El alto precio de los alimentos esconde una cadena desigual donde el campesino asume el riesgo y recibe la menor ganancia.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ Hablar del alto costo de los alimentos se volvió una conversación cotidiana en las ciudades. Cada visita al mercado genera molestia, comparaciones y resignación. Se buscan culpables en la inflación, el clima o el transporte, pero rara vez la discusión comienza donde realmente nace el problema: en el campo, antes del amanecer, cuando el alimento aún no tiene precio.
A las cuatro de la mañana el campesino ya está despierto. No por tradición ni romanticismo rural, sino porque el sistema así lo exige. La cosecha no puede esperar. La papa, el maíz, la yuca o el plátano tienen ventanas cortas de comercialización. Según datos del DANE y la FAO, en Colombia entre el 25% y el 30% de los alimentos frescos se pierde antes de llegar al consumidor final, principalmente por deficiencias en almacenamiento, refrigeración y transporte.
Esa amenaza constante de pérdida empuja al productor a vender rápido. Y vender rápido, en el campo, casi siempre significa vender barato. El intermediario llega temprano, observa la carga, revisa superficialmente y fija el precio en minutos. No pregunta cuánto costó producir ni cuántos meses tomó la cosecha. Decide y se va. No hay negociación real. El campesino acepta o pierde todo. Así funciona una cadena donde la urgencia reemplaza al diálogo y el poder nunca está del lado de quien produce. De acuerdo con análisis del DANE sobre comercialización agrícola, en muchos productos básicos el productor recibe menos del 30% del precio final que paga el consumidor. El resto se distribuye entre intermediación, transporte, bodegaje y reventa.
Semillas, fertilizantes, jornales, insumos, créditos y transporte salen del bolsillo del campesino. En promedio, los costos de producción representan entre el 70% y el 80% de lo que recibe por su cosecha, dejando márgenes mínimos y una alta dependencia del endeudamiento. El productor asume el riesgo climático, financiero y sanitario. El intermediario se lleva el producto completo. Horas después, ese mismo alimento llega a la plaza mayorista. El precio ya se ha duplicado sin que el producto haya sufrido transformación alguna. Más tarde llega a la tienda de barrio o al supermercado, donde vuelve a subir. El consumidor paga caro y suele creer que el problema está en el campo. Las cifras demuestran lo contrario: es allí donde menos se gana.
El propio Ministerio de Agricultura ha reconocido que la falta de infraestructura es una de las causas centrales del problema. Más del 60 % de las vías terciarias del país se encuentran en estado regular o malo, lo que incrementa costos, deteriora el producto y limita la posibilidad de buscar mejores mercados. Sin centros de acopio suficientes, el campesino no puede almacenar su producción para esperar mejores precios. Vende cuando puede, no cuando le conviene. A esta realidad se suma la estructura del mercado. El Censo Nacional Agropecuario del DANE indica que más del 70 % de los productores rurales en Colombia son pequeños productores, con menos de cinco hectáreas y muy baja capacidad de negociación individual. La FAO advierte que cuando estos productores no están organizados, el mercado se concentra y el poder se desplaza hacia intermediarios y grandes compradores.
El campesino no fija precios: los recibe. No controla el mercado: lo soporta. Mientras tanto, en las ciudades se habla del alto costo de la canasta familiar sin cuestionar la estructura que conecta el campo con la mesa.
En el campo se cosecha muchas veces a pérdida. No por falta de conocimiento ni de trabajo, sino por falta de poder. El intermediario no siembra, no espera meses, no enfrenta sequías, heladas ni plagas. No se endeuda durante el ciclo productivo. Sin embargo, decide el precio. Ese desequilibrio sostiene una cadena profundamente injusta. Las consecuencias son visibles. Según cifras del DANE, la pobreza monetaria rural supera el 40%, casi el doble de la urbana. No es una casualidad: es el resultado directo de cómo funciona el sistema. Muchos campesinos reducen áreas de siembra. Otros abandonan la producción. Los jóvenes migran porque no ven futuro en la tierra. El campo envejece mientras la ciudad se queja de los precios.
La pobreza rural no es un accidente ni una fatalidad natural. Es una construcción diaria. Se construye con cada venta forzada, con cada kilo vendido por debajo del costo y con cada política que no llega al territorio. Romper este ciclo no es imposible, pero exige decisiones reales. La asociatividad no puede seguir siendo un discurso vacío. Productores organizados pueden negociar mejores precios, reducir costos y disminuir la dependencia del intermediario. Experiencias documentadas por el Ministerio de Agricultura y la FAO muestran que los mercados campesinos y la venta directa pueden aumentar los ingresos del productor entre un 30% y un 40%, sin elevar el precio al consumidor.
Las compras públicas locales también han demostrado impacto. Cuando escuelas, hospitales y programas sociales compran directamente al productor local, el dinero se queda en el territorio y fortalece la economía rural. Pero nada de esto es viable sin infraestructura. Vías rurales, centros de acopio y transporte digno no son lujos: son condiciones mínimas para un mercado justo. Mientras eso no ocurra, el campesino seguirá vendiendo de madrugada, casi a ciegas, con la urgencia como única compañera. El alimento no nace caro. Se encarece en el camino. Y ese camino debe transformarse si se quiere hablar en serio de seguridad alimentaria, justicia social y desarrollo rural. Porque cada plato que llega a la mesa tiene una historia detrás. Una historia que empieza antes del amanecer y que, demasiadas veces, termina en desigualdad. Reconocer al campesino no es un gesto simbólico ni una consigna política: es una deuda económica, social y moral. La pobreza rural no nace en la tierra; se construye, día tras día, entre el surco y la mesa.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
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