Cuatro casos de los más importantes en contratación pública se están definiendo en tribunales de arbitramento. Árbitros y abogados internacionales disputan US$4.960 millones que podría pagar el Estado colombiano a empresas como Odebrecht, Gas Natural o Chicago Bridge & lron Company N.V. que lo tienen demandado.
En el desarrollo del cuarto Congreso de derecho empresarial, contable y de los negocios, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, varios de los expertos que se desenvuelven en este campo discutieron las consecuencias que significa ceder las potestades judiciales a árbitros de otros países, frente a los recursos públicos.
El expresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont Pianeta, afirmó que “aun en materia arbitral no puede concebirse la posibilidad de que el Estado sea tratado como un particular”. También criticó que no existen mecanismos legales que garanticen un correcto desenvolvimiento del Estado en esta clase de litigios.
