La democracia no se limita al voto ni a las elecciones. Se construye en la forma como se ejerce el poder, se respetan las instituciones y se protege el bienestar común. Este texto invita a reflexionar sobre liderazgo, responsabilidad democrática y reconstrucción del tejido social.
Por. Aidubby Juliana Mateus Espitia/ En una democracia auténtica, el pueblo es el soberano. Así lo establecen las constituciones modernas y, de manera expresa, nuestra Constitución Política de la República de Colombia de 1991: una Carta pluralista y diversa, que reconoce a todos los actores de la sociedad y que, por tanto, debería reflejarse en cada decisión pública. En ese marco, presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas y demás representantes no son dueños del poder; como bien diría don Abelardo Calvo, un gran amigo del vecino pueblo de Chitaraque, son apenas sus administradores.
Su legitimidad nace del voto ciudadano y su deber principal consiste en proteger los intereses colectivos, garantizar derechos, promover la equidad y fortalecer la convivencia social. Gobernar no es mandar; gobernar es servir. Es construir juntos, es inspirar con el ejemplo, como lo haría una buena madre o un buen padre de familia.
La experiencia de Venezuela es un ejemplo claro de cómo una democracia puede degenerar cuando el poder se concentra y se ejerce sin controles. Allí, el gobierno de Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999 por vía democrática, fue transformando progresivamente el sistema institucional debilitando la independencia de los poderes públicos, deslegitimando a los órganos de control, reduciendo el pluralismo político y convirtiendo la participación ciudadana en un acto más simbólico que efectivo. El resultado no fue solo una crisis política, sino una profunda fractura social, económica y humana.
Este ejemplo nos recuerda que la democracia no muere de un día para otro. Se erosiona lentamente cuando el Ejecutivo sea presidente, gobernador o alcalde sustituye la deliberación por la imposición, la institucionalidad por el personalismo y el debate por la descalificación. De esta manera, la demagogia, entendida como el uso del discurso emocional para concentrar poder, suele ser la antesala del autoritarismo. Y cuando la crítica se presenta como enemiga y no como un pilar democrático, el camino hacia la tiranía se acorta peligrosamente.
Así las cosas, el riesgo no se limita al Ejecutivo. Los órganos legislativos, encargados de representar la diversidad social y construir las normas que rigen la vida colectiva, también pueden contribuir al deterioro democrático cuando legislan de espaldas a la ciudadanía o priorizan intereses particulares. De este modo, el Congreso, en cualquier democracia, debe ser un espacio de pluralidad, diálogo y construcción colectiva, no un escenario capturado por cálculos electorales o agendas desconectadas del bien común. Por ello, de cara a los comicios electorales de marzo de 2025, es indispensable revisar con responsabilidad la trayectoria, las propuestas y la intención real de quienes aspiran a representarnos, pues lo que está en juego es el rumbo del país.
En ese orden de ideas, la democracia exige algo más profundo que la mera existencia de elecciones, requiere de prácticas responsables del poder y un compromiso genuino con la sociedad en su conjunto. Un país no se construye enfrentando sectores ni promoviendo divisiones basadas en el odio o la rabia. Se construye desde la empatía, la confianza y el reconocimiento del otro. Los momentos más valiosos de nuestras vidas no suelen estar marcados por el miedo, sino por la capacidad de salir adelante desde el cuidado mutuo, incluso después de la adversidad.
La persona de a pie, el campesino, la mujer cuidadora, el joven sin oportunidades, el trabajador informal y el empresario hacen parte de un mismo tejido social. Ninguno es prescindible. Todos dependemos de instituciones sólidas, reglas claras y confianza mutua.
Por eso, la reconstrucción del tejido social es una tarea urgente. Un tejido social fuerte se sostiene sobre la certeza de que el Estado existe para servir a la sociedad y no para servirse de ella. Cuando el poder se ejerce con responsabilidad, se crean condiciones para cerrar brechas y generar oportunidades. Cuando se ejerce con soberbia o afán de perpetuación, el daño trasciende generaciones.
La independencia de los poderes públicos es, en este contexto, una garantía fundamental. La separación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no es un tecnicismo jurídico, sino un mecanismo de protección ciudadana frente a los liderazgos mesiánicos que, en nombre del pueblo, terminan anulando su voz.
En este contexto, el voto adquiere una dimensión ética. Votar no es un acto emocional ni un simple trámite; es una decisión que impacta el rumbo colectivo. La democracia se fortalece cuando elegimos liderazgos responsables y se debilita cuando normalizamos el abuso del poder.
Por ello, la democracia se cuida todos los días. Y como dicen en el pueblo, el que más grita no es el que más sabe ni el que tiene la razón. En democracia, la autoridad no se mide por el volumen de la voz, sino por la capacidad de escuchar, comprender y decidir pensando en el bien común.
…
*Embajadora internacional de mujeres inquebrantables, exalcaldesa Gámbita (Santander), Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras.
X: @AidubbyMateus
Facebook: Aidubby Mateus
