Pese a que el Gobierno Nacional tiene confianza en que saldrá bien librado de la demanda interpuesta por un grupo de más de 50 excongresistas para recuperar sus megapensiones, está tomando todas las medidas jurídicas para evitar cualquier sorpresa.
Los demandantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que la rebaja de pensión ordenada por la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional los afectó.
La demanda obedece a que ese fallo les puso un tope a las denominadas megapensiones, las cuales quedaron en un máximo de 25 salarios mínimos, que a plata de hoy son unos 25 millones de pesos mensuales.
Claro que este tipo de acciones judiciales ante la CIDH no son algo nuevo para el Gobierno. Varios excongresistas han acudido ante ese tribunal con el mismo argumento y han fracasado en el intento.
Y la nueva demanda, que ya tiene admisibilidad de la Comisión, fue interpuesta por María Alicia Cabrera, en representación de los exparlamentarios.
El asunto, sin embargo, no es menor pues los excongresistas quieren que se declare responsable al Estado colombiano de violar los derechos a la seguridad social y a la propiedad por la reducción de sus mesadas pensionales.
A pesar de que la CIDH ha declarado inadmisibles reclamaciones previas, este grupo de pensionados acude a dicho órgano alegando la violación de sus derechos humanos, por lo que solicitan que haya indemnización del Estado.
Además, en sus pretensiones incluyen que se les restablezcan sus mesadas pensionales a los montos que devengaban antes de la decisión de la Corte Constitucional.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado trabaja en el pronunciamiento del Estado colombiano, coordinando la recopilación de información necesaria con el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
De acuerdo con cálculos preliminares, Fonprecon, entidad que, en caso de ser declarado responsable el Estado colombiano, tendría que pagar solo a este grupo de pensionados más de ochenta mil millones de pesos.
Pero en caso de extenderse la medida a la totalidad de megapensiones de los excongresistas, la suma sería cercana al billón de pesos.
