Piedecuesta ha sido escenario de un preocupante incremento en la carga tributaria que hoy tiene en jaque la economía de cientos de familias. La amenaza de nuevos gravámenes ha generado una profunda sensación de incertidumbre, inconformidad e indefensión ciudadana. Hecho que puede generar consecuencias sociales, económicas y jurídicas sobre los contribuyentes, como resultado de una política fiscal que parece haberse desconectado de la realidad de la población.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ El año 2025 quedará marcado en la memoria de los piedecuestanos como el período en el que la carga tributaria, especialmente por concepto del Impuesto Predial Unificado, alcanzó niveles desproporcionados e incluso injustificados. Lo que debía ser un tributo razonable, ajustado a la realidad económica de las familias, se convirtió en una amenaza directa contra el derecho a la propiedad y la estabilidad patrimonial de cientos de hogares.
Durante este año, numerosos ciudadanos acudieron al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) solicitando la revisión de los avalúos catastrales. Sin embargo, quienes obtuvieron una respuesta favorable se encontraron con descuentos lánguidos, cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con el incremento general del avalúo, representando esto incluso una burla hacia los reclamantes. Para la mayoría, las respuestas fueron poco claras, excesivamente técnicas e incompatibles con las características reales de sus predios, lo que generó una sensación generalizada de indefensión. El resultado fue predecible: según la secretaria de hacienda municipal, 15.000 familias simplemente no pudieron pagar el impuesto correspondiente a la vigencia 2025.
La situación resulta aún más crítica en el sector rural del municipio, donde se concentra la mayor proporción de familias vulnerables que durante la presente vigencia no tuvieron cómo asumir el pago del Impuesto Predial. Para estos hogares, el incremento desbordado del tributo no representa una molestia administrativa, sino una amenaza real a su permanencia en el territorio.
A este panorama se suma una perspectiva aún más preocupante: enfrentar en 2026 un nuevo predial más elevado, junto con la eventual imposición de un impuesto paralelo y de naturaleza departamental, un tributo por valorización. Este escenario fiscal resulta insostenible y podría obligar a muchas familias a vender sus predios para cumplir con las cargas impositivas. Se trata, en la práctica, de un proceso silencioso de expulsión patrimonial que golpea con mayor dureza a quienes menos tienen.
Lejos de mejorar, la situación amenaza con agravarse en la próxima vigencia. Para 2026, los descuentos por pronto pago que presentó la administración municipal no podrán mantenerse en las mismas condiciones de la presente anualidad, lo que implicará un impacto fiscal aún mayor. A ello se suma un hecho alarmante y prácticamente invisible: numerosas familias de estratos bajos estarán obligadas a declarar renta ante la DIAN debido al significativo incremento del avalúo de sus predios, aun cuando sus ingresos reales no han aumentado o, peor aún, cuando no cuentan con la capacidad económica para asumir dichas obligaciones. Lo más grave es que muchas de estas personas ni siquiera lo saben y, en un horizonte no muy lejano, deberán enfrentar cobros jurídicos derivados de estas nuevas cargas tributarias.
La ausencia de información resulta tan preocupante como el aumento mismo de los impuestos. Ni la administración municipal ni las personerías o defensorías del pueblo han adelantado campañas pedagógicas o informativas que alerten a la ciudadanía sobre estas nuevas obligaciones fiscales. Este silencio institucional deja a miles de contribuyentes expuestos a sanciones, intereses y procesos administrativos, profundizando en un corto plazo la desigualdad y la sensación de abandono estatal.
Como si lo anterior fuera poco, sobre los hombros de los piedecuestanos pende la amenaza del cobro del tributo de valorización para financiar el Anillo Vial Externo Metropolitano, autorizado mediante una ordenanza que hoy es objeto de una demanda de nulidad. El Tribunal Administrativo de Santander permitió que llegara la vacancia judicial sin pronunciarse sobre la medida cautelar de suspensión del acto administrativo solicitada, pese a que se encontraban plenamente probadas las omisiones demandadas y que el ente judicial era consciente de las posibles afectaciones que hacia piedecuestanos y gironeses podrían recaer por su omisión. De persistir esta falta de decisión, tras el retorno de la vacancia, generará un impacto tributario devastador en los bolsillos de la población de la Villa de San Carlos, al sumar durante diez años un cobro adicional a una ciudadanía ya asfixiada.
