Por. Renato Baldovino Guevara/ El propósito de este artículo es plantear una solución viable para reducir el área de cultivos ilícitos en Colombia. Comienzo por aclarar que este fenómeno es un tema extenso y complejo, del cual existen diversas investigaciones académicas y periodísticas sobre sus causas y sus nefastos efectos en la sociedad de nuestro país.
Colombia posee unas condiciones favorables para el cultivo de diversas especies de plantas tropicales, entre estas la coca, marihuana y amapola; las cuales han sido utilizadas desde tiempo atrás con fines medicinales. Pero con el paso del tiempo las fueron transformado en sustancias psicoactivas que se utilizan como un estimulantes y son prohibidas por sus efectos nocivos para la salud.
Según el más reciente informe sobre territorios afectados con presencia de sembradíos de hoja de coca, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito – Unodc, Colombia registra 154 mil hectáreas en 2019. Aunque hubo una reducción de 9% en comparación con 2018, es una cifra preocupante por los altos índices de violencia en las zonas más afectadas. (Ver informe)
Entonces surge la pregunta: ¿Cuáles son las causas de este cultivo? Fundamentalmente son dos, la primera es que son sembrados por voluntad propia por ser más rentables que los cultivos lícitos y la segunda es que los campesinos son coaccionados por los grupos armados que operan en todo el territorio nacional.
La respuesta del Estado para combatir este fenómeno han sido la erradicación forzada y la erradicación voluntaria. La erradicación forzada la ejecutan grupos especializados de las fuerzas militares y la erradicación voluntaria es actualmente dirigida por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS, como parte del acuerdo de paz firmado en 2016.
El PNIS contempla una asistencia económica para las familias vinculadas, correspondiente al pago de un millón de pesos mensuales durante 12 meses, tiempo en el cual los beneficiaros se comprometen con arrancar las plantas de hoja de coca; luego de este tiempo, el programa desembolsaba recursos para que las familias adelanten un proyecto de seguridad alimentaria que además cuenta con asistencia técnica y acompañamiento por dos años para luego ayudar a estos campesinos con proyectos productivos que les permitan sustituir la economía cocalera por una economía lícita.
Sin embargo, el informe de monitoreo de la Unodc en 2020, muestra que El PNIS solo llega a 55 municipios de 14 departamentos, lo que representa solo el 65% del área total de cultivos ilícitos en el país. En cuanto al cumplimiento de sus componentes, resalta que el 60% de los beneficiarios cuenta con asistencia técnica, también que “a 31 de marzo del 2020 se ha avanzado en el proceso de adquisición y entrega de materiales e insumos para beneficiar a 59.940 familias, en el componente de auto sostenimiento y seguridad alimentaria”. Los proyectos productivos de ciclo corto y largo, solo han beneficiado a 251 familias de las 99.000 inscritas.
Es evidente que la lenta ejecución de este programa podría estar generando una sensación de desconfianza en las comunidades beneficiarias, lo que conlleva a un posible abandono del mismo, y el traslado de esos cultivos a otras áreas. O en el peor de los casos que esta situación esté siendo aprovechada por los grupos armados para coaccionar a la población a establecer o trasladar de zonas este tipo de cultivos.
De acuerdo a lo anterior; considero que para lograr una mayor eficacia en el PNIS, es que este sea dirigido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, por varias razones; la primera que esta entidad por ser la encargada de la formulación y ejecución de las políticas dirigidas al sector agropecuario en Colombia, tiene una organización administrativa y el personal idóneo para ejecutar los componentes de este programa.
La segunda es que el MADR tiene la capacidad de articular con las secretarías de agricultura departamentales y municipales, para que los tecnólogos, técnicos y profesionales adscritos a estas dependencias, se desplieguen por las veredas y corregimientos de sus municipios con el fin de socializar el programa a la población objetivo y así estructurar colectivamente los proyectos en las áreas donde existen y han existido los cultivos ilícitos.
La tercera razón es que las entidades adscritas a este ministerio como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Agrosavia e ICA, tienen la capacidad logística para apoyar la implementación de las estrategias planteadas en el PNIS.
La ultima razón es que el MADR establece constantemente convenios interadministrativos con organizaciones internacionales como el Iica, FAO, Usaid, Ciat, entre otras, para el desarrollo de proyectos productivos agropecuarios, incluyendo algunos programas para la sustitución de cultivos ilícitos que han sido ejecutado en años anteriores.
De esta forma, con la dirección del MADR no solo se garantizaría la cobertura del PNIS en todo el territorio nacional, sino que además se podría fortalecer la capacidad presupuestal del programa con el apoyo de entidades tanto públicas como privadas, independientemente que los recursos provengan de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Dada las condiciones geográficas, culturales y económicas de nuestro país (incluyendo la demanda), lo más probable es que siempre existan áreas dedicadas a los cultivos ilícitos, el reto está en la presencia de las entidades del Estado mediante el despliegue de funcionarios y profesionales con una oferta institucional, basada en la concertación de proyectos alternativos sostenibles y soluciones a las necesidades básicas de la población rural, priorizando la construcción y adecuación de las vías de acceso en todo el territorio nacional.
En conclusión, el PNIS debe pasar a ser el eje de una política de desarrollo rural y no una política antidroga, pero también es pertinente iniciar un estudio para regular la comercialización de la hoja de coca con fines medicinales terapéuticos e industriales por parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
*Ingeniero Agrónomo y Magister en Desarrollo Rural
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