Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ Llueve en Bucaramanga y se repite el caos de siempre. Ríos desbordados en plena vía pública, viviendas convertidas en acuarios improvisados, negocios arruinados, familias evacuadas y las mismas escenas que ya parecen parte del paisaje urbano cuando el cielo truena: motos arrastradas, alcantarillas rebosadas y ciudadanos cruzando avenidas como si fueran caños.
El pasado 12 de julio no fue la excepción. Fue el mismo guion, con los mismos protagonistas, pero cada vez con consecuencias más graves.
Después vienen los comunicados oficiales, las alertas naranjas, los puestos de mando unificado, los políticos en botas posando para la foto, y la promesa repetida de que “esto no volverá a pasar”.
Pero pasa. Y seguirá pasando mientras sigamos improvisando ante una emergencia que ya no es sorpresa, sino rutina.
La receta del desastre ya la conocemos: alcantarillas obstruidas, residuos sólidos en cada esquina, urbanismo desordenado y construcciones ilegales en zonas de alto riesgo. A eso se suma la débil o nula gestión del riesgo de desastres, la falta de inversión en infraestructura pluvial y la desconexión entre las decisiones políticas y las advertencias técnicas.
Los deslizamientos, los rebosamientos y las emergencias no son castigos divinos: son consecuencias perfectamente previsibles de una ciudad que ha elegido no mirar donde más le duele.
El cambio climático agrava el panorama, sí, pero no lo explica todo. Porque aunque las lluvias sean más intensas o frecuentes, es el suelo saturado, la falta de alcantarillado pluvial adecuado, el crecimiento urbano sin control y la indiferencia institucional lo que convierte cada tormenta en una tragedia anunciada.
Si seguimos esperando que sea la naturaleza la que se adapte a nosotros, y no al revés, estamos condenados a ahogarnos en la misma negligencia.
Bucaramanga no necesita más diagnósticos: necesita decisiones valientes. Necesita actualizar los mapas de riesgo y hacerlos públicos. Reubicar ya —no en cinco años— a quienes viven en zonas con riesgo no mitigable. Modernizar el sistema de drenaje y mantenimiento urbano.
Coordinar las entidades territoriales en un solo plan de acción y vigilancia. Apostar por soluciones basadas en la naturaleza, como humedales urbanos, techos verdes y zonas de amortiguamiento, y no solo más concreto.
Pero sobre todo necesita algo más difícil: cultura ciudadana y voluntad política real. La gente debe entender que no es “normal” que se inunden las calles cada vez que llueve, y las autoridades deben dejar de normalizarlo con cifras frías y comunicados estériles.
Aquí no se trata de sembrar árboles un día ni de recoger una quebrada el Día del Medio Ambiente. Se trata de cambiar el modelo de desarrollo urbano y asumir que prevenir cuesta menos que reparar.
La academia tiene que alzar más la voz. Los ingenieros, urbanistas, ambientalistas y líderes comunitarios deben dejar de ser decorativos en los comités de emergencia y empezar a ser protagonistas en la planeación. Y los medios deben dejar de enfocarse solo en los daños y empezar a explicar las causas.
¿Dónde están los reportajes sobre los contratos de limpieza urbana, sobre el avance del POT, sobre las invasiones toleradas? ¿Dónde está la presión mediática sostenida que obligue a actuar?
Aunque existen planes de gestión del riesgo, políticas ambientales, sistemas de alerta temprana y comités municipales, la realidad es que muchos de estos instrumentos se quedan en el papel o actúan tarde.
Se hacen simulacros, sí, pero no se traducen en acciones concretas sobre el territorio. Se elaboran mapas de riesgo, pero no se actualizan ni se socializan. Se aprueban recursos para limpieza de caños y mantenimiento de drenajes, pero cada año vemos las mismas zonas colapsadas. La desconexión entre lo técnico y lo operativo es brutal.
Y mientras tanto, se siguen otorgando licencias de construcción en zonas que deberían ser protegidas, y las construcciones ilegales crecen ante la mirada indiferente de quienes deben controlar.
Las consecuencias no son solo materiales. Este abandono sostenido deja una ciudad cada vez más frágil, con barrios populares pagando los platos rotos del desorden urbano.
Niños sin clases por inundaciones, adultos mayores atrapados en casas anegadas, pequeños negocios quebrados por pérdidas repetitivas, brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por aguas negras, y una ciudadanía sumida en la frustración y el miedo.
Se erosiona la confianza en las instituciones, se normaliza el caos y se perpetúa la pobreza urbana. Bucaramanga no puede seguir aplazando lo urgente: proteger la vida y el bienestar de su gente con acciones reales, sostenidas y con enfoque territorial.
Bucaramanga está a tiempo de cambiar el rumbo, pero el reloj climático avanza sin pausa. El agua no espera. La próxima lluvia llegará (eso es seguro), pero lo que no puede seguir siendo seguro es que volverá a encontrarnos desprevenidos, desorganizados y hundidos en excusas. Que esta columna no sea solo una crítica, sino una invitación: a exigir, a cambiar, a actuar. Antes de que sea tarde.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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