El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó ayer lunes un decreto que cambia las regulaciones de Internet en el país sudamericano, para reforzar «los derechos y garantías de los usuarios de la red».
Los detalles de esta medida se limitan hasta ahora a decir que los gigantes tecnológicos tendrán que aportar «una causa justa y una motivación» antes de eliminar una cuenta o un contenido. También, deberán ofrecer a los usuarios un canal para ejercer una «amplia defensa», antes de que alguna supresión sea decidida.
Asimismo, el decreto prevé el «derecho» a la «restitución de contenidos», sean textos, imágenes o videos para los usuarios de las redes, lo que les daría el derecho de volver a publicar el contenido prohibido.
Esta medida provisional está destinada a combatir «la supresión arbitraria e irrazonable de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores», según publicó la oficina de prensa presidencial a través de Twitter.
Y no es casualidad que el tweet empiece con la mención a la «libertad de expresión». En efecto, según la oficina del presidente, la retirada de contenidos decidida sólo por las empresas de Internet «perjudica el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía», lo cual configura «una violación en masa de derechos y garantías fundamentales».
Le han eliminado múltiples contenidos digitales
El gobierno afirma que este decreto garantizará la «libertad de expresión en las redes sociales», y responde a la «remoción arbitraria» de contenidos y perfiles, como le ha sucedido al propio mandatario.
En efecto, a lo largo de la pandemia de coronavirus, Twitter, Facebook y otras redes sociales han eliminado varias publicaciones compartidas por el presidente y sus seguidores, que se consideraban engañosas.
En julio por ejemplo, YouTube eliminó unos 15 vídeos de un canal perteneciente a Bolsonaro por difundir información errónea sobre el Covid-19. Algunas de las publicaciones eliminadas incluían vídeos que promovían el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria, como tratamiento contra el coronavirus, cuando no se ha demostrado la eficiencia de éste contra el virus.
Sin embargo, aún no está claro cómo se aplicará la orden. El decreto deberá ser analizado en un plazo de 60 días por el Congreso, que podrá vetarlo, pero mientras no se pronuncie, estará en vigor a partir de este lunes.
Y justamente, el anuncio se produce en la víspera de lo que se espera que sean grandes manifestaciones a favor del presidente en todo Brasil. Convocadas para este martes, y alentadas por el propio Bolsonaro, tienen la «libertad de expresión» en su lista de demandas, pero los manifestantes protestarán también contra el Congreso y el Tribunal Supremo, que el mes pasado añadieron el nombre de Bolsonaro a una lista de personas investigadas por la supuesta difusión de noticias falsas.
