Por: Graciliana Moreno Echavarría/ El próximo domingo 26 de agosto, la ciudadanía está convocada a participar de la Consulta Popular Anticorrupción, manifestando su voz mediante el voto, para proscribir un conjunto de prácticas que han hecho carrera en el mundo público, envileciendo la legítima función política.
La consulta utilizará un tarjetón preguntando a la ciudadanía sobre los siguientes 7 temas: 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. 2. Cárcel a corruptos y prohibición de volver a contratar con el Estado. 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio, y 7. No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.
De acuerdo con el juicioso y detallado estudio diagnóstico adelantado por Dejusticia*, la corrupción en Colombia, es un fenómeno social amplio y complejo, el cual no debe percibirse únicamente como actos individuales y aislados, sino especialmente como un verdadero cáncer o fenómeno que se produce y reproduce principalmente debido a la existencia de ciertas condiciones socio-políticas y culturales; y a ciertas condiciones institucionales que la favorecen.
Y aunque son múltiples las formas y tipos de delito reconocidas en nuestra legislación y muy a pesar de que existe al menos una sanción penal y/o disciplinaria para cada una de las formas de corrupción más identificadas por la literatura, éstas campean como el pan de cada día en la actuación pública, a través de reconocidos delitos como el soborno, la extorsión, la malversación de fondos, la apropiación de bienes públicos y bienes de uso privado, el fraude, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, el nepotismo, la colusión privada y el uso de información privilegiada para tomar decisiones económicas o sociales privadas.
Dentro de las principales condiciones socio-políticas y culturales se señalan la existencia de la debilidad institucional del Estado, el clientelismo y el narcotráfico, como elementos consustanciales en el que gravita la corrupción. La debilidad institucional se manifiesta en la existencia de instituciones débiles (Contralorías, Procuradurías y demás ÍAS) que no logran imponer el imperio de la ley y que por consiguiente, deben estar en constante negociación con actores políticos a través de los cuales se representa la captura del Estado para fines privados.
En consecuencia, la incapacidad del Estado para ejercer el imperium de la ley ha desembocado en la primacía de redes locales y regionales de poder, que han impedido que el Estado logre diferenciarse de los intereses privados de los sectores dominantes.
En segundo lugar y como parte de este contexto socio-político y cultural que favorece la corrupción, se encuentra el fenómeno del clientelismo. Entendido éste como una práctica legendaria en la historia política del Estado colombiano y mecanismo no institucional de lealtades asimétricas mediante el cual se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral.
El tipo de clientelismo, que predomina actualmente es el clientelismo de mercado, fundado en el patrimonialismo y el favoritismo, que tiene un carácter predominantemente local y tiene a los políticos como protagonistas y se vale de la existencia de nuevas reformas institucionales tales como la descentralización, la elección popular, los mecanismos de participación para conseguir recursos, muchas veces de tipo ilegal, así como de la instrumentalización de las necesidades y derechos conculcados de la ciudadanía.
El tercer aspecto que contribuye a la reproducción de la corrupción es el fenómeno del narcotráfico. Tal como se señala en el estudio referenciado de Dejusticia y según lo afirmado por Francisco Thoumi (1999), la existencia de impunidad y de controles sociales debilitados lleva a que ciertas sociedades sean más proclives que otras a producir bienes ilegales.
El narcotráfico es una economía ilegal, que en tanto genera riesgos, requiere de ciertas inmunidades para poder subsistir. Por esa razón, los empresarios de la droga deben desarrollar mecanismos de protección eficaces para el desarrollo de sus actividades, como lo son los grandes recursos en capital, el secreto y la violencia.
Estas condiciones sociopolíticas del Estado colombiano son propicias para el desarrollo de fenómenos como el clientelismo y la llamada “cultura mafiosa”, que según Mauricio García y Javier Eduardo Revelo (2010), está soportada en un tipo de prácticas sociales muy cercanas a la sociabilidad clientelista y tiene un orden basado en la figura del “patrón local” (“tranquilo mijo, aquí no pasa nada” o “usted no sabe quién soy yo”), un sistema informal de justicia y la práctica del incumplimiento de las reglas, también llamada “cultura del desacato”.
De acuerdo con los autores, si bien esta cultura viene desde los tiempos de las colonias española y portuguesa, la misma se acentúa en contextos que han padecido el clientelismo y el narcotráfico, pues estos fenómenos generan una concepción flexible y negociable de la ley y por ende, una determinada disposición cultural frente a las reglas.
La cultura del incumplimiento de las reglas es contraria a la cultura ciudadana y de la legalidad. En contraste, se trata de una cultura en la que no se está dispuesto a aceptar el imperio de la ley, a menos de que la misma sea favorable para los propios intereses. En esa medida, la ley es vista únicamente como un instrumento que se respeta cuando es útil para los fines personales, y se burla cuando resulta inconveniente.
Claro ejemplo de ello tenemos, en la actitud y el comportamiento que hoy manifiestan algunos sectores políticos que inicialmente apoyaron la Consulta Anticorrupción (período preelectoral) y una vez elegidos ya hoy reniegan de la misma.
Resulta pertinente y urgente la implementación de medidas conducentes a reducir el poder monopólico y la discrecionalidad de los funcionarios públicos y los políticos en varios de los escenarios de generación de rentas económicas, aumentar su rendición de cuentas, e incrementar las posibilidades de investigación y juzgamiento de las conductas corruptas.
En consecuencia la Consulta Ciudadana Anticorrupción responde a la pretensión de aumentar el poder decisorio de la ciudadanía y dotar al Estado de nuevos instrumentos legales, a través de los cuales se haga posible una intervención más integral al complejo fenómeno de la corrupción. Por ello es imperiosamente necesario que la ciudadanía en ejercicio de su naturaleza de constituyente primario y su capacidad transformadora, se movilice el próximo 26 de agosto a votar positiva y masivamente las 7 preguntas que formula la Consulta Anticorrupción ¡Manos a la obra!
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*Newman Pont, Viviam y Angel Arango María Paula. Sobre la corrupción en Colombia: Marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. Fedesarrollo -Agosto de 2017. Ver link. Fecha de consulta: Agosto de 2018.
Twitter: @graciliana61
