A pocas semanas de las elecciones legislativas y presidenciales, la disputa entre el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos reaviva dudas sobre la transparencia del sistema electoral, mientras organismos de observación y gremios piden preservar la confianza en las instituciones.
La preparación de los comicios nacionales en Colombia atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. A menos de dos semanas de las elecciones al Congreso, previstas para el 8 de marzo, y a poco más de tres meses de la primera vuelta presidencial, el debate público se ha desplazado del terreno programático a una confrontación institucional que enfrenta al Ejecutivo con la autoridad electoral.
El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia contundente durante una intervención pública en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ante miles de seguidores. Sin presentar pruebas, afirmó que existe un “100% de riesgo de fraude electoral”, una declaración que generó reacción inmediata en distintos sectores políticos, sociales y económicos. Sus palabras se inscriben en una línea discursiva que el mandatario ha sostenido desde antes de su elección en 2022, cuando denunció irregularidades en el sistema electoral.
El señalamiento más reciente se centra en dos aspectos: los formularios de conteo de votos, conocidos técnicamente como E14, y la tecnología utilizada para la transmisión y consolidación de los resultados. Petro cuestiona que los espacios en blanco en los formularios puedan ser manipulados y considera que la infraestructura tecnológica utilizada en el proceso electoral no ofrece garantías suficientes de imparcialidad.
En contraste, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la autonomía de la entidad que dirige y rechazó las acusaciones del jefe de Estado. “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo llevar a cabo las elecciones”, afirmó, subrayando que la organización electoral es un órgano independiente y no subordinado a ningún poder del Estado.
Penagos explicó que las instrucciones impartidas a los jurados de votación —ciudadanos que prestan servicio cívico el día electoral— buscan precisamente mejorar la claridad y transparencia del proceso. Según la Registraduría, evitar tachones, guiones o marcas en los formularios facilita la digitalización de las actas y reduce errores en la transmisión de los datos. Cada formulario, recordó, se produce en tres copias verificadas por testigos de los partidos, lo que impide que una alteración aislada afecte el resultado final.
El trasfondo de la disputa también incluye cuestionamientos a la contratación de empresas privadas para el soporte tecnológico de las elecciones. Petro ha criticado especialmente la participación de compañías como Thomas Greg & Sons, a la que acusa de tener vínculos con sectores políticos adversos. En su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”.
La Registraduría respondió que la contratación de proveedores tecnológicos privados es una práctica común en Colombia desde hace más de dos décadas, utilizada por administraciones anteriores sin cuestionamientos estructurales. Además, aseguró que los sistemas cuentan con auditorías internas y externas, así como con supervisión de organismos internacionales.
El conflicto se produce en un contexto político especialmente sensible, en el que el país se prepara para elegir al sucesor de Petro. El mandatario, que no puede aspirar a la reelección inmediata, ha mantenido una postura crítica hacia sectores que considera hostiles a su proyecto político, lo que ha alimentado la polarización en la opinión pública.
Como parte de sus argumentos, Petro ha recordado episodios pasados que, a su juicio, evidencian debilidades del sistema electoral. Entre ellos, el caso del partido cristiano Mira en 2014, que inicialmente no alcanzó el umbral para obtener representación en el Senado, pero que años después recuperó tres curules mediante una decisión judicial. También ha citado lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando el Pacto Histórico detectó inconsistencias en la transmisión de resultados preliminares que, tras el escrutinio oficial, fueron corregidas.
Sin embargo, expertos en procesos electorales subrayan que esos casos no constituyen evidencia de fraude sistemático, sino de fallas operativas que fueron subsanadas mediante los mecanismos de control existentes. La estructura electoral colombiana, señalan, incluye múltiples etapas de verificación que reducen significativamente la posibilidad de manipulación deliberada.
En esa línea, la directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, rechazó la idea de un riesgo generalizado de fraude. “Ese riesgo no existe. Puede que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, no hay en este momento”, declaró en medios de comunicación.
Las palabras de Barrios son especialmente relevantes porque la MOE ha sido una de las principales veedoras del sistema electoral colombiano y desempeñó un papel clave en la revisión de los resultados de 2022. Su postura coincide con la de otras organizaciones de la sociedad civil que han llamado a evitar discursos que debiliten la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Los gremios empresariales también se sumaron a las críticas contra el presidente. La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, afirmó que “no le conviene a la democracia sembrar dudas sobre la gestión electoral” y destacó la independencia del registrador. En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, sostuvo que es deber del Ejecutivo “defender y fortalecer el sistema electoral, no atacarlo”.
El enfrentamiento institucional ha despertado preocupación entre analistas políticos, quienes advierten que la erosión de la confianza en las elecciones puede tener efectos duraderos en la estabilidad democrática. Colombia ha construido durante décadas un sistema electoral considerado relativamente sólido en la región, con alternancia en el poder y mecanismos de control que, aunque imperfectos, han permitido resolver controversias sin crisis mayores.
No obstante, la actual coyuntura refleja el nivel de polarización que atraviesa el país. Mientras sectores afines al Gobierno respaldan las advertencias de Petro y piden mayores auditorías a los sistemas tecnológicos, la oposición y buena parte de la sociedad civil interpretan sus declaraciones como una estrategia para cuestionar los resultados en caso de que no le sean favorables a sus aliados políticos.
En medio de este escenario, el Gobierno anunció la convocatoria de la Comisión de Garantías Electorales, un espacio institucional en el que participan partidos políticos, autoridades y organismos de control para supervisar el proceso. Petro ha insistido en que los partidos y la ciudadanía deben auditar el software electoral, una propuesta que podría abrir un nuevo capítulo de debate técnico y jurídico.
Por ahora, la Registraduría continúa con la logística de las elecciones, que incluyen la designación de jurados, la distribución de material electoral y la coordinación con misiones de observación internacional. Penagos ha reiterado que el proceso contará con acompañamiento de delegaciones extranjeras, auditorías independientes y mecanismos de control en todas las etapas.
El desafío central para las próximas semanas será preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales. En un contexto de alta polarización, las declaraciones de los líderes políticos tienen un impacto directo en la percepción pública del proceso democrático. La tensión entre el Ejecutivo y la autoridad electoral, lejos de disiparse, se perfila como uno de los factores que marcarán la campaña hacia las elecciones de 2026.
