El presidente argentino, Alberto Fernández, obtuvo este sábado un apoyo crucial del Congreso, que aprobó la ley de emergencia económica con la que busca sacar al país de su peor crisis en casi dos décadas.
El mandatario peronista de centroizquierda había enviado el proyecto de ley al Parlamento el martes para su urgente tratamiento, en lo que fue su estreno legislativo desde que asumió el 10 de diciembre tras derrotar en primera vuelta al liberal Mauricio Macri.
Tras el aval de la Cámara de Diputados el jueves, la mayoría peronista en el Senado se impuso con el apoyo de aliados y aprobó el texto la madrugada de este sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
La ley impone alzas de impuestos a sectores de las clases altas y medias, otorga incentivos fiscales a la producción, beneficios impositivos a las clases más empobrecidas y otorga facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública, entre otros puntos.
El gobierno busca frenar la caída de la economía, que registra una baja del 3,1% del PIB en 2019, una inflación del 55% anual y una deuda que representa casi el 90% de su PIB. La crisis dejó además el 40% de la población en la pobreza.
En redes sociales se convocaron cacerolazos para este sábado. Algunos se escucharon el viernes en los barrios más acomodados de la capital argentina, como Palermo, Belgrano y Núñez, donde el mayor descontento pasa por el pago del impuesto a la compra de divisas.
«Entiendo que el país sea un desastre, pero por qué me tiene que decir a mí qué hacer con mi plata. Tengo una empresa chiquita y este gobierno me la va a hundir», dijo a la AFP Tamara, arquitecta de 43 años.
Urgencia y respaldo
La exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), nueva vicepresidenta y cabeza de la Cámara Alta, condujo el debate en el Senado.
«Son buenas noticias para Alberto: consiguió la ley, los bloques estuvieron encolumnados, logró el apoyo de los gobernadores y se mostró como protagonista sin que haya quedado opacado por Cristina», dijo a la AFP el analista político Carlos Fara.
Esta «victoria legislativa, le da oxígeno para cualquier otra ley que necesite y la oposición fue razonable porque no tiene mucho margen para criticar, saben que le dejan una crisis y saben que la sociedad ya lo sabe».
«Él tiene hoy el poder para ejecutar, está respaldado políticamente, no se le generó ninguna rebelión en la granja y es el protagonista absoluto, un éxito», consideró Fara.
Los votos en contra fueron todos del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Macri.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el jueves por 134 votos a favor y 110 en contra tras eliminarse un polémico artículo que otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para modificar la estructura del Estado.
En rojo
La ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, declara la emergencia en 11 áreas y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
El gobierno debe enfrentar una negociación de la deuda que ronda el 90% del PIB tras perder el financiamiento de los mercados en 2018.
El viernes las calificadoras de riesgo Fitch y S&P dijeron que Argentina entró en default selectivo y degradaron su deuda luego de que el gobierno postergó unilateralmente hasta agosto el pago de unos 9.000 millones de dólares de vencimientos.
Este sábado se sumó la calicadora de riesgo SP Global quien advirtió sobre las «crecientes vulnerabilidades crediticias de Argentina» y rebajó a default selectivo la calificación de la deuda de corto plazo, y de CCC- a CC la de largo plazo.
El presidente ha dicho que, aunque Argentina tiene voluntad de pago no está en condiciones de afrontar los vencimientos de una deuda por unos 330.000 millones de dólares, lo que incluye desembolsos del FMI por 44.000 millones.
En ese contexto de escasez de divisas, la ley impone un impuesto del 30% sobre las operaciones de compra de moneda extranjera y de adquisición de bienes y servicios en divisas, mientras mantiene el tope de compra de 200 dólares por persona por mes.
También busca urgente financiamiento para un plan contra el hambre con tarjetas alimentarias gratuitas para más de dos millones de personas, en un país con 44 millones de habitantes.
La ley faculta al gobierno a elevar los impuestos a las exportaciones de granos y oleaginosas, en una medida que generó ya tensiones con el sector agropecuario.
