La presión de Estados Unidos por la extradición del serbio Antun Mrdeza y del colombiano Geovanny Rojas, alias Araña, ha abierto un nuevo frente diplomático entre Washington, Bogotá y Caracas, en un momento en que el Gobierno Petro busca sostener negociaciones de paz sin romper la cooperación judicial internacional.
La política exterior colombiana enfrenta una prueba de alto voltaje. La exigencia de la administración de Donald Trump para que Colombia y Venezuela entreguen a dos narcotraficantes señalados de operar en una red internacional ha convertido un caso judicial en un asunto de presión diplomática trinacional. En el centro de la controversia están Antun Mrdeza, ciudadano serbio detenido en Venezuela, y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, preso en Bogotá y a la espera de que el presidente Gustavo Petro defina su extradición.
El episodio se ha instalado como tema de fondo en los contactos entre los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Venezuela, justo cuando se intenta reconstruir la cooperación regional en materia energética y de seguridad. Fuentes oficiales reconocen que “la presión es constante y creciente”, y que el expediente de los dos hombres se ha convertido en un indicador de la disposición de Bogotá a colaborar con Washington.
Según reportes de inteligencia citados por autoridades judiciales, Mrdeza —también conocido como Nikola Boros— haría parte de una estructura criminal conocida como la Nueva Junta del Narcotráfico, una red que articula organizaciones de América Latina y Europa para mover grandes cargamentos de cocaína hacia mercados globales. El serbio habría coordinado rutas entre Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador y Brasil, con conexiones en Europa.
Las investigaciones sostienen que el capo se reunió en la selva del Putumayo con alias Araña, señalado como uno de los principales proveedores de droga para esa red. “Se alió con alias Araña para traficar estupefacientes”, indica un informe de inteligencia que respalda la solicitud de extradición emitida por Estados Unidos.
Esa supuesta alianza encendió las alarmas de la agencia antidrogas estadounidense, que solicitó activar una alerta de Interpol contra el colombiano y reforzó la vigilancia sobre los movimientos de Mrdeza, quien había escapado de la custodia de las autoridades colombianas en 2023 tras una fuga en el aeropuerto de Rionegro.
La ruta del capo serbio
El recorrido de Mrdeza, de acuerdo con las investigaciones, revela la dimensión transnacional del negocio. Tras escapar en Colombia, habría viajado a Cali para reunirse con contactos financieros, luego se trasladó al Putumayo para coordinar operaciones en la frontera amazónica y finalmente se desplazó a Ecuador.
En Guayaquil, según los reportes, sobrevivió a un atentado antes de refugiarse en Venezuela, donde fue capturado en 2025. Su detención fue anunciada públicamente por el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, en medio de un operativo que también incluyó la captura de decenas de personas vinculadas a la oposición de Nicolás Maduro.
La aparición del nombre del serbio en ese contexto político generó inquietud en Colombia y en otros países que lo investigan, como Italia y República Dominicana. Para Bogotá, significó la reactivación de expedientes y la confirmación de que el capo seguía operando en la región.
El caso de Geovanny Rojas tiene un componente adicional: su rol en los procesos de paz del Gobierno Petro. El líder de los Comandos de la Frontera había sido designado como gestor de paz para facilitar negociaciones con las disidencias armadas, lo que suspendía temporalmente las órdenes de captura en su contra.
Sin embargo, fue detenido en febrero de 2025 en un hotel de Bogotá, durante una reunión con delegados del Gobierno. La Fiscalía ejecutó la orden de captura solicitada por Estados Unidos y desde entonces permanece recluido en la cárcel La Picota.
La decisión sobre su extradición se ha convertido en un dilema político. En la Casa de Nariño consideran que enviarlo a Estados Unidos podría desestabilizar el proceso de negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización a la que pertenecen los Comandos de la Frontera. “Existe el riesgo de fracturar el proceso de paz”, han advertido fuentes del Ejecutivo.
Presiones y equilibrios diplomáticos
La Casa Blanca ha insistido en que la entrega de ambos narcotraficantes es prioritaria para la lucha contra el narcotráfico. Para Washington, el caso representa una oportunidad de golpear una red global que ha movido millones de dólares en cocaína hacia Europa.
La administración estadounidense también ha dejado claro que la cooperación judicial es un elemento clave en la relación bilateral con Colombia. De hecho, la extradición de otro capo colombiano, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fue interpretada como un gesto para aliviar tensiones con la Casa Blanca.
Aun así, el expediente de Araña sigue sin resolverse. El presidente Petro le dio un ultimátum a su organización para erradicar miles de hectáreas de coca en el Putumayo, pero el plazo se cumplió sin resultados verificables. La decisión final sobre su extradición permanece en pausa.
El papel de Venezuela añade complejidad al escenario. Colombia busca que Caracas entregue a Mrdeza para luego tramitar su extradición a Estados Unidos, una fórmula que convertiría a Bogotá en intermediario. Sin embargo, las relaciones entre ambos países, aunque restablecidas, siguen siendo frágiles.
El encuentro previsto entre Petro y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, incluiría este tema en la agenda. Analistas consideran que la cooperación en materia judicial será una prueba de la voluntad política de ambos gobiernos para trabajar conjuntamente en seguridad.
La disputa por las extradiciones de Mrdeza y Araña refleja los desafíos de la política antidrogas en un contexto de criminalidad globalizada. Las redes de narcotráfico ya no responden a estructuras locales, sino a alianzas transnacionales que cruzan continentes y aprovechan vacíos institucionales.
