Caso 7: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. 18.677 víctimas en todo el país.
Por: Esperanza Valbuena López/ Durante veinte años, en promedio 934 niños anualmente fueron reclutados, 18 niños semanalmente, 2,5 niños diarios incorporados formal o forzadamente a grupos armados, utilizados en actividades del conflicto.
Según comunicados la JEP, ha acreditado 9.854 víctimas, 951 víctimas individuales, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas y al menos 227 niños reclutados se encuentran desaparecidos.
Realizar actividades como informantes, transporte de armas, explosivos, hacer labores domésticas, explotación sexual y a participar directamente en combates son a las que fueron sometidos los niños y niñas.
Como también las violencias basadas en el prejuicio contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
¿Cuáles serían las consecuencias de los crímenes cometidos por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes? Devolvámonos en el tiempo …
Si los niños regresaran a sus hogares, el conflicto psicológico, traumas por la violencia vivida, dificultades para reintegrar a la vida social, problemas de conducta escolar son algunos de los desafíos a los que deberían enfrentar.
¿Pero, sus familias? Durante 20 años, aproximadamente cada año 1.000 familias se enfrentaron a esta lamentable situación. Imaginemos los siguientes escenarios:
El conflicto emocional, llámese culpa, angustia por la vida del hijo, por la exposición al abuso sexual, actividades ilícitas que debería estar ejecutando, represalias, amenazas, ansiedad, ruptura familiar, inestabilidad económica y miedo.
El miedo que invade, paraliza el actuar, el miedo a denunciar bajo amenazas, la desconfianza en las instituciones del Estado, el sobrellevar la estigmatización social y la auto recriminación.
Como familia cada decisión es trascendental, el saber que cada acción realizada pueda lastimar a su hijo o hija donde quiera que este, por represalias o amenazas.
La paz al interior de la familia se nubla, se incrementa la desconfianza, la zozobra invade al núcleo de la sociedad, se incrementan los conflictos al interior de la familia.
La economía familiar colapsa, la inestabilidad emocional desestimula el apoyo y trabajo en equipo de sostenibilidad económica familiar, aumentan los gastos en la búsqueda del niño y se disminuyen los ingresos.
Es ahí cuando aparece un nuevo actor…
La JEP Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el gobierno de Juan Manuel Santos, a partir del Acuerdo de Paz en el año 2016, es un tribunal que investiga y juzga crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
La JEP busca la verdad, justicia, reparación y no repetición de crímenes como homicidios, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual.
En el año 2021, se da apertura formal al Caso 7: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. Para el año 2022, la JEP presenta las primeras cifras oficiales:
450.664 personas perdieron la vida, el 45% de esas víctimas se dio durante los años 1995 – 2004, los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Cesar, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Entre los años 1996 y 2016 al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por las antiguas FARC-EP, revictimizándolos con prácticas de violencia sexual, abortos forzados y castigos.
El pasado 2 de marzo, hace algunos días se dio a conocer que los excabecillas Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra reconocieron su responsabilidad en el reclutamiento de niños.
Siendo el 27 de enero de 2026, cuando se ofició ante la JEP el documento cuyos remitentes son los excabecillas de las FARC-EP, donde se admite el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes.
Los firmantes manifiestan su disposición para responder ante la JEP, ante los representantes de las víctimas, ante la sociedad acerca de los hechos reconocidos.
De igual manera manifiestan su voluntad de responder sobre patrones de violencia sexual y de género, para clarificar jurídicamente sus implicaciones, sin que ello implique que se reconozca la admisión de los hechos.
Así mismo, pidieron perdón por la utilización de los menores, expresando que, si bien esas situaciones no se pueden reparar, con el hecho de aportar a la verdad integral, esperan que no se repita la historia.
Para la reflexión querido lector:
10 años de reconstrucción de delitos ocurridos en medio del conflicto armado, contra niños, niñas y adolescentes, que hoy revictimizados claman por una justicia parcial.
Donde se juzgue con base en la ley y las pruebas, con igualdad de trato para las partes.
10 años en los que, no se evidencia el impacto social, económico, político de la aplicación de los acuerdos del proceso de paz.
A cambio se recrudece el conflicto, a pesar de los esfuerzos que ha tenido que poner la sociedad civil.
¿Valió la pena, el esfuerzo económico, social, psicológico, político que ha realizado la sociedad civil y las instituciones para ver los resultados nulos en la implementación del proceso de paz?
Desde cada uno de nuestros entornos más cercanos, ¿Cómo podríamos aportar a la historia del país, a la no repetición de los hechos?
¿Cómo protegeríamos a los nuestros?
Aún todo no está contado…
La invitación para cada lector es a participar directa o indirectamente en la construcción del país que queremos. Colombia te necesita.
…
*Licenciada en Matemáticas, Especialista en Educación Matemática Especialista en Orientación Vocacional y Profesional, Especialista en Pedagogía para el Desarrollo de la Inteligencia, Magister en Finanzas, Líder Política Departamental y Nacional.
X: @EsperanzaValb12
