Por: Yuli Metaute Londoño/ Este año, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública en la que participaron líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Procuraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Presidencia de la República.
El motivo de la audiencia era analizar las falencias en la protección de defensores de derechos humanos. En ese momento, el Alto Tribunal estudiaba nueve tutelas interpuestas por 18 defensores a quienes el Estado les había negado la protección.
¿Una cortina de humo?
Pues sí, debían dar la impresión de que a los entes les interesa la vida de los que sí se atreven a aportarle algo a las comunidades del país con su trabajo, poniendo en riesgo sus propias vidas.
Porque los funcionarios públicos, los mismos que viven de los impuestos de nosotros los colombianos, nunca dejan de sorprender cuando de ser corruptos y abusivos se trata.
Esto lo dejó en evidencia las denuncias recientes por la Revista Cambio, que dan clara muestra de lo poco que les importa la vida de personas en alto riesgo, mientras las de ellos y hasta las de sus mascotas, son protegidas con recursos del Estado y sin el mayor asomo de vergüenza.
Es tal el despilfarro revelado en los medios en los últimos días que Colombia, ni siendo una nación rica, podría pagar funcionarios con lujos semejantes.
Gracias a estas investigaciones periodísticas se comprobó, por ejemplo, que la familia de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, no les dan un uso adecuado a las camionetas de la Unidad de Protección Nacional.
Según testigos, estos automotores son también utilizados por sus hijos y la Duster, se utiliza eventualmente para llevar insumos del negocio de postres de Luisa Lafaurie.
Contradictoriamente mientras la camioneta está la mayoría de tiempo parqueada en un andén de Teusaquillo, hay líderes sociales, periodistas, testigos, que pelean por un esquema de seguridad en la UNP y no se les ha asignado ni siquiera un escolta.
Esta camioneta al igual que las blindadas junto a las que regularmente se encuentran parqueadas, hace parte de un esquema de seguridad asignado por la UNP a la senadora del Cabal. Por esta camioneta, los colombianos pagamos con nuestros impuestos $7.423.622 al mes.
Este caso contrasta con la situación de miles de defensores de derechos humanos, reclamantes de restitución de tierras y víctimas de violencia que solicitan protección sin que sus peticiones sean atendidas. Es increíble que Cabal y los suyos, no usen los siete vehículos asignados y los tengan parqueados al sol y agua, mientras hay gente necesitando, esperando a que les asignen unas medidas que nunca les llegan. Hay personas que han muerto esperando esas medidas.
Según cifras de la UNP, el costo de un esquema de protección varía de acuerdo con la cantidad de hombres y tipos de vehículos asignados.
Un escolta vale $7.044.667 al mes; un vehículo blindado $11.991.872, un vehículo sin blindaje $7.423.622 y una motocicleta $2.500.000. Pero hay otros valores adicionales: las armas, chalecos y otros implementos asignados a los esquemas de seguridad también tienen un costo mensual.
Es decir, un esquema de seguridad como el de la familia Lafaurie-Cabal, que cuenta con cuatro camionetas blindadas, tres convencionales y 12 escoltas de la UNP, podría costarnos $161.557.730 al mes.
Lo dicho, en Colombia la corrupción y desfachatez de muchos funcionarios públicos, no tiene límites, y si no, que lo niegue el Fiscal Barbosa, el mismo que supuestamente se encarga de perseguir a los corruptos ladrones del erario público, quien utiliza una de las camionetas para transportar a sus mascotas las cuales cuentan con sus propios escoltas.
¿Y la seguridad para los 529 periodistas que solicitaron protección a la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022? Las peticiones negadas ya sumaron 401. ¡Hágame el bendito favor!
La avidez burocrática del fiscal y de muchos funcionarios públicos nos seguirá costando a los colombianos millones de pesos al año y no pasa nada.
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*Comunicadora Social y Periodista, locutora, presentadora de TV. Adscrita a la Asociación Colombiana de Periodistas de Bogotá. Actualmente labora para RCN Radio, conduciendo noticiero, programa deportivo y transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. Directora de Cotorra Digital.
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