Por: Leonardo Granados/ ¡Alerta barranqueños! Hoy, a espaldas de todo el pueblo barranqueño, la administración actual del alcalde local del Distrito de Barrancabermeja, en conjunto con la gran mayoría de los concejales de la ciudad, se amangualaron para tomar decisiones en contra de los ciudadanos, al ratificar de nuevo, de forma indebida e injusta el cobro del 10% abusivo del alumbrado público, cuando bien se conoce que ante los estrados judiciales hay denuncia por estos hechos punibles y hay un fallo que ratifica que ese cobro es ilegal, lo que permite ilustrar que al final del 2020.
Se repite la historia de hace 21 años, en donde al exalcalde Elkin Bueno y los concejales de la época, se confabularon para privatizar el alumbrado público y crearon el gran negocio de iluminación Yariguíes con el cual se han estado enriqueciendo él, Héctor Valencia, sus amigos de Bucaramanga, a consta del pueblo barranqueño.
Por lo anterior, es importante que todos los barranqueños puedan ver y ratificar de esta manera que Eljach Manrique y Bueno Altahona, son de tal palo, tal astilla.
Todo lo anterior -a la fecha- demuestra que nosotros los ciudadanos que hemos estado pagando el cobro indebido del alumbrado público por más de 20 años, ante lo que hoy nos impuso de forma ilegal el alcalde actual, tal hecho punible nos obliga más que antes a unirnos y hacer realidad en el 2021, la consulta popular para invalidar el nuevo atropello que estableció a las malas el actual alcalde de Barrancabermeja, por las siguientes 7 razones:
1- Existe un fallo judicial que tumba el actual contrato de alumbrado público y lo tienen encubierto, para que la opinión pública no lo conozca.
2- Este hecho jurídico encubierto, es similar al informe de la auditoria de la Contraloría del año 2005 y que el suscrito ya ha dado a conocer los actos de corrupción que se han denunciado en estos espacios de opinión publica en relación al gran negocio privado de Elkin Bueno y Héctor Valencia: Iluminación Yariguíes.
3- Los hechos punibles que se han generado en iluminación Yariguíes, y que hoy han sido “destapados” por la Contraloría en su momento, hacen parte en derecho, como pruebas y soporte actual de la denuncia instaurada en la Fiscalía General de la Nación. este año sobre este tema.
4- Es bien importante tener en cuenta que el 24 de diciembre del presente año, a espaldas del pueblo barranqueño, al Alcalde local se le hizo fácil querer meternos nuevamente un orangután en componendas con la gran mayoría del Concejo municipal, pues incluyó en el Código de Rentas Distrital, en su artículo 267 del Acuerdo, a fin de favorecer y respaldar el negocio privado de su primo Elkin Bueno y Héctor Valencia, al persistir, en que se siga afectando la canasta familiar, volviendo a ratificar el impuesto ilegal e injusto (nuevamente el 10% del impuesto de alumbrado público sobre el costo del consumo de energía de cada hogar y empresa barranqueña y no sobre el consumo del sistema de alumbrado público).
5- No hay que olvidar que la auditoria de la Contraloría del 2005, dejó claro -como primer hallazgo- que es un abuso y no tiene soporte técnico la tarifa del 10%, imponiendo el concejo y la alcaldía una carga tributaria sobre el consumo de la energía de nuestros hogares y empresas y no conforme el consumo de energía del sistema de alumbrado público -que no es legal- y que hoy con la modernización de las luminarias a LED se redujo el consumo en un 70% del alumbrado público. De modo que lo justo es bajar la tarifa.
6- Y como sorpresa, como la cereza que le falta al pastel, los concejales, sin mesura, con indiferencia y con actitud complaciente en este hecho punible, se unen a que este daño irreversible, se legalice y termine afectando para mal la canasta familiar de forma negativa en medio de una crisis económica, de ilegalidad y de impunidad en Barrancabermeja, con el silencio y la anuencia de ellos y en especial de quien habiendo sido aspirante a la alcaldía, conocedor de esta problemática y hoy concejal, el señor Jonathan Vásquez pretende pasar a la historia con su silencio cómplice.
