La salud, un derecho fundamental que exige vigilancia y articulación en Bucaramanga. La Personería de Bucaramanga alerta sobre fallas en citas, cirugías y entrega de medicamentos. Con apoyo de mesas interinstitucionales y jurisprudencia reciente, se intenta eliminar obstáculos impuestos por EPS y fortalecer la protección del derecho fundamental a la salud en la ciudad.
La salud dejó de ser un servicio condicionado para convertirse en un derecho fundamental autónomo, exigible por cualquier persona sin distinción. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples fallos, subrayando que su garantía implica accesibilidad, disponibilidad, continuidad y calidad. En este escenario, las personerías municipales se consolidan como la primera línea de defensa cuando la vida, la integridad o la dignidad de los ciudadanos se ven amenazadas por fallas en el sistema de salud.
En Bucaramanga, la Personería Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos ha intensificado su labor de vigilancia y acompañamiento ante el incremento de quejas por demoras, barreras administrativas y dificultades de acceso a servicios esenciales. La entidad advierte que, aunque los problemas no son exclusivos de la ciudad, la presión migratoria y la falta de articulación entre actores del sistema profundizan los retos locales.
Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran las demoras en la asignación de citas con medicina general y especialistas, así como tiempos de espera excesivos para cirugías y procedimientos diagnósticos como resonancias, tomografías y ecografías especializadas. A esto se suman barreras administrativas impuestas por algunas EPS, que exigen autorizaciones repetitivas o aplican glosas injustificadas, afectando la continuidad de los tratamientos.
Otro punto crítico es la alta rotación del personal contratado por órdenes de prestación de servicios (OPS), lo que genera discontinuidad en la atención y pérdida de seguimiento clínico. La Personería también ha identificado fallas en la articulación entre EPS y programas de promoción y prevención, lo que impacta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y poblaciones vulnerables.
La situación se agrava por el alto flujo de población migrante que recibe Bucaramanga y su área metropolitana. La demanda creciente sobre urgencias, programas materno-infantiles y servicios de vacunación ha generado sobrecarga en instituciones públicas y privadas. Además, persisten dificultades para atender a personas sin documentos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos.
Frente a este panorama, la ciudad ha establecido buenas prácticas que esperan mejorar la respuesta institucional. Una de ellas es el canal “Salud Sin Barreras” (CASSIB), un mecanismo especializado para recibir, orientar y gestionar quejas y peticiones en salud. Este canal permite acompañamiento directo a usuarios y seguimiento individualizado de casos priorizados, especialmente de población vulnerable.
Asimismo, se han fortalecido las mesas de trabajo interinstitucionales entre la Personería, la Secretaría de Salud, EPS, hospitales y otros actores del sector. Estos espacios permiten identificar barreras, construir rutas de atención más eficientes y evaluar periódicamente los compromisos adquiridos. La gestión oportuna de requerimientos ante EPS e IPS también ha sido clave para verificar el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad.
La jurisprudencia reciente respalda estas acciones. La Sentencia T‑408 de 2025 recordó que los trámites internos de las EPS no pueden convertirse en obstáculos para la prestación de servicios médicos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Cualquier dilación basada en motivos administrativos, advirtió la Corte, puede constituir una omisión incompatible con los estándares reforzados de protección.
En conclusión, aunque Bucaramanga enfrenta desafíos significativos, la articulación interinstitucional, el uso de tecnología y el enfoque diferencial han demostrado ser herramientas efectivas para mejorar la garantía del derecho a la salud. Los aprendizajes regionales, al compartirse, fortalecen las políticas públicas y contribuyen a un sistema de salud más humano y centrado en el usuario.
