Un árbol enfermo cayó en Piedecuesta y mató a dos personas, revelando la negligencia institucional en la gestión del arbolado urbano. No fue accidente, sino homicidio por omisión: trámites lentos, populismo ambiental y ausencia técnica que convierten cada parque y calle en amenaza latente.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ El domingo pasado en La Españolita, en Piedecuesta, Jaime Hernández y su pasajera, Yuri Mantilla, murieron en segundos. Iban en moto, como cualquiera de nosotros, sin sospechar que la muerte no vendría desde el destino, sino desde arriba: un árbol enfermo, podrido por dentro, que llevaba meses avisando su colapso. Pero en esta ciudad, aunque los árboles gritan, las instituciones los silencian. Y cuando el Estado pone mute, la naturaleza termina hablando a las malas.
Quieren llamar esto “accidente”, pero no lo es. Accidente es lo inesperado. Esto era predecible, evitable, anunciado.
Lo que ocurrió fue negligencia institucional: un homicidio asistido por la inacción de quienes deben gestionar el riesgo. Y lo más preocupante es que no es un caso aislado, sino la foto real del estado del arbolado urbano: enfermo, mal cuidado, envejecido y administrado por oficinas que funcionan más como agencias de publicidad que como autoridades ambientales.
Bucaramanga y su área metropolitana están llenas de árboles con ganoderma y fusarium, pudriciones internas, troncos huecos, raíces asfixiadas por concreto y cables que cortan la vida como cuerdas.
Árboles con inclinación, ramas muertas, chancros visibles. Señales que cualquier técnico reconocería. Pero claro: primero está la foto en la sembratón, luego el post en Instagram, y de último –muy de último– la gestión del riesgo.
Las instituciones repiten cifras como si eso sostuviera árboles: la CDMB habla de “estudios”, el ICA de “diagnósticos”, la alcaldía de “planificación” y la EMAB de “8.072 árboles intervenidos”. Intervenidos… ¿dónde? ¿con qué criterio? ¿por qué, si miles fueron intervenidos, uno de estos no evitó dos muertes? Porque intervenir no es cuidar. Porque un árbol en riesgo no se salva con un comunicado. Porque mientras ellos firman actas, los hongos siguen avanzando.
A esto se suma un actor peligroso: el ecologista de redes sociales. Ese personaje que confunde ciencia con sentimentalismo, que grita “¡asesinos de árboles!” ante cualquier poda técnica, que no distingue un hongo de un fruto, pero sí sabe grabarse llorando para TikTok. Son los guardianes del populismo ambiental, y lo grave es que los políticos les tienen más miedo a ellos que a la posibilidad de que un árbol mate a un ciudadano.
Y mientras tanto, los trámites ambientales siguen siendo una broma de mal gusto: un permiso para intervenir un árbol en riesgo puede tardar tres o cuatro meses. Pero si un ciudadano, viendo que el árbol está a punto de caer, decide actuar, ahí sí aparece la autoridad en minutos con comparendo en mano. La ironía es grotesca: perseguimos al que intenta prevenir y protegemos burocracias que, por lentas, matan.
¿Y los $6.500 millones anunciados para “zonas verdes”? Lo visible son barridos, jardines ornamentales y funcionarios felices tomando fotos con palitas. De manejo fitosanitario serio, nada. De monitoreo técnico, nada. De gestión del riesgo, menos. Una ciudad gobernada con cámara y no con cabeza.
Aquí viene la parte incómoda: esto te puede pasar a ti. Todos cruzamos calles bajo árboles enfermos que nadie revisa. Todos tenemos familiares que pasan por parques donde los árboles están huecos.
Todos nos movemos por vías donde una rama podrida puede convertirse en sentencia. La muerte de Jaime y Yuri no es una tragedia aislada: es un aviso. Una señal clara de que el modelo actual no funciona.
El verdadero peligro no es el árbol. Es la sumatoria de acciones tímidas, decisiones populistas, activismo sin ciencia, instituciones sin liderazgo técnico, permisos que no llegan y diagnósticos que nunca se traducen en intervenciones. El peligro es un sistema que teme más a los comentarios negativos que a la obligación de proteger vidas.
Además, es vital resaltar que existen normas legales en Colombia que regulan cómo y cuándo se puede intervenir un árbol urbano, y estas se han violado sistemáticamente en casos como el de La Españolita. Por ejemplo, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.3, exige autorización técnica para podas o talas de árboles aislados cuando representan un riesgo por su estado sanitario o ubicación. Según el Decreto 1791 de 1996, esa autorización debe incluir una visita de un funcionario competente para verificar técnicamente la necesidad de la intervención.
Además, normas sectoriales como el Decreto 2981 de 2013 establecen que las empresas de aseo que realizan podas deben cumplir lineamientos técnicos y de seguridad, y que la poda sólo puede hacerse con permiso en zonas públicas específicas.
También se ha propuesto la Ley 2173 de 2021, que obligaría a los municipios a tener un “plan de arbolado urbano” y censar todos los árboles, otorgando protección especial a aquellos árboles urbanos.
Esta normativa no es un mero adorno legal: está diseñada para prevenir riesgos, garantizar que las podas sean técnicas y seguras, y proteger a los árboles que realmente importan.
Cuando esas reglas no se cumplen, el resultado puede ser fatal, como lo fue la tragedia de Jaime y Yuri.
Y entonces, la reflexión final es inevitable: ¿cuántos muertos más necesita Bucaramanga para entender que un árbol enfermo no es un adorno, sino una amenaza? Hoy fueron Jaime y Yuri. Mañana puede ser cualquiera. Tú, tu familia, tus hijos, tu vecino. Cuando un árbol cae, no revisa credenciales ni ideologías. Solo cae.
Y cuando caiga sobre tu carro, tu moto o tu casa… ¿a quién le vas a echar la culpa?
¿A la naturaleza?
¿O a quienes la dejaron morir primero… para que después matara?
…
*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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