su vez aumenta la inflación, en una economía que tiene que importar una gran cantidad de los bienes y servicios que consume.
Por último, el plan aumentó la tarifa del IVA del 12 al 16% y eliminará varios subsidios a la gasolina, sin especificarlos todavía.
Con una alta probabilidad, la devaluación, el incremento del salario mínimo, el aumento de la tasa del IVA y la subida del precio de la gasolina alimentarán la hiperinflación que hay en el país, luego de que los consumidores y los empresarios digieran el cambio de la redenominación de la moneda.
Como medida contra la inflación la redenominación de la moneda es ineficaz. Ayuda a reforzar la credibilidad de las autoridades económicas, después que éstas adoptan otras medidas eficaces para eliminar las causas de la hiperinflación. Para lograrlo se requiere antes adoptar la disciplina fiscal y monetaria. Con este propósito en Venezuela es necesario, entre otras cosas, reducir el déficit fiscal y dejar de financiarlo con la emisión monetaria del banco central. Los analistas calculan que el déficit gubernamental en ese país es cercano al 30% del PIB.
Es menester, además, lograr una expansión de la oferta de bienes y servicios en el mediano plazo, que se contrajo debido a la crisis. Esa economía debe, por tanto, restablecer su capacidad de crecimiento, por medio de la adopción de un entorno institucional que favorezca la actividad económica, en lugar del actual, que la impide.
Pocos creen que el petro tendrá éxito, por tratarse de una criptomoneda respaldada por un gobierno cuya legitimidad cuestionan la mitad de la población y casi todos los países del mundo, justo cuando la naturaleza de esta modalidad de dinero se estableció para liberarla del control de los Estados. Además, entre los agentes de los mercados internacionales existe la sospecha de que el gobierno venezolano carece de la tecnología informática sofisticada que requieren la emisión y el intercambio de una criptomoneda.
En consecuencia, el petro no será un instrumento que provea muchos ingresos al Estado venezolano, ni una gran cantidad de moneda extranjera. No podrá reemplazar, por tanto, los ingresos que se perdieron con la reducción de la producción de petróleo, por la falta de inversión y de experticia que padece en la actualidad PDVSA.