Por: Carolina Rojas Pabón/ La reducción de la desigualdad se ha convertido en la bandera de los últimos gobiernos; luchar por la equidad social y la disminución de la pobreza extrema han sido los principales indicadores para medir con resultados a los gobernantes.
Habitamos un país con un modelo de Estado garantista de derechos fundamentales, pero desigual, donde incluso existen territorios sin cobertura de servicios públicos básicos, no en vano, pertenecemos a la lista de países “en vía de desarrollo”.
Tengamos presente que el principio de igualdad en nuestra normatividad, consiste en: “igualdad entre iguales”; es decir que los ciudadanos identificados con las mismas condiciones económicas y sociales gocen de los mismos derechos, garantías y servicios.
Romper la brecha de la pobreza y pobreza extrema en busca de equidad han dado vida a las políticas sociales que responden en algo a las necesidades de los más vulnerables.
Las políticas sociales fueron diseñadas para llegar a todo el territorio colombiano a través de la herramienta de la focalización o identificación de grupos poblacionales en igualdad de condiciones.
Algunas políticas sociales en nuestro país son: Colombia mayor, familias en acción, jóvenes en acción, mujeres líderes, entre otras, que además se han ampliado en esta época de pandemia.
Sin embargo, aún existen familias e individuos por fuera de estos beneficios, bien sea porque no pasan los filtros para acceder o simplemente porque exceden la capacidad del presupuesto de la Nación.
La mayoría de estas políticas consisten en un traspaso de dinero que oscila entre los $85.000 y $175.000 bimensuales o trimestrales a las personas o familias focalizadas; entonces surge la pregunta ¿en Colombia las políticas sociales apuntan al desarrollo social?
El informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) corte 2019 muestra la radiografía de los países de América Latina con sus índices de pobreza y pobreza extrema en los años 2014 y 2018.
Colombia en 2014 se clasificaba en un lugar crítico con los más altos índices de pobreza entre el 30% y el 35% y de pobreza extrema entre el 10% y el 15%. En 2018 tiene una reducción de la pobreza ubicándose entre el 25% y el 30%, pero se mantiene en el mismo rango del 2014 la pobreza extrema.
En este periodo de tiempo el Estado ha fortalecido su capacidad institucional y su gestión respecto el incremento en inversión social en el presupuesto General de la Nación.
Se creó la entidad de orden nacional denominada Departamento para la Prosperidad Social (DPS), donde se diseñan, comunican y administran la mayoría de políticas sociales en todo el territorio a través de las secretarias de desarrollo social.
Para la vigencia 2020 fueron aprobados en el presupuesto general de la nación $47,5 billones para inversión, de los cuales $11 billones se destinan para el sostenimiento de los programas sociales.
Comparado al año anterior se incrementa en $1,3 billones la inversión social, significa un incremento importante, teniendo en cuenta que somos un país financieramente limitado.
Estos subsidios o ayudas, han impactado de manera positiva a gran parte de la población, de hecho, millones de familias e individuos subsisten solo con ello.
Pero seguimos viendo ciudadanos en condiciones deplorables, con entornos que no permiten su desarrollo y que difícilmente sus futuras generaciones tengan un panorama diferente.
Parece que las políticas sociales son alivios temporales a la pobreza y pobreza extrema, pero son insuficientes para contribuir a un desarrollo social del país con equidad.
Y no se pretende con este análisis cuestionar de manera negativa el Estado, tampoco insinuar si la transferencia en dinero es viable o inviable, como dije antes esto ha generado para muchos un impacto positivo.
Se pretende invitar a una reflexión frente a qué pasa con aquellos que no tienen cobertura en esos programas aun estando en igualdad de condiciones a quienes la reciben, y respecto a los servicios básicos fundamentales de aquellos territorios olvidados.
Sin duda nuestro modelo Estado no permite proveer de ayudas y subsidios sin límites, esa no es la solución. Puede proporcionar condiciones dignas a los ciudadanos garantizando la prestación de los derechos y servicios públicos básicos en todo el territorio. Esto genera desarrollo.
Son billones en inversión social, pero individualizado son sumas que no contribuyen a mejorar la calidad de vida, mucho menos a pensar en el desarrollo de núcleos familiares en pobreza extrema.
Más allá de continuar con una buena política de hambre, es necesario el análisis de las políticas sociales existentes con miras al desarrollo social que permita el acceso y cobertura a los servicios y derechos para todos.
Para una familia que reciba beneficio económico, pero en su entorno no cuente con infraestructura educativa, vías de acceso, prestación digna a los servicios de salud, y tampoco saneamiento básico. Este esfuerzo del Gobierno siempre será insuficiente.
Se requiere desarrollo social en los grupos poblacionales, ajustando políticas sociales que brinden cobertura y calidad de vida. Una transformación a largo plazo, que garantice a las futuras generaciones un país menos desigual.
*Abogada Unab, Especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional U del Rosario. En curso Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Unab.
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