La disputa por una constituyente en Colombia ya no es jurídica: es emocional, espectacular y digital. La porno-política convirtió el debate institucional en consigna viral, polarizando una sociedad que aún no sabe qué país quiere construir.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ En Colombia, la palabra «constituyente» carga el peso de dos tiempos distintos. En 1991 era sinónimo de apertura: el país emergía, herido pero decidido, de décadas de bipartidismo excluyente, narcotráfico y violencia política. La Constitución que nació ese año fue, para muchos, el primer contrato social moderno de la nación: pluralista, garantista, ambiciosa. Treinta y cinco años después, la misma palabra produce un efecto diferente. Ya no solo convoca esperanza. También activa el miedo, la sospecha y ese cansancio particular de quien lleva demasiado tiempo escuchando que todo está por romperse.
Pero el debate de fondo no ha cambiado tanto. Lo que cambió radicalmente es el ambiente en el que ese debate ocurre y vivimos en lo que algunos teóricos llaman una era de porno-política: la espectacularización permanente del poder, donde la política ya no se comunica a través de argumentos sino de impactos emocionales. El escándalo reemplaza al programa. El grito corto y viral borra la explicación larga y necesaria. Las redes sociales, diseñadas para capturar atención y no para profundizar comprensión, se convirtieron en el escenario principal donde se libran las batallas ideológicas. Y en ese escenario, quien genera más miedo, más indignación o más adrenalina gana terreno, independientemente de si tiene razón. Ese clima no es exclusivo de Colombia. Es el aire de la política contemporánea.
El pensador Byung-Chul Han describió con precisión la sociedad del cansancio: individuos hiperconectados, saturados de estímulos, incapaces de sostener la atención el tiempo suficiente para entender la complejidad de sus problemas. En ese ecosistema, los mensajes directos, simplificados y emocionalmente cargados no solo resultan más cómodos: se vuelven los únicos que logran circular. Una consigna que cabe en un tuit reemplaza al debate parlamentario que requiere escucha. Una imagen que genera indignación desplaza al informe que exige análisis. No es que la gente sea menos inteligente. Es que el sistema mediático premia la reacción, no la reflexión.
Y ahí está el corazón del problema constituyente en Colombia. La discusión sobre si el país necesita una nueva Carta Política es legítima, incluso urgente. La Constitución de 1991, por más avanzada que fue en su momento, opera sobre una arquitectura institucional que no anticipó la concentración económica extrema, la crisis climática, la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado ni la fractura digital de la esfera pública. Colombia ha cambiado. Las desigualdades también. Tiene sentido preguntarse si el marco jurídico vigente tiene aún capacidad para procesarlas.
El problema no es la pregunta, es el ambiente en que se intenta responder. Hoy Colombia está fragmentada en geografías políticas que casi no se hablan entre sí. Las regiones conservadoras del interior y el Caribe; las ciudades progresistas que miran hacia afuera; las juventudes radicalizadas tanto de derecha como de izquierdas; los sectores populares golpeados por la inseguridad cotidiana; las clases medias exhaustas que solo piden que algo funcione. Cada uno lleva en la cabeza una Colombia distinta. Y esa fragmentación no es solo ideológica: es cultural, generacional y emocional.
En ese contexto, la porno-política opera como acelerador de conflictos. Cuando Pablo Stefanoni, en su lúcido libro: La rebeldía se volvió de derecha, documenta cómo el discurso antisistema fue capturado por derechas libertarias y nacionalistas en todo el mundo, está describiendo también un fenómeno que Colombia conoce bien: el malestar genuino de amplios sectores sociales termina siendo capitalizado por quienes ofrecen la respuesta más rápida, más agresiva y más espectacular, no la más estructurada. La rabia real se convierte en combustible de proyectos políticos que tienen poco que ver con las necesidades reales de quienes la sienten.
Del otro lado, parte de la izquierda colombiana y latinoamericana enfrenta su propia trampa. La filósofa Susan Neiman, en La izquierda no es woke, advierte que ciertos sectores progresistas desplazaron las luchas redistributivas hacia una política cultural que, aunque legítima en sus causas particulares, terminó desconectada del lenguaje cotidiano de las mayorías. Cuando el debate sobre reforma constitucional se mezcla indistintamente con discusiones sobre lenguaje no binario, animalismo radical o cancelación cultural, no es que esos temas sean irrelevantes. Es que la mezcla produce cortocircuitos comunicativos que la derecha sabe explotar con maestría.
El caso chileno es el más doloroso de los espejos recientes. El proceso constituyente más ambicioso y participativo de América Latina en décadas terminó rechazado en las urnas porque amplios sectores de la ciudadanía percibieron que sus urgencias, seguridad, empleo, costo de vida, no encontraban un reflejo claro en el texto propuesto. La porno-política operó allí de manera fulminante: los memes, los clips de activistas radicales y las frases fuera de contexto circularon más rápido que el contenido real de la propuesta. El miedo se impuso sobre la esperanza, no porque el miedo tuviera más razón, sino porque tenía mejores herramientas mediáticas.
Colombia mira ese espejo y debería temblar un poco, La pérdida de confianza institucional es hoy uno de los fenómenos más documentados en las democracias de todo el mundo. Los ciudadanos no creen en los partidos. No creen en el Congreso. No creen en los medios tradicionales. Esa desconfianza no nació de la nada: tiene causas históricas reales, desde la corrupción hasta la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos. Pero en el vacío que deja esa desconfianza, prospera la política del impacto emocional, que no necesita credibilidad institucional porque funciona directamente sobre los miedos y los deseos de las personas.
Una asamblea constituyente convocada en ese contexto no sería simplemente un proceso jurídico. Sería un campo de batalla donde los actores con mayor capacidad de generar narrativas emocionales tendrían ventaja sobre quienes tienen argumentos más complejos, pero menos virales. Y eso aplica por igual para todos los sectores: la derecha que agita el fantasma del castrochavismo y la izquierda que promete la refundación sin explicar los riesgos.
Lo que Colombia necesita antes de preguntarse si quiere una nueva constitución es preguntarse cómo quiere tener esa conversación. Porque mientras la política nacional siga siendo consumida principalmente como espectáculo en clips de 30 segundos, en portadas de escándalo, en memes de trinchera, la profundidad que exige un pacto fundacional quedará aplastada bajo el ruido. No es que las instituciones no deban transformarse. Es que transformar instituciones en medio de una guerra de percepciones sin árbitros confiables ni espacios de deliberación real puede producir lo contrario de lo que se busca.
La Constitución de 1991 fue posible, entre otras cosas, porque existía un consenso mínimo sobre el diagnóstico del problema: el viejo régimen político había colapsado y había que construir algo nuevo. Ese consenso hoy no existe. Lo que existe es una disputa abierta sobre quién tiene derecho a narrar el país.
Y mientras esa disputa se dirima en el algoritmo, en el insulto y en la emoción acelerada, la pregunta sobre qué Colombia queremos construir seguirá sin respuesta.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