7- Todo este mal actuar por parte de la clase politiquera y de la empresa Iluminación Yariguíes en contra de los barranqueños, ha sido reiteradamente descrito en estas columnas de opinión como denuncia pública, a efectos de un llamado a la coherencia en defensa de lo público al alcalde local y sorprende que finalizando el 2020, al mismo burgomaestre se le haga fácil, entre cinismo e indiferencia, ratificar y validar ante su pueblo que lo eligió, tal daño, cohonestar, e imponer el cobro de un impuesto que no tiene fundamento técnico y legal.
No debemos olvidar que durante los últimos 20 años con la firma del contrato 0424 de 1999, los barranqueños fuimos sometidos por la clase política en cabeza de Elkin Bueno Altahona al pago del impuesto de alumbrado público del 10% del consumo de energía de nuestros hogares, es decir, por realizar nuestras actividades diarias como planchar la ropa, licuar un jugo, prender el aire acondicionado y no como legalmente debe ser, de acuerdo al consumo de las luminarias públicas que consumen 6.000 pesos al mes, lo que se conoce como sistema de alumbrado público.
Así mismo, en los últimos ocho meses, hemos sido muy enfáticos en derecho, en persistir y mantener el no pago del cobro de alumbrado público, que iluminación Yariguíes pretende seguir cobrándonos, con fundamento en la auditoria de la Contraloría que determinó hallazgos graves de corrupción, esta situación la población para bien la ha entendido que una de las formas pacificas para exigir una tarifa justa es no pagar el impuesto que se ha convertido en el negocio perverso de enriquecer a tres familias de Bucaramanga, presuntamente testaferros de Elkin Bueno.
Como complemento a este escenario de corrupción que es inadmisible en nuestra querida Barrancabermeja, para nadie puede pasar inadvertido este hecho, un actuar punible que viene extendiendo sus ramificaciones de corrupción en los últimos 30 años la clase politiquería ‘elkinista’, haciéndosele fácil en implementar los sobrecostos en todos los insumos por el 61,3%, habiéndose comprado los mismos elementos tres años antes respecto al municipio de Floridablanca, lo digo con claridad, estos hechos son conocidos por el actual burgomaestre, lo que lo convierte en un cómplice en perpetuar, un impuesto que lucra a particulares que financian campañas políticas para mantener el negocio que se reparte entre quienes ejercen el poder en el tiempo.
Aun así, con todo esto, para finalizar, debo significar que existe una esperanza importante para contrarrestar este mal y es el hecho que ya radiqué formalmente la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por este robo y en definitiva los autores de estos hechos punibles tienen que enfrentar y responder ante la justicia colombiana, como son Héctor Tiberio Valencia, Leonardo Plata Orostegui, Alfredo Espinosa, al exalcalde Elkin David Bueno Altahona, al Interventor Pablo Inar Ortega y los secretarios de infraestructura.
No está de más el poder asegurar incluso que el actual alcalde por su incoherencia en respaldar este tipo de hechos punibles, termine siendo llamado a rendir cuentas y responder ante la justicia colombiana.
En últimas, la historia nos permite identificar los modelos de conducta repudiable y de corrupción de la clase politiquera, en especial la ‘elkinista’ ha venido promulgando y preservando sin moral alguna en Barrancabermeja y como en el año 2015, Elkin Bueno en época decembrina convocó al Concejo para prorrogar el impuesto por 10 años más, así mismo el Eljach Manrique lo hizo el pasado 24 de diciembre de 2020, para ratificarlo en el Código de Rentas, por ese motivo afirmo que son del tal palo, tal astilla.
Razón que nos obliga a todos los ciudadanos exigirle al alcalde un debate público y que le explique a la ciudad porque se prestó ilegalmente para imponer este impuesto en el código de rentas.
Concluyo con la célebre frase de Edward Griffin: “El oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante del patriotismo”.
*Abogado
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
