La situación fiscal de Colombia tiene en alerta a inversionistas y organismos técnicos, luego de que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicara su más reciente análisis sobre las finanzas públicas del país.
El informe reveló un fuerte deterioro en los principales indicadores: los recursos disponibles en caja, los ingresos del gobierno y el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que realmente recibe.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la baja disponibilidad de caja del Tesoro Nacional, que al cierre de abril se ubicó en apenas $14 billones (unos US$3.500 millones). Esto contrasta con el promedio histórico de $31,4 billones para ese mes. En términos prácticos, significa que el Estado tiene mucho menos dinero del habitual para cubrir gastos inmediatos como el pago a proveedores, subsidios o nóminas públicas. Esta situación compromete su capacidad operativa y pone en riesgo su funcionamiento diario.
Aunque el Ministerio de Hacienda no respondió a una solicitud de comentarios enviada por Forbes, analistas y agentes del mercado están pendientes de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), prevista para junio.
Este documento es crucial porque actúa como una hoja de ruta: muestra cómo el gobierno planea manejar las finanzas del país durante los próximos años y si tiene intención —y capacidad— de corregir los desequilibrios actuales. De no hacerlo, la confianza de los mercados e inversionistas podría verse aún más afectada.
“Con corte al 30 de abril la caja en pesos cerró en $14 billones, $17,4 billones por debajo del promedio histórico para ese mes”, alertó el CARF, que ha venido calificando esta situación como “históricamente baja”.
“Si fuera mentira que los niveles de caja no están apretados, no estarían haciendo las emisiones a la velocidad que están haciendo. En abril estaban cumpliendo con el 40% de las emisiones proyectadas para todo el año”, explica Munir Jalil, economista jefe del banco BTG Pactual.
Con emisiones, Jalil se refiere a la emisión de deuda pública: la venta de bonos para conseguir recursos. El ritmo acelerado indica una necesidad urgente de liquidez.
Parte de este agotamiento de caja se debe a que el Gobierno ha usado rápidamente la llamada “reserva presupuestal” de 2024, es decir, fondos que normalmente se distribuyen a lo largo del año. El CARF reportó que ya se ha ejecutado el 55,3% de esta reserva. En cifras, la diferencia entre lo que se ha comprometido a gastar y lo que ya se pagó asciende a $7,8 billones, lo cual reduce aún más el margen de maniobra financiera para el resto del año.
A este panorama se suma una caída preocupante en el recaudo tributario. A marzo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó ingresos por $64,8 billones, lo que significa COP 0,9 billones menos de lo proyectado. En términos reales —es decir, ajustados por inflación— la caída fue del 22,4%. El impuesto de renta, que representa una fuente vital de ingresos, fue el más afectado: se recaudaron $3,6 billones menos que en el mismo periodo del año anterior.
Para Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research en Colombia, este panorama tiene raíces estructurales, porque el país elevó su nivel de gasto público durante la pandemia para enfrentar la emergencia, pero no ha logrado volver a niveles sostenibles
“Nosotros como país empezamos a gastar mucho como porcentaje del PIB y después no logramos reducir el gasto. Lo dejamos muy arriba”, dijo Téllez. “Hicimos un par de reformas tributarias que ayudaron a sostener el déficit, pero ha ido creciendo y no se ha podido hacer el ajuste”.
Según Téllez, el problema se agrava por el aumento en el costo de la deuda. “No hay mucho margen para seguir endeudándonos sin pagar un precio alto”.
Actualmente, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central ya equivale al 61,7% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el umbral del 55% que establece la regla fiscal como meta prudente. Esto significa que, por cada $100 que produce la economía colombiana, casi $62 corresponden a deudas del gobierno. Además, financiar esa deuda es cada vez más caro. Las tasas de interés de los TES —los bonos emitidos por el Estado para conseguir financiamiento interno— han aumentado y se mantienen altas. La diferencia de tasas entre los títulos a un año y a diez años es de 347 puntos básicos, una señal clara de que el mercado exige mayores rendimientos ante el riesgo percibido. Solo en lo que va del año, los descuentos aplicados a estos títulos ya suman COP 3,4 billones.
Para César Tamayo, decano de Economía y Negocios de la Universidad EAFIT, este entorno revela una erosión paulatina de la credibilidad financiera del país.
“Estamos pagando tasas ya muy altas para endeudarnos como país. Más parte del presupuesto se va a tener que gastar en intereses. Eso sigue subiendo hasta que vamos perdiendo credibilidad. Y eso le pega a toda la economía: si al gobierno le cuesta más endeudarse, a las empresas y a las familias también”, comentó Tamayo.
A marzo, el déficit fiscal total se ubicó en -2,0% del PIB, el mayor para ese mes desde 2004. El déficit primario —es decir, antes del pago de intereses de deuda— fue de -0,8%, lejos del objetivo de -0,2% trazado en el Plan Financiero. Además, el gasto primario ya representa el 6,0% del PIB, por encima del promedio registrado entre 2021 y 2024.
Otro punto de alerta es la forma en que se está ejecutando el presupuesto. Aunque en términos generales se han hecho menos pagos que en 2024, la mayor parte del dinero se está yendo en gastos de funcionamiento —como salarios y administración pública— que ya representan el 78,3% del total ejecutado. Los compromisos de inversión, por otro lado, se están quedando rezagados. Esto podría afectar obras y programas futuros, y se suma a lo que el CARF llama un “efecto calendario”: al gastar de forma anticipada, se reduce la flexibilidad para responder a las necesidades que puedan surgir en el resto del año.
Para Téllez, el gobierno debe tomar decisiones claras pronto, ya que algunas medidas pueden aliviar momentáneamente la situación, pero empeorarla en el mediano plazo. “Yo creo que tienen que hacer anuncios importantes de aplazamiento o recorte de gasto rápidamente. El nuevo decreto que adelanta la retención ayudaría este año, pero es pan de hoy para hambre de mañana. Eso le genera un 2026 más difícil”, dijo.
Tampoco hay claridad sobre cuánto más puede endeudarse el país. Tamayo cree que el margen restante es muy limitado: “Ya hoy tenemos la deuda pública de Colombia muy alta. Que se podrá aumentar al 62 o al 63% del PIB, seguramente que se podrá, pero las consecuencias las vamos a sentir todos”. Esto significa que incluso pequeños incrementos en el endeudamiento podrían implicar grandes aumentos en los costos financieros.
“En estos momentos no hay un mensaje claro de consolidación fiscal. Pareciera que el Gobierno quiere conseguir los recursos que necesita este año a toda costa y eso no está siendo bien percibido”, complementó Jalil.
Son estas las razones por las que el país espera con atención la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El CARF advirtió que la credibilidad del marco fiscal depende de acciones correctivas inmediatas.
Si no hay señales claras de corrección, Colombia podría volver a incumplir su meta de déficit fiscal, y su capacidad para financiarse seguiría debilitándose. Las consecuencias no serían solo para el Estado: toda la economía, desde grandes empresas hasta ciudadanos comunes, sentiría los efectos.