En este contexto surge una pregunta inevitable y legítima: ¿qué está pasando con los recursos que paga la población garrotera? Existe una creciente duda sobre el destino, la eficiencia y la transparencia en el manejo de los dineros recaudados por concepto de impuestos. Los contribuyentes, año tras año, pagan más; sin embargo, las auditorías anuales de la Contraloría General reportan una reducción o estancamiento de los recaudos tributarios, mientras que las inversiones visibles no guardan proporción con el esfuerzo fiscal que se les exige a los contribuyentes.
Basta observar que, por ejemplo, las inversiones en reposición de alcantarillados y la adquisición de un vehículo compactador de aseo -lo único destacable en materia de infraestructura y servicios públicos adelantado por la actual administración- provienen de transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) de la Nación o del departamento, como si Piedecuesta fuera un municipio de tercera, cuarta o quinta categoría. Así, los incrementos tributarios no se reflejan en retornos ni en mejoras proporcionales en infraestructura, servicios públicos o calidad de vida financiadas con recursos recaudados de los mismos piedecuestanos. Esta desconexión entre el recaudo y la inversión visible alimenta la desconfianza, profundiza el atraso en infraestructura, limita la prestación de los servicios públicos y debilita el pacto social entre el Estado y la ciudadanía.
Resulta injusto que a la comunidad se le ahogue con exigentes cargas tributarias, mientras estos dineros solo se hacen visibles en gastos efímeros como conciertos y quemas de fuegos pirotécnicos, mientras que el municipio permanece rezagado en infraestructura de movilidad, conectividad y dotación urbanística. Los recursos públicos de los piedecuestanos no pueden seguir destinándose a espectáculos estrafalarios cuando persisten necesidades prioritarias, lo que evidencia un desfase abismal entre el esfuerzo fiscal exigido a la ciudadanía y las inversiones financiadas con recursos propios del territorio.
Ser propietario de un terreno o de un inmueble no es un delito. Por el contrario, es el resultado de años de esfuerzo, ahorro y sacrificio familiar. Cuando el Estado impone cargas tributarias excesivas, sin información clara, sin gradualidad y sin considerar la capacidad real de pago, vulnera el derecho a la propiedad y pone en riesgo patrimonios construidos durante generaciones.
La comunidad garrotera necesita con urgencia una revisión profunda de los métodos para determinar y calcular sus impuestos y tributos, mayor transparencia en el uso de los recursos y, sobre todo, una administración departamental y municipal que informe, escuche y proteja a sus ciudadanos. De lo contrario, el impuesto dejará de ser un deber solidario y se convertirá en una condena para quienes solo aspiraban a conservar lo que con tanto esfuerzo lograron construir.
Por ahora, a los piedecuestanos no les queda más que apelar a la paciencia y a la prudencia. En medio de las festividades decembrinas, muchas familias deberán menguar sus gastos y ajustar aún más sus presupuestos, conscientes de que el año 2026 se avizora cargado de nuevas y mayores obligaciones tributarias. No se trata de un llamado al conformismo, sino de una advertencia realista: prepararse desde ya para que el impacto fiscal que se aproxima no los tome por sorpresa ni profundice aún más la difícil situación económica que hoy enfrenta el municipio.
Finalmente, no me resta sino desear a todos los lectores una feliz Navidad y un próspero año 2026, colmado de salud, esperanza y fortaleza para afrontar los retos que se avecinan. Que, en el año venidero, el Dios de la vida ilumine los destinos de esta linda tierra piedecuestana, y que la solidaridad, la justicia y el bien común invadan los corazones de quienes guían las decisiones que marcarán nuestro futuro como colectividad.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
