Bucaramanga enfrenta demoras, barreras administrativas y sobrecarga en servicios de salud, en particular por el aumento de población migrante. La Personería impulsa vigilancia, articulación institucional y canales como CASSIB para garantizar el derecho fundamental a la salud y mejorar la atención. La salud, un derecho fundamental que enfrenta retos persistentes.
La salud es un derecho fundamental autónomo en Colombia, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en sentencias como la T‑760 de 2008 y la T‑408 de 2025, que advierten que ningún trámite administrativo puede convertirse en barrera para acceder a servicios esenciales. Sin embargo, en ciudades como Bucaramanga, garantizar este derecho sigue siendo un desafío diario.
La Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado un aumento en las quejas relacionadas con demoras en citas médicas, falta de oportunidad en cirugías y obstáculos administrativos impuestos por algunas EPS. Estas situaciones, según la entidad, vulneran los principios de accesibilidad y continuidad definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que los sistemas deben responder de manera oportuna y sin discriminación.
Entre los problemas más recurrentes se encuentran los largos tiempos de espera para procedimientos diagnósticos como resonancias y tomografías, la rotación constante de personal contratado por OPS y la falta de seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas. A esto se suma la presión que genera el alto flujo de población migrante, que incrementa la demanda en urgencias, vacunación y programas materno‑infantiles. Según Migración Colombia, el área metropolitana de Bucaramanga es uno de los principales receptores de población venezolana en el país.
Frente a este panorama, la ciudad ha establecido estrategias como el canal “Salud Sin Barreras” (CASSIB), que permite gestionar quejas y acompañar a usuarios vulnerables. También se han fortalecido mesas interinstitucionales con EPS, IPS y autoridades locales para identificar barreras y mejorar rutas de atención.
El Ministerio de Salud ha insistido en que las entidades territoriales deben reforzar la vigilancia sobre EPS e IPS para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de atención establecidos en la Resolución 5267 de 2017.
Aunque los retos persisten, Bucaramanga demuestra que la articulación institucional y la vigilancia ciudadana son claves para hacer efectivo el derecho fundamental a la salud.
Foto: Personero municipal de Bucaramanga, Hernando Villamizar González.
