Por: Milton Villamizar Afanador/ Un año que debería marcar avances, esperanza, reconciliación, pero que estamos siendo testigos una vez más de una pesadilla de horror, de indignidad, de la humillación, nuestros soldados protectores de la paz constitucional, convertidos en rehenes por malhechores disfrazados de resistencia.
¿Por qué tolerarlo? ¿Cómo mirar al espejo y seguir diciendo que crece la institucionalidad cuando quienes tienen la obligación de proteger nuestra patria son secuestrados sin consecuencias para los secuestradores?
Fechas que escuecen, rostros que gritan en silencio:
7 de marzo de 2025: en El Plateado, corregimiento de Argelia Cauca, 29 miembros de la Fuerza Pública 27 policías y 2 militares son retenidos por disidencias del frente Carlos Patiño de las FARC.
Esas retenciones duraron poco, pero bastan para dejar claro algo, que no se trata de un error, de un accidente. Se trata de un mensaje de terror, en donde quienes se secuestran y se matan son los hijos de las familias más humildes de Colombia.
21 de junio de 2025: en la zona de El Tambo Cauca, 57 militares 53 soldados profesionales y 4 suboficiales fueron retenidos por comunidades bajo presión de las disidencias de las extintas FARC. Fueron liberados después de unas 48 horas.
7 de septiembre de 2025: otra vez en El Tambo Cuaca, vereda Los Tigres cerca al cañón del Micay, aproximadamente 72 militares fueron retenidos por cerca de 600 personas de ellos, 45 permanecían aún en manos de quienes secuestran uniformados.
Estas historias del pasado se repiten como un tétrico eco, la fuerza pública acorralada, retenida, usada de rehenes para mensajes políticos, de fuerza, de poder.
¿Qué nos dice esta tragedia?
Que en Colombia la institucionalidad está siendo puesta a prueba, que un estado que no puede garantizar la seguridad de sus propios soldados, sometidos al secuestro de manera recurrente, no solo falla en su deber sino que pierde autoridad moral; que esas armas que debería honrar la patria se ven impotentes ante el chantaje, la presión social, la instrumentalización de la población, la violencia organizada.
Porque un soldado retenido, la retención de la fuerza pública, no es un incidente, es un síntoma gravísimo del deterioro del estado de derecho, de la penetración de la criminalidad en las comunidades más humildes de la patria, de la reversión de zonas que creíamos bajo control institucional.
Es también no lo olvidemos, una afrenta a las familias de quienes visten uniforme un padre que no sabe si volverá, un hijo que sueña con héroes y se topa con rehenes, una patria que debería sacudir su conciencia, miren no mas el semblante de nuestros héroes humillados, derrotados, con miedo como todos lo sentimos.
No basta con denunciar, quejarnos, prometer castigos. Colombia exige:
Acción firme del Estado, capacidad operativa, inteligencia, despliegue de fuerza legal. No basta pedir diálogo si no hay sanciones visibles, responsables judicializados, desmantelamiento de esas estructuras del crimen organizado.
Leyes que sancionen con severidad las retenciones de uniformados, así como los que reclutan civiles para hacerlo, los que infiltran comunidades para ejercer violencia, Colombia reclama institucionalidad.
Cautelar la vida humana sobre todo interés político o territorial, operaciones militares bien planificadas evitando las trampas donde civiles son usados como escudos; transparencia con las comunidades; presencia del Estado no solo con fusiles, sino con salud, educación, obras, evitar el derramamiento de sangre inocente que nunca se borra de la mente y el corazón ni se perdona asi se diga que sí.
Cuando se violenta a quienes protegen, se está violentando a toda la nación; Colombia no puede seguir siendo el país donde secuestran a quienes juraron defenderla.
No es pedir lo imposible, es exigir lo mínimo, dignidad para quienes se sacrifican todos los días, el país que queremos no debe permitir que los héroes sean rehenes ni que el uniformado se convierta en víctima sin justicia, mientras los malhechores celebran la humillación de la patria.
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*Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso; Contratación Estatal; Derecho Penal; Gerencia en Salud y Maestría en Derecho Administrativo.
