La Defensoría del Pueblo, como institución del estado colombiano responsable de proteger y defender los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional, y en aras de salvaguardar el derecho a una vivienda digna y adecuada, ha evidenciado gran preocupación por el déficit y desplome en la venta de vivienda.
Según cifras de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), que inquietan a la Defensoría, el 2023 cerró con una caída del 44,9% en las ventas de vivienda de interés social. Así mismo, se vendieron 106.554 viviendas VIS y no VIS, menos que en 2022.
En consecuencia, un total de 38.000 hogares desistieron de la compra de su vivienda durante 2023, es decir, el incremento fue de un 62,9 % frente a 2022. “El 78,1 % de las unidades desistidas fue VIS, incrementando el volumen de renuncias en un 91,5 %”.
“Desde la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC-, advertimos que si bien son muchos las causas por las cuales una familia puede renunciar a un negocio de compra de vivienda, se verificó con el gremio de la construcción, que el 31 % de los desistimientos del segmento VIS se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mientras que otros factores como dificultades en el crédito (25 %), también pesaron”, reveló la Defensoría del Pueblo.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo exhortó a los Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio y de Hacienda y Crédito Público para que, de manera ágil y oportuna, asignen 25.000 subsidios adicionales para dar mayor cobertura al déficit que presenta este sector primordial para el desarrollo económico, financiero y social del país.
