Tras cinco años del proceso contra del exdirector de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren Rincón, por fin se conoció una decisión judicial en su contra. Desde octubre de 2013, su expediente por el ya conocido caso de las “chuzadas” parecía estar cerrado con su absolución, pero en las últimas horas revió por una cuenta de una decisión que ahora lo responsabiliza.
Según se conoció este viernes, el Tribunal Superior de Bogotá, en las últimas horas, lo condenó a 11 años y medio y emitió una orden de captura en su contra.
Aranguren fue investigado por pedir y entregar información privilegiada sobre los movimientos financieros de un grupo de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, por petición por el extinto Departamento de Seguridad (DAS). Todo esto en el gobierno del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Aunque en ese entonces la juez décima Penal de Bogotá, Magda Cecilia Artunduaga, no encontró méritos para condenarlo, el Tribunal consideró que él hizo parte de una organización ilegal.
En ese momento, la funcionaria aceptó la petición de la Fiscalía que consideró que, en un proceso penal de tres años, no se allegó al despacho una prueba documental o testimonial que permitiera deducir alguna irregularidad en sus actuaciones. Aunque dos años después, la Corte Constitucional compulsó copias para que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá investigara a la jueza por las declaraciones hechas durante la lectura del fallo.
Junto a Aranguren, el exsubdirector de la misma entidad, Luis Eduardo Daza, también había sido absuelto por la juez, pero el Tribunal le revocó su absolución y lo condenó con el mismo tiempo por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir.
