Cada elección revela la trampa moral de convertir la fe en virtud política. En Colombia nadie debe renunciar a creer, pero usar a Dios como consigna electoral degrada la democracia y profana lo sagrado. Creer es un derecho; manipular la fe, una doble corrupción.
Por: Andrés Julián Herrera Porras/ En Colombia, decir “soy creyente” no debería escandalizar a nadie. Tampoco debería conferir ventajas electorales. Sin embargo, en cada ciclo electoral reaparece el mismo vicio disfrazado de virtud: convertir la fe en credencial política y la religión en atajo para conseguir votos. Conviene decirlo sin rodeos, aunque incomode: el problema no es creer; el problema es pretender usar a Dios como jefe de campaña.
Colombia es un Estado laico. No ateo. No antirreligioso. La laicidad no expulsa la fe del espacio público ni obliga a los creyentes a esconder sus convicciones en la intimidad de sus casas. Lo que hace —o debería hacer— es impedir que una creencia particular se transforme en criterio de poder, en argumento de autoridad política o en mecanismo de exclusión democrática. En una democracia plural, creer es un derecho fundamental; gobernar en nombre de una fe es una amenaza estructural.
La Corte Constitucional lo dejó claro desde temprano. En la sentencia C-350 de 1994, al examinar la relación entre el Estado y las confesiones religiosas, sostuvo que la laicidad implica neutralidad y no hostilidad: respeto por todas las creencias, pero privilegio por ninguna. El Estado no puede identificarse con una religión sin romper la igualdad entre ciudadanos. Dicho de forma sencilla: la fe no otorga títulos políticos especiales.
Reconocer esto no significa negar el peso cultural, simbólico y espiritual de la religión en la vida de millones de colombianos. Sería ingenuo —y elitista— desconocerlo. Pero reconocerlo tampoco autoriza a sacralizar la política. Cuando esa frontera se borra, la democracia se empobrece y la religión se degrada. Ambas pagan el precio.
En tiempos electorales, la fe se convierte en un lenguaje cómodo y peligrosamente eficaz. Promete certezas en medio del miedo, orden en medio del caos y salvación en medio de la incertidumbre. Es una gramática emocional poderosa, capaz de movilizar adhesiones rápidas sin pasar por el incómodo filtro de los programas, los datos o la coherencia. Algunos candidatos descubren entonces que decir “yo creo” produce más votos que explicar cómo piensan gobernar.
Así, la política se desliza hacia el púlpito. El debate público se moraliza de forma superficial. El elector deja de ser ciudadano para convertirse en feligrés. Ya no se vota por propuestas, sino por afinidades religiosas; no por trayectorias verificables, sino por gestos devocionales, a veces contradictorios entre ellos; no por proyectos de país, sino por frases que suenan a sermón y que, precisamente por eso, no admiten discusión.
Cuando alguien vota “porque es creyente” y no porque es competente, honesto o tiene un plan serio de gobierno, la democracia se vacía de contenido. No porque la fe sea indigna, sino porque se la usa como sustituto del juicio crítico. La creencia, que debería interpelar éticamente al poder, termina legitimándolo sin examen. Y eso contradice el núcleo moral de casi todas las tradiciones religiosas.
Aquí resulta especialmente pertinente el diálogo entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger, publicado en 2005 bajo el título “entre razón y religión Dialéctica de la secularización”. Habermas, lejos de un secularismo militante, reconoce que las religiones pueden aportar intuiciones morales valiosas al espacio público. Pero pone una condición decisiva: esas intuiciones deben traducirse a un lenguaje accesible para todos los ciudadanos. El Estado democrático no puede exigir adhesión religiosa para obedecer la ley ni justificar el poder con argumentos que solo entienden los creyentes.
Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, coincide, desde otro lugar, en una advertencia aún más severa: la fe que se impone por medio del poder político se niega a sí misma. La religión, sostiene, solo puede proponerse desde la libertad; cuando se convierte en instrumento de dominación o manipulación electoral, deja de ser fe y se transforma en ideología. Y eso, desde dentro de la tradición creyente, no es virtud: es corrupción espiritual.
Por eso hay que decirlo con la crudeza que el momento exige: instrumentalizar la fe para ganar votos no es solo un problema político; es una falta ética grave y, para quienes creen, una auténtica blasfemia. Usar el nombre de Dios para conquistar cargos públicos no es testimonio religioso; es profanación. Convertir lo sagrado en eslogan de campaña vacía a la religión de su densidad moral y la reduce a mercancía electoral.
