Por: Diego Ruiz Thorrens/ Bucaramanga atraviesa un oscuro momento. La situación de inseguridad que a diario enfrentan muchas personas en las calles de la ciudad pasó de ser una simple ‘percepción’ ciudadana a una realidad cercana, contundente e implacable. Y lo más doloroso, quienes están llevando la peor de las partes, son precisamente los jóvenes, muchos de ellos que no alcanzaron a cumplir la mayoría de edad.
El monstruoso asesinato cometido contra Nickol Valentina, estudiante de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, ocurrido tan solo unos pocos días, develó hasta dónde la inseguridad va de la mano de la violencia, y la violencia de la muerte. Vivimos con la sensación que cualquier persona puede ser víctima del más absurdo pero mortal acto de violencia. Para los criminales, unos aretes, una gorra, una pulsera o un celular valen más que una vida. La violencia está aquí, mostrando su rostro más crudo y deshumanizante.
El asesinato de Nickol Valentina ha despertado el más profundo dolor e indignación colectiva. Ningún niño, niña o adolescente debería correr riesgo en las calles, eso es claro. No obstante, considero que, ante el escenario de la inseguridad, es necesario ver el cuadro completo y reconocer que sólo estamos poniendo nuestra mirada sobre una sola problemática (los hurtos y la inseguridad que esto conlleva), ignorando otros peligros que enfrentan los jóvenes en su diario vivir, riesgos que están ahí al lado de ellos, y que, si continuamos sin observarlos, terminarán cobrando más vidas.
¿Cuáles son estos riesgos?: Sumado a la inseguridad, debemos adherir la expansión del micro tráfico de drogas (distribución/menudeo de sustancias psicoactivas) y la explotación y el abuso sexual en menores, violencias que son promovidas y/o potenciadas (en la mayoría de casos) gracias a las aplicaciones (o Apps) y a las mismas redes sociales. También, gracias a la complicidad criminal de muchos actores que entran en escena. La discusión de estos 3 escenarios que ponen en riesgo la vida de los niños, niñas y adolescentes deben ser retomadas con la mayor seriedad y urgencia del caso, y son las instituciones públicas (incluyendo todas las “ías”) quienes deben cumplir con un amplio y mayor rol que permita reducir y/o erradicar (definitivamente) las mismas.
¿Por qué menciono que es necesario un ‘amplio y mayor rol’ institucional? Hagamos memoria: a mitad de año 2019, el Concejo de Bucaramanga de aquel entonces propuso para discusión 3 temas que afectaban (y que aun afectan) la seguridad de los espacios estudiantiles extramurales y/o corredores estudiantiles: (1) la inseguridad y los riesgos/peligros que comprometen la vida de los menores y adolescentes, (2) la expansión del micro tráfico de drogas en estos corredores y (3) el aumento de la explotación sexual en menores.
No obstante, a pesar que estos temas movieron pasiones y motivaron a más de un concejal a expresar y afirmar que “tenían la camiseta puesta por todos los niños”, en ninguna sesión se tomaron verdaderas decisiones de fondo orientadas a prevenir y/o reducir la criminalidad, salvaguardando las vidas de los/las/les menores de edad víctimas de estas transgresiones.
Recuerdo que en uno de los tantos debates del Concejo se expuso la preocupante realidad que afectaban la salud mental e integridad física de muchas niñas y jóvenes adolescentes identificadas como víctimas de explotación sexual, explotación promovida (en distintos casos) al interior de las mismas instituciones (por parte de otras estudiantes), potenciada por agentes externos que se lucraban con estos abominables hechos.
En otras sesiones, se discutió sobre la expansión del micro tráfico y menudeo de drogas, donde se reveló cómo los jíbaros (dentro y fuera de las mismas instituciones educativas) captaban a sus víctimas por medio de la “oferta” (entrega) en dinero dirigida a niños y adolescentes (anzuelos) quienes, a su vez, pudiesen atraer nuevas víctimas, creando nuevos consumidores.
En aquel entonces también se debatió, curiosamente, sobre las problemáticas que siguen vigentes hoy en día: los peligros y la inseguridad que amenazan a los niños y jóvenes en los alrededores de los colegios. Estos debates, con el arribo de la pandemia, quedaron suspendidas y con ello, tantos los compromisos, acuerdos y otros fueron lanzados olvido. En todas, todas las sesiones, la participación de los distintos actores involucrados (policía, alcaldía, asociaciones de padres de familia, ICBF, comisarías de familia, entre otros) fue constante.
Es necesario retomar este dialogo. También, debemos pensar en aquellos jóvenes que fueron o que pueden ser potenciales víctimas de estos flagelos, y para alcanzar este cometido, tenemos la obligación no sólo revisar, observar y analizar qué está sucediendo fuera de las instituciones educativas, sino también al interior de las mismas.
En necesario y sumamente urgente que este momento de indignación y preocupación de los padres de familia se vea traducido en la construcción de acciones que exijan la protección de la integridad, la salud mental, psicológica y emocional de nuestros jóvenes, creando estrategias que permitan la integración y una más amplia participación de actores posibles (mencionados arriba), generando compromisos que ayuden a evitar nuevos homicidios, o escenarios donde la integridad de nuestros jóvenes esté comprometida.
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*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la escuela Superior de administración Pública – ESAP Seccional Santander.
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