La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Buenaventura, Valle del Cauca, Bartolo Valencia Ramos (2012 – 2015), por aparentemente reconocer el pago de servicios educativos de 41.267 estudiantes ‘inexistentes’ o ‘fantasmas’, lo que habría generado un detrimento patrimonial de $37.000 millones.
Al parecer, durante los años 2012, 2014 y 2015 Valencia Ramos habría utilizado recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para cubrir los servicios causados por ese número de alumnos, gastos que presuntamente no pudo justificar durante una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación Nacional.
Posiblemente, “Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del Distrito (…), dada la inexistencia de 41.267 estudiantes, de los 111.600 reportados al Ministerio de Educación Nacional”, sostuvo el Ministerio Público en el pliego de cargos.
Agregó el órgano de control que el exfuncionario se habría apartado de las reglas sobre administración de bienes ajenos y de “los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia, que imponen un obrar transparente y responsable, más aún, tratándose de recursos destinados a la educación de niños, niñas y adolescentes, a quienes se les debe asegurar ese derecho fundamental en condiciones de óptima calidad”.
Ampliación de cobertura educativa
En la misma decisión, el órgano de control profirió cargos contra Valencia Ramos y la exsecretaria de Educación del municipio, Yenny María Angulo Quintana (2013 – 2015), por presuntas irregularidades en la firma de contratos para ampliar la cobertura educativa, que aparentemente generó un detrimento patrimonial por $2.552 millones.
Al parecer, habrían incluido en el banco de oferentes del municipio y contratado al Centro Docente Ana Victoria, sin que cumpliera los requisitos de trayectoria e idoneidad exigidas por la ley, ni contara con la infraestructura física adecuada para recibir una población de 2.000 estudiantes, cifra ofertada por esa institución al momento de suscribir su vinculación con el municipio.
“El Centro Docente Ana Victoria prestó el servicio a través de otras instituciones educativas que además no estaban inscritas en el banco de oferentes, es decir, con instalaciones distintas a las presentadas para su inclusión en el banco de oferentes, lo cual confirma la ausencia de los atributos de reconocida trayectoria e idoneidad”, precisó el órgano de control.
Para el Ministerio Público, con su conducta los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Por esos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios en contra del exalcalde Valencia Ramos, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Igual calificación recibió la presunta conducta cometida por la exsecretaria de Educación, Yenny María Angulo.