La Corte Constitucional volvió sobre este punto en la sentencia C-152 de 2003, al advertir que la libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para afectar otros principios constitucionales, entre ellos la igualdad, el pluralismo y la democracia. La fe es protegida como derecho fundamental, no como herramienta de poder. Cuando se la instrumentaliza, deja de ser ejercicio de libertad y se convierte en mecanismo de dominación simbólica.
Las religiones —al menos en su mejor versión— no existen para ganar elecciones ni para producir mayorías parlamentarias. Existen para formar conciencias, no para fabricar obediencias; para incomodar injusticias, no para blindar gobiernos; para recordar límites morales, no para legitimar cualquier ejercicio del poder. Cuando la fe se alía acríticamente con la política, pierde su voz profética y se convierte en propaganda.
Pero sería cómodo culpar solo a los candidatos. Hay también una responsabilidad profunda del votante creyente. En una democracia adulta, creer no exonera de pensar. La fe no puede ser excusa para renunciar a la razón política. Preguntar por propuestas, trayectorias, capacidades y límites no es falta de espiritualidad; es una forma de respeto por la dignidad del acto de votar.
Habermas lo expresa con claridad: una democracia vive de ciudadanos capaces de justificar racionalmente sus decisiones en el espacio público. Cuando el voto se justifica únicamente por una identidad religiosa compartida, el diálogo democrático se rompe. La política deja de ser deliberación y se convierte en adhesión tribal. Y allí la democracia se vacía por dentro.
Defender la laicidad del Estado no es atacar la religión; es protegerla. La historia —y América Latina lo sabe bien— demuestra que cuando la fe se confunde con el poder político, ambos pierden: el Estado se vuelve excluyente y la religión se vuelve autoritaria, irrelevante o cómplice. La laicidad es, paradójicamente, la mejor garantía para que todas las creencias —y también la no creencia— puedan coexistir sin imponerse unas a otras.
En una democracia plural como la colombiana, el creyente tiene todo el derecho a participar en política, a opinar, a votar y a ser elegido. Lo que no tiene nadie —creyente o no— es el derecho a manipular la fe ajena para obtener ventajas electorales. Eso no es evangelizar; es instrumentalizar. No es testimonio; es oportunismo. No es religión; es marketing político con lenguaje sagrado.
Y quizá haya que decirlo aún más fuerte, aunque incomode: votar no es un acto litúrgico. Elegir gobernantes no es un ritual de fe ni una prueba de ortodoxia religiosa. Es una decisión cívica con consecuencias reales sobre la vida, la dignidad y los derechos de millones de personas. Confundir ambos planos no eleva la política; la empobrece. Y tampoco ennoblece la fe; la trivializa.
Creer es legítimo. Pensar es obligatorio. Gobernar exige argumentos, no dogmas; programas, no versículos; responsabilidad, no consignas religiosas. Usar a Dios como aval electoral no fortalece la democracia ni honra la fe. La degrada a ambas. Y frente a eso, creyentes y no creyentes deberían coincidir en una convicción mínima pero urgente: en una democracia, el poder se elige con razones compartibles, no con credos instrumentalizados. Porque cuando se trae un dios a la política como propaganda, casi siempre pierde la democracia… y casi siempre también pierde la fe.
Apuntaciones:
- En un mundo donde la tecnología y la ciencia han llegado incluso a pensar en viajes tripulados a Marte; en Córdoba, La guajira y otros lugares aún no somos capaces de prever los desastres producidos por la catástrofe ambiental que vivimos.
- La semana pasada un imprudente de 20 años acabo con la vida de una mujer de 58 en Bogotá. ¿Será que podremos empezar a pensar en que la vía no es solo para quien va al volante?
- Sigo bloqueado en x, por siempre Twitter, por el señor Andrés Pastrana Arango. Me bloqueo hace años cuando le pregunté por este medio sobre sus relaciones con Epstein, ahora aparece un «nuevo hallazgo» y esta mencionado más de 30 veces en los archivos. ¿será que por fin responde ante tan claras evidencias?
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*Abogado. Lic. Filosofía y Letras. Estudiante de Teología. Profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Miembro activo del grupo de investigación Raimundo de Peñafort. Afiliado de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino.
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